Existen dudas entre algunos de los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las disfunciones que podría causar en los reguladores españoles la fragmentación de este órgano, una vez se constituya la nueva autoridad nacional energética, que nacerá sin ningún informe técnico que la avale.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de febrero el inicio de la tramitación del proyecto de ley que derivará, en los próximos meses, si todo sale según lo previsto, en la resurrección de la Comisión Nacional de la Energía, que asumirá las competencias sobre este sector. Entre otras, las relacionadas con la factura de la luz, el precio de la gasolina o el gas.

Esta iniciativa se recogía en el pacto de Gobierno que alcanzaron antes de la investidura el PSOE y Sumar; e implicará la segregación de las competencias sobre el sector energético de la CNMC. Es decir, de un organismo que ha permanecido unido durante una década.

Fue en 2012 cuando el Gobierno del PP promovió la creación de un súper-organismo que aglutinara a todos los reguladores y al supervisor de la competencia. Para los populares, esto permitió ahorrar recursos en un momento de crisis económica, mientras que para una parte de la oposición parlamentaria fue una estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacerse con el control de estos organismos.

El Ministerio de Economía de Luis de Guindos inició durante la segunda legislatura de Rajoy -tras haberse superado los años más duros de la crisis- un proyecto para dividir el regulador; y su sucesor, Román Escolano, incluso habló en 2018 de su intención de acelerarlo. Lo que ocurre es que la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez paralizó este plan, por deseo de Nadia Calviño, que consideraba que ese proyecto debía estar respaldado por un estudio previo consistente, explican fuentes internas de la CNMC.

Sin un estudio que lo avale

Consejeros y exconsejeros de la CNMC -en conversaciones privadas- señalan que el Ejecutivo ha actuado en el sentido contrario a la hora de planificar la segregación de las competencias de energía de la CNMC y advierten de las anomalías que podría generar el hecho de que su creación venga acompañada de un recorte de los recursos económicos y humanos al súper-regulador.

Dentro de la CNMC, tanto en la actual como en la anterior etapa, suelen confluir dos posturas distintas. A un lado, se encuentran los que consideran que la unión de la rama de Competencia con los reguladores de los diferentes sectores -energía, telecomunicaciones, audiovisual, postal y transporte- permite tomar las decisiones de una forma más eficiente.

En el otro, están los que consideran que la labor de supervisión anti-monopolios -la de Competencia- debe realizarse en un organismo distinto a los de regulación, al igual que sucede en diversos países de la Unión Europea.

Sea como sea, en lo que existe cierto consenso entre las fuentes consultadas es en la anomalía que supondrá el hecho de que se instituya una autoridad energética al margen de la CNMC, pero el resto de los reguladores sigan gestionándose en el mismo lugar, con sede central en el madrileño Palacio Urquijo.

Porque cabe recordar que hasta 2012 existían varios reguladores, y no uno solo, de un sector en concreto, como ocurrirá cuando se cree la Comisión Nacional de la Energía.

Una postura polémica

En este sentido, se preguntan si el Gobierno ha tomado esta decisión de forma meditada o si su modus operandi tiene cierto componente electoralista, ante el efecto que generaron en la opinión pública asuntos como el incremento del precio de la luz o de los combustibles durante 2022. También señalan a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a su marido, Mariano Bacigalupo -consejero de la CNMV, exvocal de la CNMC- como dos de los máximos defensores de este cambio y tutores del proceso de segregación.

El objetivo del Ejecutivo es que este organismo entre en funcionamiento durante el verano. Su Consejo estará compuesto por 7 miembros -todos ellos con rango de alto cargo-, frente a los 10 que se conformarán el de la CNMC una vez se haya renovado el mandato de quienes deben salir y cubierto las vacantes existentes.

La nueva Comisión Nacional de la Energía estará adscrita al ministerio de Ribera, aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 20 de febrero la vicepresidenta incidió en que tendrá "plena independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado".

Su organigrama estará dividido en tres ramas: por un lado, Electricidad; por otro, Hidrocarburos y Nuevos combustibles y, por otro, Inspección-. Esa última, de nuevo cuño. Este organismo también tendrá voz sobre los movimientos accionariales que se produzcan en las compañías energéticas nacionales.