La consulta pública abierta por el ministerio de Economía sobre la opa del BBVA y Sabadell concluye este viernes. El departamento que dirige Carlos Cuerpo abrió un formulario en su página web para que cualquier interesado -empresa, organización o particular- pudiese emitir su opinión acerca de la operación corporativa. Un abogado ha pedido al Ministerio qie paralice el proceso y amenaza con recurrirlo ante los tribunales.

A los pocos días de que se activase la consulta pública -que habitualmente se usa para procesos normativos como la elaboración de proyectos de ley- el abogado Ibor Fernandes Romero, socio del despacho de abogados Statera Legal, envió un escrito dirigido al Ministerio en el que solicitaba que cesara el desarrollo del procedimiento abierto a través de la aplicación Microsoft Forms.

Considera que se trata de un proceso "sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad" que implicarían diferentes vicios de nulidad y anulabilidad.

Entiende también que la actuación del Gobierno puede calificarse como una "vía de hecho" pues "no tiene cobertura en un acto jurídico publicado". Para poder proceder a su impugnación es necesario requerir a la Administración el cese del procedimiento. Y si en el plazo de 10 días no hubiese respuesta por parte del Ministerio, el despacho podría presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Más allá del acuse de recibo emitido el pasado viernes, no ha habido contestación por parte del departamento de Cuerpo y la consulta ha estado abierta durante el período establecido, que expira este viernes.

Entre otras críticas, la consulta ha sido puesta en cuestión porque no hay un proceso de verificación de la identidad de quien participa en la misma, que puede emitir diferentes respuestas introduciendo un número de DNI.

"Cualquier persona puede acceder libremente y emitir una respuesta sin verificación alguna, lo que permite suplantar identidades, presentar múltiples participaciones y desvirtuar el sentido democrático, representativo y transparente que debe regir todo instrumento de participación pública promovido por una Administración", alega la solicitud de cese presentada ante el Ministerio.

Frente a las críticas que ha generado el procedimiento, Cuerpo ha defendido que sólo trata de dotarse de recabar información antes de decidir si eleva o no al Consejo de Ministros el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dio luz verde a la operación con una serie de compromisos pactados con BBVA. El Gobierno tiene después un mes para decidir si endurece o no esos compromisos, aunque debe atenerse a criterios distintos de la defensa de la competencia.

En este sentido, la consulta abierta por Economía en formato cuestionario pide a los interesados que aporten su perspectiva sobre los criterios de interés general que harían recomendable que el Gobierno endureciese los requisitos. La capacidad de veto del Ejecutivo no es para la OPA sino para la posterior fusión, que se produciría una vez que los accionistas hubieran dado su visto bueno a la oferta durante el período de aceptación.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron que depurarán las respuestas incluso mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial y eliminarían las posibles duplicidades.

A efectos legales, el titular de Economía no puede hacer 'nada' con los resultados de la consulta pública. Pero tras el profundo análisis de un año llevado a cabo por la CNMC, usar el procedimiento de una consulta ciudadana para tomar una decisión respecto a una operación corporativa ha generado controversia y malestar en un mundo financiero.

Para el despacho de abogados, la consulta "pone en juego el derecho de la libertad empresarial". Asimismo, el documento de petición de cese también considera que hay una "falta de correspondencia entre la consulta y la competencia que el Gobierno puede ejercer".