La salida de Ángel Gavilán como director general de Economía del Banco de España abrió este martes una grave crisis interna en el mandato de José Luis Escrivá. Apenas 24 horas después de presentar el primer Informe Anual 2024 del organismo, trascendía que el puesto de economista jefe -con uno de los mayores servicios de estudios a nivel nacional a su cargo- quedaba vacante.

La reducida presencia de referencias a la política económica del Gobierno habitual en este tipo de informes marcó la presentación del día anterior. Gavilán, nombrado por el exgobernador Pablo Hernández de Cos y mantenido por Escrivá en el puesto, trató de capear las preguntas de los medios de comunicación sobre el cambio de orientación alegando que la idea este año era hacer un documento más corto y entrado en las cuestiones más novedosas.

Fuentes conocedoras del proceso de elaboración del informe aseguran a El Independiente que, tras una presentación inicial en febrero, Gavilán fue instado a eliminar la referencia al problema de la sostenibilidad de las pensiones, al que dedicaba varias páginas como en ediciones anteriores. También tuvo que reelaborar o directamente suprimir otros apartados para que el informe fuese aprobado por el Consejo. No en vano, Escrivá fue el ministro encargado de diseñar la reforma del sistema cuando ocupaba la cartera de Seguridad Social en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De ahí, dio el salto directo a la cúspide del supervisor en septiembre de 2024.

En anteriores ediciones, el organismo entraba al fondo del asunto [18 páginas en 2023]. La última consideraba que la reforma auspiciada por el ahora gobernador no era suficiente y podría incluso tener efectos adversos en el empleo. Pero el informe de este año se limita a abordar la cuestión de las pensiones haciendo referencia a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que evalúa la regla de gasto de pensiones introducida en 2023. "La AIReF ha constatado que la proyección de gasto en pensiones neta de las medidas de ingresos aprobadas no excede el umbral establecido en dicha regla, lo que exime al Gobierno de llevar al Parlamento medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", se limita a decir un texto ausente de las habituales recomendaciones.

La AIReF se mostró crítica en abril porque la proyección se hacía con la metodología de regla de gasto fijada por el propio Gobierno. El organismo que preside Cristina Herrero cree que "no es un indicador de sostenibilidad y merma su capacidad de supervisión y su independencia". Otra opinión posterior que usa una métrica diferente refleja que la reforma del Ejecutivo no sólo no ha mejorado las cuentas, sino que proyecta "más obligaciones de gasto".

Casi 100 páginas menos

En tono positivo, el informe de este año sí menciona que "otro factor que también estaría contribuyendo, al menos en parte, a una cierta contención del gasto [en pensiones] sería el aumento de la proporción de jubilaciones más allá de la edad ordinaria". Por contra, el informe de hace solo doce meses -bajo el mandato de De Cos- aseguraba que "la efectividad de los incentivos a posponer la edad de jubilación está sujeta a una incertidumbre muy elevada y será necesario un horizonte temporal amplio para calibrar el alcance de los nuevos incentivos". También advertía de que la reforma implantada por Escrivá "apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos". Ahora, el análisis de esas cuestiones no ha tenido continuidad

Además de moderar las habituales referencias a la política económica del Ejecutivo, la extensión global del documento se también mermada. Los informes anuales del Banco de España entre 2019 y 2023 tuvieron una media de 283 páginas. El de 2023 alcanzó las 303, pero el de este martes se quedó en solo 199.

No solo ha cambiado el enfoque y la extensión, sino también la estructura. El informe con De Cos contenía cuatro apartados y una presentación de unas 20 páginas que rubricaba el propio gobernador. En el primer epígrafe valoraba las perspectivas y la evolución de la economía española en el año analizado. En el segundo, presentaba los principales retos estructurales a los que se enfrentaba. Los capítulos restantes eran temáticos y variaban cada año en función de los temas económicos más relevantes de cada ejercicio. En el informe de 2023, De Cos valoró el mercado de trabajo y el mercado de la vivienda.

Pero Escrivá ha reducido su presentación a solo cinco páginas. También se ha sustituido el primer capítulo por una introducción al informe, de una página. El segundo describe los mercados internacionales y la política monetaria. La economía española se relega al tercer capítulo y las perspectivas y retos que se abordaban en el segundo, ahora no se tratan hasta el cuarto.

Entre las páginas no hay rastro de las posibles consecuencias de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que impulsa la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la mano de los sindicatos. El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde para remitirla al Parlamento. Tampoco de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la condonación de la deuda autonómica o la financiación singular para Cataluña.

No hay epígrafes tampoco como en años anteriores sobre el tamaño y la demografía empresarial española o la desigualdad, que sí abordaba el informe de 2023. Tampoco hace referencia a la transición energética o al proceso de despoblación y urbanización como si se hacía en 2022, 2021 y 2020. El impacto económico de la DANA se despacha en tres páginas.

Relevo abierto

Según Escrivá, Gavilán ya le había informado con aproximadamente un mes y medio de antelación su intención de dejar su cargo en la entidad, con motivo de que veía su etapa de alta responsabilidad "agotada" y que quería "nuevos retos" fuera del organismo. Así lo aseguró a última hora de este miércoles en un foro del diario Expansión.

Para cubrir el puesto que quedará vacante el 12 de junio, el Banco de España recurrirá a un procedimiento llamado expresión de interés, que permite que cualquier profesional que cumpla el perfil requerido pueda presentar su candidatura. Según la institución, para el cargo se requerirán "veinte años de experiencia en funciones de investigación o directivas relacionadas con el análisis económico, monetario o de políticas económicas". Además, se valorará que el candidato tenga "un extenso conocimiento del marco económico, monetario y financiero nacional, europeo e internacional, así como capacidad para vincular enfoques teóricos con análisis aplicado".