Pedro Sánchez cumple con el guion y torpedea la compra del Sabadell por parte de BBVA. El Consejo de Ministros endureció este martes las condiciones acordadas por la autoridad de Competencia y bloquea durante un plazo de al menos tres años la posibilidad de que ambas entidades se fusionen. En un momento de fuerte debilidad política por las causas judiciales que afectan al PSOE, y más dependiente que nunca de los apoyos de socios parlamentarios como Junts, Sánchez cumplió lo prometido al presidente de la Generalitat Salvador Illa, con quien se entrevistó el pasado viernes en el palacio de La Moncloa.

El ex ministro de Sanidad llevaba tiempo clamando contra la operación corporativa que tenía en contra a prácticamente todo el tejido empresarial catalán. "Se ha actuado con respeto transparente y escrupuloso a las reglas y los tiempos. Tal y como siempre hemos defendido desde el Govern de Cataluña, había que proteger un sistema bancario arraigado en el territorio y adaptado a las necesidades de las familias y empresas con una oferta justa", dijo tras conocer la decisión de Moncloa.

El Gobierno optó por autorizar la opa con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente, patrimonios separados y autonomía en la gestión. Eso veta de facto la posibilidad de fusionarse y obtener los ahorros por sinergias inicialmente calculados por BBVA en 850 millones. Pasado ese tiempo, la medida se podría extender dos años más tras un proceso de evaluación.

La patronal catalana Foment del Treball se apresuró a valorar de manera positiva las condiciones impuestas por el Ejecutivo, al que la ley habilita a intervenir tras el dictamen de la CNMC, aunque con un margen que varía en función de las interpretaciones jurídicas que se hagan de la norma. "Con las condiciones que pone sobre la mesa el Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas", dijo Josep Sánchez Llibre. La patronal de pymes catalana Pimec también celebró la decisión de Moncloa y subrayó que las nuevas condiciones "pueden abrir una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se afanó por la tarde en desligar la decisión del plano político. "Esto no tiene nada que ver con ningún elemento asociado a ninguna decisión o equilibrio político. Me lo han preguntado en diversas ocasiones, si hemos tenido conversaciones sobre este aspecto con distintos partidos, y no ha sido el caso", trato de zanjar. Alegó que es "una decisión tomada dentro del Gobierno estrictamente en base a criterios técnicos, manteniéndonos en el ámbito en que protegemos el interés general pero de manera proporcionada y equilibrada en base a lo que nos permite la ley".

El Partido Popular, que hasta ahora había tenido una posición tibia respecto de la opa, se centró en cargar contra el trasfondo político del acuerdo de Moncloa. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó a Sánchez de "no proteger ni el libre mercado ni los intereses generales". "Al autorizar la opay prohibir la fusión durante tres años solo protege los intereses del PSC hasta las próximas elecciones a la Generalitat", sentenció.

Desde ERC, celebraron también la posición de Moncloa, alegando que "una opa hostil lo echaría todo a perder en beneficio de Madrid". "Esperamos que las condiciones que ha puesto el Gobierno español evidencien que esta opa no tiene sentido si pensamos en los ciudadanos, los depositarios, las empresas y los accionistas", señalaron en el partido de Oriol Junqueras.

Por su parte, el Banco Sabadell defendió este martes la solidez de "su proyecto en solitario" y fuentes de la entidad instaron al BBVA a aportar información sobre cómo impactarán los nuevos requisitos en su capacidad de retribuir al accionista "en el futuro".

Desde la sede de La Vela remitieron un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) limitándose a decir que el BBVA "está estudiando" el Acuerdo rubricado por el Consejo de Ministros, en el que se decide también mantener los compromisos que aceptó la CNMC para dar 'luz verde' a la operación. En la entidad vasca tienen todavía que hacer números sobre si las condiciones impuestas por Moncloa restan todo el atractivo económico a la operación o permiten mantener una ventana abierta a la integración.

El acuerdo del Gobierno impide hacer despidos o ejecutar cambios sustanciales de la red de oficinas. Por eso, una de las claves reside en la posibilidad o no de llevar a cabo una integración de la plataforma tecnológica de ambas entidades en caso de que la opa prospere después de que voten los accionistas del banco catalán. "Esta u otra decisión hay que valorarla en función del impacto que tiene. Por ejemplo, la protección de los clientes financieros de ambas entidades. Este es el tipo de análisis que vamos a hacer y, en este caso, cuando se hable de esta decisión será una de las dimensiones que tengamos en cuenta", se limitó a decir Cuerpo.

Además, desveló que solo un 25% de los que participaron en la consulta pública abierta por el Gobierno señalaron que había un interés general afectado por la opa que justificase adoptar condiciones no relativas a competencia o estabilidad financiera. La consulta pública obtuvo 348.600 respuestas, pero tras un filtrado para eliminar "aquellas inválidas, proporcionadas por bots, repetidas o con patrones inusuales" y se quedaron en 65.900 validadas. El 41,4% apuntaban a que no existían razones de interés general que se vieran afectadas por esta operación.

Torres veía una opa sin fusión

Torres venía desde hace tiempo preparando el terreno para un escenario de opa sin fusión. Al menos, durante un período determinado de tiempo. "Si demoráramos la operación de fusión, sigue siendo atractiva porque la mayor parte de las sinergias seguirían", defendió durante la presentación de resultados en enero. Es la entidad proponente la que, una vez que triunfa la compra, tiene que solicitarlo al ministerio de Economía. Y su titular tiene potestad de prohibirla en base a una norma diferente a la que ha regido hasta ahora. En lugar del impacto sobre la competencia, lo que se vigila en ese siguiente estadio son los criterios de solvencia.

En todo caso, fuentes del mercado señalan que el BBVA no demorará en trasladar su decisión de seguir adelante o dar un pasó a un lado. La voluntad de Torres parece pasar por seguir adelante a toda cosa, aunque entre los grandes accionistas del banco podría haber voces que prefieran prudencia y una retirada a tiempo ante la incertidumbre abierta por la maniobra del Gobierno de PSOE y Sumar.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, no quiso entrar este martes a valorar específicamente la decisión del Gobierno, pero sí dijo que "tendrán que ser los inversores internacionales y posteriormente, quizá la Comisión Europea, los que analicen si efectivamente están justificados".

"Más allá de lo que es este caso concreto, poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales", dijo durante su intervención en el XLII seminario de economía organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Bruselas "toma nota"

Cuerpo, por contra, echó mano en ese mismo foro de la pandemia y aseguró que el conocimiento detallado de los bancos de sus clientes ayudó a mantener a flote multitud de empresas. "De haber atendido a una cualificación estrictamente basada en criterios objetivos, de rating o ad hoc, pues igual no hubieran tenido acceso a ese crédito", argumentó. En este sentido, defendió "la necesidad de un sector financiero diversificado" con "entidades financieras más grandes". "Pero hay que considerar a qué coste y con qué procedimiento de transición al nuevo marco europeo", remarcó.

Desde Bruselas, fuentes comunitarias aseguraron haber "tomar nota" de la decisión de Moncloa. "Si es necesario, la Comisión utilizará sus poderes como guardiana de los Tratados (de la UE) para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembros", dijo un portavoz de la institución a Efe, sin querer entrar específicamente al caso del BBVA-Sabadell.

Solo un día antes, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, sostuvo que según las normas europeas sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia tienen potestad para pronunciarse sobre posibles fusiones bancarias. La tesis de Cuerpo es que el Gobierno "no está impidiendo la operación". "Condicionamos la capacidad de presentar la propuesta de solicitar la fusión", concluyó.