La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a manifestar su oposición a la opa de BBVA sobre Sabadell que está bajo análisis del Consejo de Ministros. "No se puede hacer en contra de todos los actores sociales de Cataluña. No puede ser que toda la sociedad catalana, hasta la Iglesia, esté de acuerdo en que esta operación no es correcta y caminemos en esa dirección", ha defendido durante unas jornadas sobre el sector bancario organizadas por Sumar en el Congreso.

PUBLICIDAD

Trabajo, el departamento que dirige, es uno de los cinco ministerios económicos que solicitó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que elevase el procedimiento a Consejo de Ministros para decidir si se endurecen las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aprobar la operación.

"No puede aceptarse que se pongan en riesgo miles de puestos de trabajo en nombre del mercado", ha argumentado Díaz, tras recordar que BBVA cifra el recorte de empleo en más de 4.000 trabajadores, mientras los sindicatos lo elevan hasta una horquilla de entre 7.000 y 10.000.

La vicepresidenta ha asegurado que se trata de una maniobra "hostil" por parte de la entidad vasca que preside Carlos Torres. "Sería un proceso de absoluta concentración bancaria de riesgo sistémico, agudizando la exclusión financiera, encareciendo la financiación de las pymes y encareciendo los servicios a los hogares", ha sostenido Díaz. En este sentido, ha insistido en que "la lógica de la rentabilidad privada no puede estar por encima de los derechos económicos de los ciudadanos".

Mantener el impuesto a la banca

Más allá de la opa, Díaz ha cargado contra el sector y ha abogado por mantener el impuesto a la banca aprobado por el Gobierno y que las patronales de bancos y cajas han recurrido ante la Audiencia Nacional.

La vicepresidenta del Gobierno ha expuesto que el Tribunal de Cuentas cifra el coste del "rescate archimillonario" en 71.833 millones de euros, a lo que "hay que añadir los beneficios fiscales estructurales como los activos fiscales diferidos con un impacto presupuestario estimado de 100.000 millones de euros".

Asimismo, ha reprochado que "quince años después, el sistema bancario español sigue sin corresponsabilizarse con la sociedad y sin devolver a la sociedad lo que es justo". "Ha servido el rescate para involucionar un modelo muy rentable bastante alejado del interés general", ha remarcado. En este sentido, ha defendido que "en una sociedad decente, el acceso al crédito, al ahorro, no puede depender del código postal donde se viva, de la posición de clase, de la edad, del sexo o de la nacionalidad".

PUBLICIDAD