Las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) de la pandemia por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) coinciden con las advertencias que llevan años denunciando los sindicatos de funcionarios del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz.

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"Como consecuencia de la falta de una plantilla suficiente para atender de forma adecuada las funciones que tiene encomendadas, la calidad y eficacia de los servicios de protección social que el SEPE presta a los ciudadanos podrían estar viéndose afectados", alerta el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la medida laboral estrella que puso en marcha el Gobierno para evitar una oleada masiva de despidos por la pandemia.

El órgano fiscalizador que preside Enriqueta Chicano asegura haber "verificado una pérdida continuada de personal funcionario de carrera en la dotación efectiva de la plantilla del SEPE", y subraya que disminuyó un 14,9% entre 2018 y 2022. Una caída de 855 personas que se ha ido agravando sin que el ministerio que dirige Díaz lo haya conseguido paliar.

"Nadie quiere trabajar allí", advierte Manuel Galdeano, coordinador nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el SEPE. El organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo arrastra desde hace años un déficit de plantilla que cifra en alrededor de 3.500 funcionarios. Ahora mismo, cuenta con 7.270 empleados, de los que casi 500 son interinos o eventuales.

Precisamente, el informe del Tribunal de Cuentas afea el recurso "sistemático" que hace el Gobierno a este tipo de contratos para paliar el déficit de funcionarios de carrera en el organismo. Dicho colectivo aumentó en un 47,35% en el período analizado. Y el informe del órgano fiscalizador considera que la situación "evidencia un déficit estructural y permanente de su plantilla" y considera que "no debería ser suplido, de forma recurrente, mediante la contratación de personal interino".

Hace unos meses, tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) remitieron una carta a Trabajo donde reclamaban a Díaz paliar de forma urgente la situación laboral del organismo ante la previsible situación de colapso que podía producirse en la gestión de prestaciones. Pero la falta de interés por trabajar en el SEPE quedó reflejado en el último concurso de puestos de trabajo resuelto en febrero, donde únicamente se cubrieron 598 plazas de las 1.374 ofertadas; solo el 44% del total.

La escasez de trabajadores, avisan los sindicatos, se agrava anualmente por las jubilaciones de una plantilla con una edad media ya de por sí elevada. El 56% de los empleados tiene más de 50 años y el 20% está a las puertas del retiro laboral. Pese a una convocatoria extraordinaria de 926 plazas en 2021, las jubilaciones en los últimos tres ejercicios han supuesto 1.200 bajas.

Oficinas con poco personal

La vicepresidenta del Gobierno atribuyó en una reciente comparecencia parlamentaria la escasez de trabajadores del organismo al último Gobierno del Partido Popular. El informe del Tribunal de Cuentas insta al departamento de Yolanda Díaz a "adoptar las medidas necesarias" para evitar la pérdida de personal y reclama "la aprobación de una relación de puestos de trabajo adecuada y con dotación suficiente que le permita disponer de una plantilla estable".

Desde CSIF recuerdan además que el 55% de las 711 oficinas de atención presencial en todo el territorio nacional están infradotadas de personal. Siete de esas oficinas no disponen de ningún empleado; 59 tienen solo uno; 143 cuentan con solo dos; y 86, tiene tres. Otras 77 disponen de solo cuatro y 65 cuentan con únicamente cinco trabajadores.

La falta de empleados, añaden los sindicatos, se traduce en un deterioro de los servicios públicos. Además de retrasos en las tramitaciones y un aumento del uso de la vía telemática, algunos ciudadanos recurren al sector privado para realizar determinados trámites; ya sea por falta de conocimientos digitales o porque no entienden cómo realizar las gestiones. "No puede ser que la gente deba pagar por un servicio público", lamenta Galdeano en conversación con El Independiente.

Más trabajo con fallos informáticos

Asimismo, también denuncian la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentan por la escasez de personal. En enero de 2025, el SEPE atendió un 32% más de citas que en el mes anterior; de 434.741 consultas en diciembre pasó a 577.422 en enero. "La carga de trabajo no baja ningún mes, se mantiene y en verano la carga es todavía mayor. A ello se suma que no es un sitio retributivamente atractivo para el que se exige mucha cualificación", puntualiza el coordinador nacional de CSIF en el SEPE.

Los problemas de plantilla se ven agravados ahora con la paradoja tecnológica que afecta al organismo. La reciente implantación de la aplicación informática ALMA, adjudicada por 20 millones de euros, fue concebida como una herramienta para agilizar la gestión de subsidios y la pasarela al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, nueve meses después de su puesta en marcha, los sindicatos denuncian que presenta fallos e incidencias diarias que retrasan significativamente la tramitación de expedientes.

El informe de fiscalización sobre la gestión de las prestaciones por ERTE-Covid afea la ausencia de una aplicación informática específica y constata que hubo "resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas" así como una "falta de coordinación entre autoridades laborales" . En la pandemia, recuerda Galdeano, "las jornadas diarias eran de 14, 15 y 16 horas incluidos sábados y domingos". "La carga de trabajo fue bestial. No he visto en 37 años trabajando en el organismo algo igual", abunda tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas.

Este último señala la carencia de información clave para que el SEPE pudiese verificar la existencia de causas de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo. La fiscalización ha revelado que 10.896 beneficiarios cobraron prestaciones por desempleo por valor de 25,4 millones de euros sin que su inactividad fuera comunicada.

Asimismo, el órgano fiscalizador considera que hay "indicios de incumplimiento" en las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de trabajadores. Se trata de cifras bastante elevadas en relación al total de beneficiarios. En total, fueron más de 558.000 empresas y 4,14 millones de trabajadores, con un coste público de 18.272 millones de euros en prestaciones por desempleo y 7.964 millones en exoneraciones de las cuotas de cotizaciones sociales.

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