El Gobierno usará por primera vez el proceso de consulta pública previa para fijar su posición sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell. Después de un año de análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ejecutivo tiene ahora potestad para modular el abanico de compromisos temporales acordados para dar luz verde al proceso de compra por parte del grupo vasco sobre el catalán.

A partir de este martes, la página web del Ministerio de Economía recogerá un formulario donde se expondrán una serie de preguntas que asociaciones, sindicatos, patronales y otros implicados podrán responder sobre las repercusiones que consideran que tendrían para ellos la eventual compra y futura fusión.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo se quiere dotar así formalmente de argumentos que aporten unos y otros para justificar después su decisión sobre una operación contra la que se ha posicionado desde que trascendió hace un año.

El ministro tiene un plazo de 15 días hábiles (hasta 27 de mayo) para elevar el dictamen de Competencia al Consejo de Ministros, donde otros departamentos podrán hacer sus aportaciones. El plazo para resolver una vez superado ese trámite es de otros treinta días. El Gobierno deberá apoyarse en razones, eso sí, distintas a las de Competencia si quiere imponer nuevas condiciones o endurecer las actuales.

Podría llegar el caso de que los nuevos requisitos que llevasen al BBVA a pensar que es mejor desistir de la operación en lugar de seguir adelante. La entidad pactó con el regulador una serie de condiciones antes de recibir luz verde a la operación, con especial peso en el negocio de las pymes. Ahí es donde el organismo que preside Cani Fernández percibía más riesgos.

La Sala de Competencia alcanzó el acuerdo por unanimidad y sin votos particulares el pasado miércoles. Pero todo queda en manos del Gobierno que, en último término, podría vetar la fusión.

Fuentes financieras cuestionan el último giro de Moncloa, anunciado ante los presidentes de ambos bancos y buena parte del empresariado catalán, con motivo del acto anual del Cercle d'Economia en Barcelona. La operación genera rechazo entre muchos sectores de las empresas catalanas, así como en Junts, que ha pedido al Gobierno una "decisión política" que permita frenarla. Eso sí, después de que Pere Soler -el consejero de la CNMC nombrado por el partido de Carles Puigdemont- no se opusiera a la misma ni siquiera emitiese un voto particular.

El propio Ejecutivo reconoce que no hay precedentes del uso de este método de consulta que se suele emplear para las tramitaciones de proyectos de ley. En todo caso, las aportaciones de los participantes quedarán en secreto y no serán vinculantes. Pero sí servirán a Cuerpo para poder decir que cuenta con argumentos si lo que pretende el Ejecutivo es hacer que la operación sea inviable a ojos de la dirección del banco que preside Carlos Torres.

De hecho, el consejero delegado Onur Genç ha expuesto en varias ocasiones la posibilidad de retirar la OPA en caso de que las condiciones impuestas dejen de hacerla atractiva en términos de creación de valor para los accionistas. Asimismo, también ha puesto encima de la mesa la opción de continuar adelante con la OPA pero sin fusión. Esta última sí puede ser vetada por el Gobierno. Según el banco vasco, la mayoría de las sinergias previstas por ahorros en tecnología, personal, etc... (850 millones) podrían mantenerse. En Sabadell cuestionan este extremo.

La maniobra sorpresa del Gobierno lanzada un año después de que trascendiesen las intenciones de BBVA de hacerse de forma hostil con la entidad catalana pone en solfa las tesis de que Moncloa no se iba a atrever a hacer todo lo posible para frenar la operación.

Las dos fases de análisis de la CNMC han incluido un test de mercado -cuyo resultado aún no es público- donde se ha estudiado en profundidad las implicaciones de la OPA sobre el resto de competidores. También sobre el efecto de los clientes o del acceso al crédito de las empresas.

Si bien, la CNMC contó con la opinión de múltiples organizaciones, impidió personarse en el procedimiento a muchas de ellas que así lo deseaban para manifestar su posición contraria. Entre ellas, asociaciones empresariales, sindicatos o asociaciones de consumidores. Algunas de ellas como el sindicato UGT o la patronal Foment del Treball han llevado su exclusión ante la Audiencia Nacional. Se da por descontado que ante esa la imposibilidad de hacerlo ante Competencia, aprovecharán ahora la consulta pública para plantear sus posicionamientos al Gobierno.