La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado el archivo, sin que quepa recurso, de la causa contra el expresidente del Banco Popular ﾃ］gel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el auditor de PwC, Josﾃｩ Marﾃｭa Sanz Oliva, sobre la ampliaciﾃｳn de capital del Banco Popular de 2012.

PUBLICIDAD

En un auto fechado el pasado 4 de junio, los magistrados rechazan el recurso presentado por Cerquﾃｭa, empresa familiar que llegﾃｳ a tener un 0,19 % del capital del banco, y otros inversores, contra el archivo decretado en marzo de este aﾃｱo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El titular del juzgado central de instrucciﾃｳn nﾃｺmero 5 considerﾃｳ que el Banco de Espaﾃｱa avalﾃｳ la operaciﾃｳn y el folleto reflejaba la imagen fiel de la entidad, y contribuyﾃｳ a la buena marcha del banco hasta su resoluciﾃｳn en 2017.

La Sala rechaza los argumentos de los recurrentes, que pidieron que se reabriera la instrucciﾃｳn para tomar en consideraciﾃｳn un informe pericial elaborado por el catedrﾃ｡tico de Economﾃｭa de la Universidad Autﾃｳnoma de Madrid Prosper Lamothe, que aseguraba que el banco ofreciﾃｳ al mercado informaciﾃｳn manipulada.

Dicho informe se contraponﾃｭa a lo expuesto por los peritos del Banco de Espaﾃｱa Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro Navarrete, que en un informe de 210 pﾃ｡ginas fechado en julio de 2023 concluﾃｭan que la ampliaciﾃｳn fue un ﾃｩxito para los inversores, y permitiﾃｳ mejorar la situaciﾃｳn y balance de la entidad hasta 2016.

La Sala destaca que de dicho informe "no se deduce de forma suficiente la existencia de indicios de una manipulaciﾃｳn de la situaciﾃｳn contable y econﾃｳmica del Banco Popular para propiciar una imagen errﾃｳnea de sus estados financieros", argumentos que los tﾃｩcnicos expusieron en sede judicial y sobre los que se ratificaron en dos testificales.

Por otro lado, "y en relaciﾃｳn con puntuales disfunciones contables denunciadas por algunas partes", prosigue el auto, "tampoco concurren indicios que las mismas determinen un falseamiento de la informaciﾃｳn econﾃｳmico-financiera que afecte a la imagen fiel de la empresa, y menos aﾃｺn que hayan causado un perjuicio de notoria gravedad a los inversores".

Sobre la financiaciﾃｳn otorgada por el banco a estos inversores para la compra de sus propias acciones, que debiﾃｳ ser deducida de su cifra de fondos propios, la Sala se remite al informe de Cidoncha y Castro Navarrete, que lo consideraron una mera hipﾃｳtesis.

Tampoco comparten el argumento de que el Popular debiﾃｳ reclasificar miles de millones de euros de crﾃｩditos dudosos antes de lanzar la ampliaciﾃｳn de capital, lo que en opiniﾃｳn de estos inversores alterﾃｳ la "imagen fiel" de la calidad de su cartera crediticia, como obliga la ley. Por el contrario, la Sala considera probado que el Popular realizﾃｳ "todas las reclasificaciones y provisiones reclamadas".

PUBLICIDAD