Después de que el apagón masivo retrasase su aprobación, el Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Sin embargo, el proyecto de Yolanda Díaz impulsado de la mano de los sindicatos deberá ser aprobado después por el Congreso. Y Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha advertido este lunes que presentará una enmienda a la totalidad.

"Presentamos esta herramienta como muestra de rechazo absoluto a esta ley y veremos si el Gobierno tiene ganas de negociar o no. Hasta hoy, no la ha tenido", criticó este lunes la portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras. En este sentido, remarcó que se han "encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado sólo con los sindicatos españoles".

La reforma de Díaz ya ha recibido críticas por la falta de diálogo social. En concreto, por parte de las patronales como las catalanas Foment del Treball y Pimec. La primera explicaba la semana pasada que "el diálogo social es uno de los grandes éxitos de la democracia española" y reprochaban que no se podía "violentar de esta manera". Por ello, la patronal ha condicionado el apoyo de Junts al proyecto.

Nogueras expuso que la reducción de la jornada representa "un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas" catalanas. Según ella, el proyecto de ley supone más sanciones y costes para las pymes, no recoge mejoras económicas para los trabajadores y pone en riesgo "la supervivencia y viabilidad de muchas empresas, y en consecuencia, también muchos puestos de trabajo" en Cataluña.

Se trata del segundo envite de la formación independentista al Gobierno en las últimas horas, después de que reclamase una "decisión política" para frenar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Los de Puigdemont se posicionaron así después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -donde cuentan con un consejero- diera luz verde a la operación corporativa sobre la que tiene que decidir ahora el Ejecutivo.

CCOO lo tilda de "fraude democrático"

Por su parte, los sindicatos siguen presionando al Ejecutivo para tramitar el proyecto cuanto antes. Su último movimiento fue centrar las movilizaciones del 1 de mayo en la reducción de la jornada.

Este lunes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo aseguró que "la movilización sindical está garantizada si los grupos parlamentarios siguen cometiendo este fraude democrático". Lo hizo tras mantener una reunión con el grupo Sumar, la formación a la que pertenece Yolanda Díaz y que forma parte del Gobierno de coalición junto al PSOE.

"Queremos conocer, lógicamente, el contenido de esa enmienda a la totalidad, pero nos parece lamentable que un acuerdo que tiene la legitimidad de la mayoría absoluta de la representación de la clase trabajadora tanto en España como en Cataluña, un grupo como Junts, se permita ni más ni menos que enmendarlo a la totalidad sin tener en cuenta las posiciones de los trabajadores", añadió Sordo.

Desde UGT no se posicionaron públicamente tras el anuncio de Nogueras. El secretario general de la central sindical, Pepe Álvarez, viajó en diciembre a Waterloo (Bélgica) para intentar atar el apoyo de Puigdemont a la reducción de la jornada laboral. "El que crea que Junts ha tomado una decisión determinada se equivoca, incluidos nosotros. Dependerá de cómo respire la opinión pública catalana", señaló el pasado jueves en una entrevista en El Mundo con motivo del Primero de Mayo.

Para Sumar, la negociación "avanza"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quiso restar importancia a la enmienda de Junts asegurando que la negociación con el partido catalán está "viva y avanza". Fuentes de Sumar, recogidas por Europa Press, han insistido en que es habitual que los grupos presenten enmiendas a la totalidad y que este gesto solo evidencia que Junts va, como es habitual, "fuerte" en la negociación.

Tener los apoyos parlamentarios cerrados antes de remitir el proyecto de ley al Congreso fue motivo de tensión entre el ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo y el de Trabajo. Tras el choque público entre ambos departamentos, la norma será aprobada este martes y enviada al Congreso de los Diputados.

Se da por hecho que Junts presionará para cambiar múltiples aspectos de la misma antes de decidir si da o no su plácet. Al menos en un primer momento, cuando se vote la enmienda a la totalidad anunciada. Si se supera ese punto, llegará el turno de las enmiendas parciales, donde de nuevo todo quedará al albur de Puigdemont.

En todo caso, la reforma del texto que se pueda negociar con Junts para recabar su apoyo no tendría por qué tocar los pilares fundamentales de la misma: la reducción de horas a 37,5; que haya un registro interoperable por la Inspección de Trabajo para ver en tiempo real los fichajes de las empresas; y el denominado derecho a la desconexión de los trabajadores.

Urtasun señaló que espera que la medida sea aprobada por "el conjunto del Parlamento". En este sentido, interpeló al PP para ver si "es verdad" su compromiso social. El ministro de Cultura agregó que no se entendería que el PP o cualquier otra formación votara en contra de rebajar la jornada laboral y pidió a las formaciones que decidan su voto pensando en la mayoría social, no en intereses partidistas. A los 'populares' la medida no les sonaba del todo mal hace unos meses, pero de ahí a dar su apoyo a un cambio propiciado sin apoyo de la patronal hay un trecho.

Asimismo, el ministro añadió que su formación se recorrerá todo el país para recoger firmas de apoyo ciudadano. Una acción que complementaría la campaña telemática lanzada en su web, que ya ha reunido 60.000 firmas.