Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y al que investiga un juzgado de Tarragona, intenta salir al paso de las revelaciones del sumario. En un comunicado hecho público este jueves, el bufete "niega rotundamente haber pagado dádiva, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna". "Equipo Económico no ha incurrido en irregularidad alguna en la prestación de sus servicios profesionales", señala.

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La investigación judicial apunta a una presunta trama para favorecer a determinadas empresas que eran clientes del mismo con cambios normativos impulsados desde el equipo de Hacienda que dirigía Montoro, entre 2012 y 2018, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero el despacho sostiene que esas modificaciones legislativas que se analizan en la causa y que supuestamente serían ilegales fueron aprobadas "por las Cortes Generales, siguiendo los exigentes trámites previstos en nuestro ordenamiento, lo que implica la participación de distintos órganos consultivos".

Asimismo, recalca que "fueron objeto de debate, enmienda y aprobación por las Cámaras legislativas" y que "dichos cambios normativos, amparados también en una Directiva de la Unión Europea, no han sido modificados en los muchos años transcurridos desde su aprobación". Además, destacan que "su validez y constitucionalidad no han sido cuestionadas en ningún momento ni por ningún partido político ni por ningún gobierno ni por ninguna otra institución". El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este jueves que está estudiando revertir esas modificaciones.

"Asegurar que esos cambios se produjeron por decisión particular en interés de terceros, es una suposición absolutamente infundada, y en la causa no se recoge ningún indicio que soporte esa conjetura", remata Equipo Económico en su comunicado. En el mismo se queja de que "la causa fue filtrada a los medios de comunicación y utilizada políticamente de manera inmediata, ocasionado un irreparable daño reputacional a las personas afectadas", incluido el propio despacho del que Montoro aseguró haberse desvinculado en 2008.

El juez ha incluido como investigados a Montoro y a miembros del despacho por diversos delitos. Entre ellos, figuran como imputados Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras. Les imputa presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, fraude contra la administración, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas.

El bufete recuerda que este miércoles presentó un recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial de Tarragona, "denunciando graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio" y defiende ser "un despacho profesional con una reputación, honorabilidad y solvencia profesional y económica acreditada durante sus casi 20 años de existencia".

También denuncia haber sufrido "indefensión" por la dilación de la investigación judicial que arrancó en 2018 y de la que se ha levantado el secreto de las actuaciones hace unos días, lo que para el despacho es "algo absolutamente anómalo". "Incluso a día de hoy inexplicablemente no se nos ha permitido acceder a lo actuado en el procedimiento judicial en el último año, aumentando de esta forma la patente indefensión producida", prosigue el comunicado.

Además, lamenta que "durante todo este tiempo no se ha dado a Equipo Económico posibilidad alguna de aclaración, explicación o contradicción de la información publicada, quedando por ello en situación de evidente indefensión y expuesto a unas conclusiones sesgadas, basadas exclusivamente en conjeturas y absolutamente erróneas, que afectan gravemente a su reputación".

Asimismo, avisan de que están dispuestos a "ejercer cuantas acciones legales sean precisas, incluso de orden penal, contra quien vierta acusaciones infundadas o difunda informaciones falsas, en defensa del buen nombre y prestigio profesional tanto de la firma como del conjunto de profesionales que la integran".

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