El pasado 30 de abril la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentaba la comisión de evaluación de la Reforma Laboral en la que se analizará el empleo temporal en España. Durante la presentación de la comisión, la ministra celebró que la "tasa de temporalidad privada ha bajado casi 12 puntos, hasta el 12,4%" en 2024. Sin embargo, decidió omitir los datos referentes al sector público.

Este jueves, el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha informado de que la tasa de temporalidad pública se ha situado en el 35,54%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Función Pública en diciembre de 2024. La cifra "demoledora", que afecta a 1.077.716 empleados públicos, ha puesto de manifiesto lo alejado que se encuentra el Gobierno del compromiso que ratificó con Bruselas a través de la ley de Estabilización del Sector Público de 2021.

Según este acuerdo, a 31 de diciembre de 2024 la tasa de temporalidad se debía situar en el 8%. Ante el incumplimiento, la UE ya ha abierto dos expedientes sancionadores que "pueden culminar en una multa multimillonaria", ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

Además, el secretario nacional de acción sindical, Francisco Lama, ha criticado que del total de plazas convocadas sujetas al proceso de estabilización del empleo, "más del 32% (32,7%) están sin cubrir". Aunque para el secretario, "lo más grave" es que casi la mitad de los ayuntamientos no han facilitado los datos de estabilización. Lo que ha calificado de "inaudito" ya que precisamente, según los datos del Boletín Estadístico de Función Pública, la tasa de temporalidad en los ayuntamientos se eleva hasta el 43,15%.

Sin embargo, la "elevadísima" tasa de temporalidad no es exclusiva de los ayuntamientos. En la sanidad se sitúo a cierre de 2024 en el 50,06%, en las universidades en el 49,53%, en las administraciones de las comunidades autónomas en el 38,49%, en la enseñanza no universitaria en el 33,4% y en la justicia en el 31,75%. De todas ellas, sólo en la administración general del Estado se "cumple" el compromiso con Bruselas, su tasa se encuentra en el 9,41%.

Los afiliados que se hayan visto perjudicados por el proceso de estabilización, el sindicato les ha ofrecido asesoría jurídica. Además, han planteado dos medidas como solución. La primera sería la eliminación de la tasa de reposición, que representa el número de funcionarios nuevos que pueden contratar las administraciones públicas para sustituir a los que se jubilan, se van o dejan el puesto. Y la segunda sería "establecer sanciones ejemplares a los gestores que incumplan su responsabilidad civil", ha concluido Lama.

Presión por la subida salarial de los funcionarios

"Los empleados públicos estamos completamente abandonados", ha lamentado el presidente de CSIF. Borra ha explicado que los funcionarios siguen con sus sueldos congelados en el quinto mes del año y que el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida salarial del 0,5% comprometida desde 2022. Asimismo, el Gobierno tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado.

En total, el sindicato de los funcionarios ha calculado que el Gobierno adeuda una media de 1.200 millones de euros con ellos. CSIF ha considerado que el Gobierno "debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente", tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar.

Además, Borra ha explicado que la última EPA (Encuesta de Población Activa) pone de manifiesto que se han perdido 92.000 trabajadores en las administraciones públicas durante el primer trimestre de 2025, "la mayor destrucción de empleo de la serie histórica desde 2003, ni siquiera en la crisis financiera del 2013 se destruyeron tantos puestos de trabajo".

A lo que ha añadido que más del 60% de los empleados públicos tienen más de 50 años, que en la próxima década se podría jubilar el 30% de la plantilla y que se ha retrasado el derecho a la jubilación anticipada. Ante todos estos problemas, el Gobierno no hace "nada".

Por estos motivos, el sindicato ha manifestado que tomará medidas. La primera es que realizarán "próximamente una petición formal al presidente Pedro Sánchez ante la inacción del ministro de Función Pública", Óscar López. Y la segunda, que pondrán en marcha durante la mañana de este jueves será, ponerse en contacto con CC.OO. y UGT para "preparar una protesta conjunta", ha concluido el presidente de la organización.