A la espera de ver si la catástrofe de la DANA cambia los planes, todo indica que el Gobierno está ultimando la aprobación de la operación STC- Telefónica, en la que la empresa de telecomunicaciones saudí aumentaría su porcentaje en el accionariado de la operadora española hasta el 9,9%. Se trata de un movimiento complejo, que lleva más de un año cocinándose a fuego lento. Pero desde el principio algunas voces apuntaron que el Ejecutivo español estaba abocado a dar su visto bueno.
En gran parte esto se debía al interés por proteger los acuerdos económicos que algunas empresas españolas tienen con el Reino saudí. Entre ellas, destaca Navantia, la compañía pública española referente en el diseño y la construcción de buques militares y buques civiles de alta tecnología. "En principio, el Gobierno no quería vetar la entrada de STC, porque Navantia tiene importantes contratos de buques de guerra con Arabia Saudí y aspira a firmar más. De ahí que no vaya a haber problemas para que Margarita Robles -ministra de Defensa- lo autorice", aseguraban desde OK Diario en octubre de este año.
Un año antes, La Sexta ya apuntaba lo mismo. En un artículo que llevaba por titular 'Las razones por las que España no podría oponerse a la operación de Arabia Saudí en Telefónica', recordaban el precedente de 2018, cuando hubo una gran polémica por el uso de bombas de racimo y munición ilegal por parte de Arabia Saudí en la guerra de Yemen,
"El gobierno amagó con dejar de vender armas al país árabe, con la propia ministra de Defensa, Margarita Robles fijando posición: 'Nos oponemos a la venta de armas a cualquier país que pueda utilizarlo para vulnerar los derechos humanos'. La sangre no llegó al río porque los saudíes amenazaron con romper un contrato con Navantia para la construcción de cinco buques de guerra. Hoy, Navantia tiene otro contrato para la construcción de otros cinco buques que además todavía no está cerrado, y fuentes de la compañía aseguran que estas negociaciones se pueden alargar más allá de 2023", recogían desde La Sexta.
Un acuerdo de 2.000 millones
En 2018 Navantia firmó con Arabia Saudí un contrato para fabricar cinco corbetas (buques de guerra). Se trataba, al menos en ese momento, de la mayor operación de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero. En paralelo, la compañía española informó de que había llegado a un acuerdo con la empresa estatal Saudi Arabian Military Industries para conformar una 'joint venture' (empresa conjunta), bautizada con el nombre de SAMI-Navantia, que tenía el objetivo de potenciar los programas de defensa en el país árabe.
"El contrato fue por un valor total cercano a los 2.000 millones. Ha supuesto una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas que, traducido a empleo, alcanzaron la cifra de 6.000 anualmente durante cinco años. De estos, más de 1.100 han sido empleados directos, más de 1.800 empleados de la Industria Auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores. Y más de 100 empresas auxiliares han colaborado en el programa", explican desde Navantia a El Independiente.
El diseño de las corbetas es de última generación, maximizando a la vez la participación de Navantia mediante la incorporación de productos propios, como el sistema de combate CATIZ, el sistema de comunicaciones integradas HERMESYS, la dirección de tiro DORNA, el Sistema Integrado de Control de Plataforma y el puente integrado MINERVA, y otros equipos desarrollados bajo licencia, como los motores de MTU o las cajas reductoras de RENK.
En marzo de este año se entregó a Arabia Saudí el último de los cinco buques de guerra contemplados en el acuerdo, que tiene una eslora de 104 metros, una manga de 14 y es capaz de transportar a un total de 102 personas entre tripulación y pasaje. Pero desde Navantia detallan que "el contrato va mucho más allá de la construcción de los barcos", e incluye también trabajos para maximizar la vida operativa de las corbetas durante cinco años desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales. Unas actuaciones de mantenimiento y sostenimiento en las que colaboran alrededor de 40 técnicos de Navantia y SAMI-Navantia desde la base naval de Jeddah.
Además, también se incluían una serie de servicios paralelos, como el apoyo logístico integrado, el adiestramiento operacional y de mantenimiento, el suministro de Centros de Formación y Adiestramiento para el Sistema de Combate y el Sistema de Control de Plataforma de los buques.
En cuanto a la 'joint venture', desde Navantia explican que sigue "plenamente operativa": "Actualmente es la empresa de sistemas navales referente para la Marina Real Saudí. Para ello está trabajando en varios programas navales en el país, en los que ya ha sido designada como la suministradora. A día de hoy cuenta con una plantilla de alrededor de 60 personas, la mayoría ingenieros saudíes que fueron formados durante tres o cuatro años en Navantia en España durante la construcción de las corbetas".
Explorando nuevos acuerdos
En 2022 España y Arabia Saudí firmaron un memorando de entendimiento para adquirir y construir "una serie de buques de combate multimisión para la Real Fuerza Naval Saudí". En aquel momento Navantia aseguró que el acuerdo se traduciría en un contrato a lo largo de 2023, pero no fue así.
Desde hace años de viene especulando sobre la posibilidad de un segundo contrato entre España y el Gobierno de Arabia Saudí en materia de Defensa Naval. En mayo de 2024 La Voz de Cádiz recogía que Riad quería adquirir otras tres corbetas más, y que el contrato estaba entrando ya "en la recta final" antes de sellar el acuerdo definitivo.
El pasado 29 de octubre Saudi Press Agency, la agencia de noticias oficial del país árabe, informó de que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí había firmado ese día un acuerdo ejecutivo con su homólogo español para apoyar la construcción de tres nuevas corbetas equipadas con sistemas de combate e ingeniería de última generación, y diseñadas para abordar eficazmente las amenazas aéreas, de superficie y submarinas.
"Estos activos mejorados están destinados a fortalecer la preparación naval para salvaguardar a Arabia Saudí, proteger sus intereses vitales y reforzar la seguridad marítima en la región, en consonancia con los objetivos estratégicos de la Visión 2030 del Reino. Además, el acuerdo implica la asistencia técnica de las Fuerzas Navales Españolas durante las fases de construcción, que abarcan la inspección del sistema, las pruebas, el entrenamiento de la tripulación y la operación posterior a la entrega y la puesta en servicio para las Fuerzas Navales Reales Sauditas", añadían desde la agencia.
Sobre esto, desde Navantia se han limitado a aclarar que prosiguen con sus "acciones comerciales en el país, así como en la región, para la consecución de futuros contratos", y que "se está trabajando en varias oportunidades comerciales". Pero deslizan que no les corresponde a ellos "pronunciarse sobre otros asuntos" cuando se les cuestiona sobre el peso que han podido tener estos negocios en el caso de STC y Telefónica.
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hace 1 mes
Una vez más el gobierno sigue haciendo ruido para ocultar su incompetencia. Ya ocurrió con el desembalse de Iberdrola en Salamanca (ese desembalse lo concede la confederación hidrográfica del Duero, que depende del gobierno);
ya ocurrió con el cambio de sede de Ferrovial (el gobierno sigue sin mover un dedo para que las empresas españolas puedan cotizar simultáneamente en Ibex y Nyse como quería Ferrovial que anda merodeando los máximos históricos desde que se fue a Amsterdam), ocultando que iba a aprobar una ley que permitía el cambio de sede de las empresas entre estados europeos;
y ahora le ocurre con Telefónica, cuya entrada en el capital de los saudíes con fines financieros confiere estabilidad a la compañía, amén de la expansión del negocio de Telefónica en Arabia.
hace 1 mes
Bajada de pantalones e intereses nacionales. El gobierno de funcionarios lo que mejor sabe es vender o restar fuerzas a lo patrio por lo extranjero. Como pude ser que un país con más operadoras que gasolineras siga el regulador poniendo más impedimentos a nuestras empresas marca España,en beneficio de lo extranjero, parásito, dependientes después de más de veinticinco años de la liberación del mercado de las telecomunicaciones.