Una ayuda 30.000 euros para el alquiler de una casa con opción a compra. Es la última promesa del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda. El propio jefe del Ejecutivo se encargó de anunciar ante su grupo en el Congreso el impulso de una fórmula residual pero en auge en el mercado inmobiliario. Algo para que quienes no tienen los ahorros necesarios para conseguir una hipoteca puedan acceder a la vivienda en propiedad.

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Sin mayor detalle, la medida podría hacer saltar las alarmas en un mercado ya de por sí tensionado, con precios creciendo a doble dígito tanto en alquiler como en compraventa. Regar con ayudas directas a los inquilinos -que pasan directamente al bolsillo de los propietarios- podría ser otro incentivo más en la espiral de precios. Pero la medida del Gobierno tiene bastante letra pequeña.

¿Para qué tipo de vivienda?

La ayuda operará solamente para nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO), precisan a El Independiente fuentes del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez. Y no solo eso, sino que deberán haber sido construidas en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 que el Gobierno pretende poner en marcha.

¿Hasta qué edad?

Además, quienes decidan dar el paso y comprar la vivienda en la que viven de alquiler deberán tener como máximo 35 años. En ese momento de la compra se hará efectiva la ayuda, que será descontada del precio por el que se cierre la compraventa del activo. "Es decir, el precio abonado por las rentas del alquiler supone el pago por adelantado de la futura compraventa; y la ayuda estará destinada al pago del alquiler, lo que permitirá a la persona joven ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad", indican desde el Ministerio.

¿A cuántas personas beneficiará?

Lo que no aclaran todavía son cifras de potenciales beneficiarios, pues eso queda al albur de la concreción del Plan con cada gobierno regional. Se trata de algo del todo incierto, pues de momento todos los controlados por el Partido Popular rechazan aplicar muchas de las medidas contempladas en la Ley Estatal de Vivienda aprobada la pasada legislatura. Medidas como la declaración de zonas tensionadas que permiten aplicar topes de precios en el alquiler.

Para intentar que todas las Comunidades se adhieran, el Gobierno ha promedito elevar la financiación del plan desde 2.300 millones de euros a 7.000 millones en los próximos cinco años, de los que el Estado central asumirá el 60% y el otro 40% será cofinanciado por las CCAA. Además, condicionará los fondos estatales a la aplicación de medidas por parte de los ejecutivos autonómicos que faciliten el acceso a la vivienda.

¿A qué precios se podrán comprar y vender?

La principal premisa del departamento que dirige Isabel Rodríguez es evitar lo que ha pasado hasta ahora con la vivienda pública; que tras haber sido construida con dinero público, pueda ser descalificada al cabo de unos años y ser vendida por su propietario a precios de mercado libre. Con la fórmula elegida, desde el Gobierno dicen querer "blindar las viviendas pagadas con recursos estatales frente a la especulación".

"Al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. Eso quiere decir que si en el futuro se quiere vender esa vivienda, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior propietario", subrayan desde el Ministerio de Vivienda.

Ayudas para el mundo rural y seguro de impagos

Al margen de esta medida, Sánchez anunció este lunes también una ayuda a la compra en municipios de 10.000 habitantes o menos para la emancipación de personas jóvenes. Se trata de una ayuda de más de 10.800 euros, que no podrá superar el 20% del coste de adquisición de la vivienda. Eso sí, desde el Ministerio no aclaran si esas viviendas tendrán que tener algún grado de protección.

Por otro lado, Sánchez también ha avanzado que su intención es aprobar en los próximos meses el seguro de impago de rentas de alquiler para jóvenes anunciado hace meses. Las rentas a las que se da cobertura son aquellas cuyo importe mensual no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar que figura en el contrato. "Es una herramienta que va a dar garantías a propietarios e inquilinos para contratos de alquiler", explican desde el Ministerio.

Partidos y sindicatos piden más ambición

Entre los socios de la propia coalición de PSOE y Sumar, las medidas tampoco han levantado gran entusiasmo. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado la medida. "Menos Bizum a los caseros y más intervenir para que unos pocos no acaparen las casas de todos", ha dicho el diputado de la formación valenciana Compromís.

Entre los partidos que apoyan al Gobierno en el Congreso, tampoco ha despertado muchas expectativas. "Un parche más. Si subvencionas la demanda sin intervenir el mercado alimentas el bucle eterno de la especulación. Con dinero público además", ha criticado en la red social X el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián.

Los grandes sindicatos también han sido tibios en su reacción. "Sin perjuicio de la utilidad de cada una de estas tres medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, son por sí mismas insuficientes para abordar el verdadero problema económico y social en el que se ha convertido el acceso a la vivienda para cada vez más personas", señalaron desde Comisiones Obreras (CCOO) y UGT en un comunicado conjunto.

"El problema de la vivienda ya no sólo afecta a las personas jóvenes, hoy las dificultades para acceder a una vivienda se han generalizado independientemente de la edad", concluyeron.

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