El PP ha dejado muy claro este lunes que votará "no" a los objetivos de déficit en el Senado a menos que el Gobierno varíe su posición y acceda a sus peticiones, algo que por el momento descarta. El partido de Feijóo tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que le permite hacer decaer los objetivos de estabilidad pese a que el Congreso de los Diputados sí los validó, y pese a que son imprescindibles para proceder a la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2024.

Pero si el PP tumba la senda de estabilidad, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que cumplir con unos objetivos de déficit más estrictos, o al menos con eso amenaza el Ministerio de Hacienda. El planteamiento del departamento de María Jesús Montero es el siguiente: si el PP vota en contra a estos objetivos, automáticamente entrarán en vigor los que estaban sobre la mesa antes, los recogidos en el Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en abril, que exigían a las comunidades autónomas apretarse el cinturón mucho más que los que ahora se votan en el Senado.

Dicho de otro modo: Hacienda ha llevado a las dos cámaras unos objetivos de déficit más laxos que los que hasta el momento estaban previstos buscando que así salgan adelante. En números: si el Senado ahora los aprueba, las comunidades autónomas podrán permitirse un déficit del 0,1%, mientras que si los tumba, deberán rehacer sus cuentas para cumplir con la estabilidad presupuestaria (déficit del 0%) que se prometió a Bruselas el año pasado. Del lado de los ayuntamientos, con los objetivos que ahora hay sobre la mesa "solo" tienen que conseguir la estabilidad presupuestaria, pero si estos decaen se les exigiría un superávit del 0,2%, de manera que tendrían menos margen para el gasto.

El planteamiento del Gobierno no contemplaba incrementar el déficit del Estado, sino que ofrecía un mayor desahogo a las regiones y entidades locales a cambio de hacer un mayor esfuerzo desde la Administración central, que pasaría de poder permitirse un déficit del 3% a uno del 2,7% para hacer cuadrar las cuentas. Hay que recordar que durante los últimos años las reglas fiscales europeas han estado suspendidas para permitir un mayor gasto a los Estados miembros, pero este año vuelven a reactivarse, aunque aún deben darles su visto bueno el Parlamento y la Comisión en los trílogos.

Por otro lado, no hay que olvidar que los presupuestos de 2023 ya están prorrogados, tal y como establece la Constitución española para los ejercicios en los que no se han aprobado unos nuevos con fecha del 1 de enero. En este caso, el adelanto de las elecciones generales primero y las complicaciones de la investidura después han retrasado la elaboración de las cuentas públicas. La última vez que la ministra de Hacienda habló al respecto, aseguró que la intención era que los nuevos estuvieran aprobados antes de abril, pero esa fecha ahora parece difícil de alcanzar después de que Junts tumbase la semana pasada la ley de amnistía.

La clave: el informe de la Abogacía del Estado

¿Por qué el PP prefiere votar en contra de unos objetivos de estabilidad que son más relajados que los que hay ahora en vigor? La clave está en el informe de la Abogacía del Estado que recoge que este sería el procedimiento a seguir, según Hacienda, pero que no es público. El PP lo ha solicitado en el Senado en dos ocasiones y al no haberlo recibido lo tachan de "inexistente", de una invención de Montero para que las regiones del PP presionen a la dirección general del partido. Así lo ha manifestado este lunes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, cuando ha criticado la forma de gobernar de Sánchez "bajo mentira y chantaje".

La segunda razón del PP es que no están dispuestos a ceder al chantaje del Gobierno si este no acepta sus exigencias: bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas, adaptar la tarifa del IRPF, bajar el IVA de la luz y del gas y eliminar el impuesto sobre la producción de energía. "Ahí tienen la mano tendida del Partido Popular para mejorar la vida de los españoles, aunque mucho me temo que no lo harán", ha dicho García.

Si finalmente el PP rechaza los objetivos esta semana, el Gobierno tiene un mes para remitir un nuevo acuerdo primero al Congreso y luego al Senado. Es después de esa hipotético segundo rechazo cuando según Hacienda entrarían en vigor los objetivos enviados a Bruselas en abril.