Almaraz entra en vía muerta

En Almaraz siguen esperando. En la comarca la inquietud se agrava cada día más. Pasan los meses y el tira y afloja de las dos partes apenas avanza. Sobre la mesa lo único que sigue inalterable y va ganando visos de cumplirse es el cierre programado de la central nuclear en noviembre de 2027. Es el escenario que todos los pueblos del entorno no quieren, contra el que se manifestaron hace ya seis meses. Pero desde entonces pocas cosas han cambiado. El impase en el que ha entrado la cuestión se aproxima cada vez más al final de la instalación tras más de cuatro décadas en funcionamiento.

Gobierno y energéticas continúan invariables en sus exigencias y condiciones para pactar una prórroga. Unos recordando que el calendario de cierre se acordó en 2019 y que no habrá rebaja de presión fiscal como exigen los gestores de las centrales. Las energéticas tampoco ceden en su condición de que sólo seguirán explotando las centrales si se les mejoran las condiciones tributarias para hacer viable económicamente la generación de energía nuclear.

La fotografía actual es que Almaraz, y con ella el resto de la red de centrales, ha entrado en vía muerta. Pese a que los contactos se mantienen, los avances no se vislumbran. Hace semanas que no hay cambios ni movimientos en las posiciones. Incluso empieza a verse decisiones que apuntan hacia un escenario postnuclear en Almaraz. Los mensajes que hace unas semanas auguraban una posible reversión del calendario de cierre de las centrales han ido perdiendo intensidad.

El último en evidenciar la distancia ha sido el presidente de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán reconoció este miércoles que sin un cambio legislativo, sin una rebaja fiscal de la carga que soportan las instalaciones nucleares, no solicitarán ninguna prórroga. Incluso puso el foco sobre el Ejecutivo al recordar que es él quien “confecciona las políticas”. El Gobierno no tardó en contestarle. Lo hizo la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen: “La rebaja fiscal no es una vía que desde el Gobierno podamos emprender”. O lo que es lo mismo, si las energéticas quieren seguir explotando las nucleares lo tendrán que hacer en las mismas condiciones que en la actualidad.

"No podemos operar a pérdidas"

La rentabilidad económica de la actividad nuclear es el nudo gordiano de este pulso. Fuentes del sector energético consultadas por El Independiente insisten en que con la actual presión fiscal es inviable seguir, “no podemos operar a pérdidas”, aseguran. Recuerdan cómo la pasada primavera o incluso la primavera del año 2024 tuvieron que parar centrales nucleares por los precios del mercado: “¿Algo que te da pérdidas para qué lo vas a mantener funcionando?”.

El tren de la prórroga parece parado en la misma estación en la que estaba en enero pasado, cuando en Almaraz una manifestación multitudinaria y multipartita –PSOE incluido- reclamaba la continuidad de la central. Pero a día de hoy sigue en vigor el cronograma para desmantelar las cinco centrales y siete reactores entre 2027 y 2035.

Ni siquiera las energéticas parecen ponerse de acuerdo entre sí. En el seno de la junta de propietarios de Almaraz no existe unanimidad. Iberdrola es la principal propietaria con el 53%, seguida por Endesa con el 36% y Naturgy con el 11%. El pasado mes de junio el Ministerio de Transición Energética recibió una carta en la que se planteaba una propuesta para modificar los plazos de cierre intermedios y retrasar así el primero de los cierres al menos hasta 2030. Pero la misiva sólo estaba rubricada por Iberdrola y Endesa, no por Naturgy ni EDP, las otras dos energéticas con intereses nucleares en España.  

La gasista que lidera Francisco Reynés ha ido modulando su posición ante el cierre programado. Recientemente apeló a la oportunidad de prolongar la vida útil de la central de Almaraz hasta 2030 y entre tanto seguir explorando el futuro del sector. El peso de Naturgy en la infraestructura nuclear en España apenas se reduce al 11% de Almaraz y el 34,5% de Trillo I. En realidad, el verdadero negocio de la compañía está en el gas y los ciclos combinados, su gran motor. No hace mucho tiempo Naturgy no ocultaba que el respaldo al sistema energético una vez desaparecida la energía nuclear –hoy representa casi el 20% del mix de energía- podrían brindarlo los ciclos combinados. Según el PNIEC, la potencia de los ciclos combinados se mantiene invariable hasta 2030 y Naturgy es a día de hoy la que más potencia posee: 7.427 MW. De ahí que un hipotético cierre nuclear no sería necesariamente el peor escenario para Naturgy. En una estructura energética sin centrales nucleares y basada en energías renovables, como plantea el Gobierno, el refuerzo de los ciclos combinados podría incrementarse y beneficiar a Naturgy.

Primeras medidas para la era 'postnuclear'

Además, seguir operando no será barato. Prolongar la vida útil de las centrales requiere inversiones millonarias por parte de las energéticas en forma de adquisición de combustibles, personal y refuerzos de las instalaciones. Hacerlo con un horizonte en el que la rentabilidad de la generación energética es incierto está frenando el consenso de todos los agentes implicados.

En este escenario de impasse entre Gobierno y energéticas, el Ejecutivo ha comenzado ya a prepararse para el día después. La fecha de cierre de Almaraz está próxima. Sobre el calendario, apenas dos años. Poco margen para los plazos en los que operan este tipo de instalaciones. En Gobierno aprobó recientemente una batería de medidas para el refuerzo de la red de alta tensión. Entre las muchas actuaciones se incluía la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Red Eléctrica de España en Almaraz. Una medida que busca apuntalar el control de la tensión en toda esa área en un escenario de nuevas conexiones de plantas de energía renovable y con las que se compensaría la suspensión del aporte nuclear. Menos energía nuclear y más renovable requiere un refuerzo en el control de la inercia de la red.

Los plazos aún no son irreversibles. Los expertos aseguran que incluso se podrían apurar hasta el primer trimestre del próximo año. A partir de entonces sería complicado poder preparar a la red nuclear española para una prolongación de su vida útil. El año y medio que se requeriría para completar los procesos de formación y cualificación de personal y de abastecimiento de suministros impediría   completarlo antes de noviembre de 2027.   

Prorrogar su vida útil sin que nada cambie parece complicado. El Gobierno insiste en que una de las líneas rojas es que no cueste ni euro más a los consumidores. Rebajar los impuestos supondría encarecer las facturas, recuerda insistentemente Aagesen. Por eso ‘blinda’ esta exigencia. Pero desmantelar las cinco centrales y gestionar sus restos radiactivos tampoco será ni barato ni sencillo. Desmontar la infraestructura nuclear en España a lo largo de una década tendrá un coste estimado de 20.000 millones de euros. El Ejecutivo ya ha dejado claro que toda esa factura la deberán sufragar las compañías a través de impuestos, en particular de la ‘Tasa Enresa’.

La 'Tasa Enresa', el nudo gordiano

Es esta tasa el principal dolor de cabeza de las energéticas. Denuncian que se ha subido de modo disparatado en los últimos años y que además se ha incumplido el compromiso de no hacerlo que se adquirió en 2019. La ‘Tasa Enresa’, dedicada a sufragar el desmantelamiento y gestión de residuos, absorbe, según un informe de PwC, 10,3 euros de los 28,2 euros por MWh que se pagan en impuestos.

Es sólo uno de los muchos tributos que se pagan en las centrales nucleares. Además, está el llamado impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado que supone 5,1 euros el MWh; el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que representa 4,85 euros. A todas ellas se suman las ecotasas, un impuesto fijado por las comunidades autónomas por el impacto en el medio ambiente y que representa 4,77 euros el MWh. Finalmente, se encontraría el resto de impuestos como el IBI, IAE, la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear, etc. El Foro Nuclear insiste en que esa carga fiscal hace “insostenible” la viabilidad económica de las centrales. Recuerda además que varios de los tributos que se les aplican “son redundantes” con objetos y bases imponibles “duplicados”.

Y si finalmente el cierre de la era nuclear en España se ejecuta, ¿está España preparada para gestionar un final tan singular como el nuclear? A día de hoy, no. Las infraestructuras necesarias en muchos casos sólo están proyectadas y las ya existentes empiezan a saturarse y situarse al límite de su capacidad de almacenamiento de residuos radiactivos.

El plan prevé distintos tipos de almacenes, unos para las fases iniciales, otros para las intermedias y los almacenes subterráneos definitivos. La dificultad no radica únicamente en su construcción sino también en su localización, en poder determinar quién y dónde estará dispuesto a acogerlos. Por el momento, los próximos almacenamientos se construirán en las instalaciones de las propias centrales.