Casi la mitad de los jubilados cobra menos del salario mínimo

Casi uno de cada dos jubilados en España —el 47,98%— cobra una pensión inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2025 se sitúa en los 1.184 euros mensuales. En total, 3.267.251 personas, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 1 de agosto. Este dato contrasta con la cuantía media de la pensión, situada en 1.507,55 euros, y refleja una realidad incómoda. La mitad de los jubilados vive con ingresos mensuales que no alcanzan el salario mínimo.

De hecho, la pensión modal, es decir, la pensión que más veces se repite entre el total de jubilados españoles, es la que comprende una cuantía de entre 800,01 euros y 850 euros, que concentra al 8,76% del total (578.239 jubilados). Además, el siguiente tramo con la cuantía más frecuente y que corresponde al 7,73% de jubilados (510.284) es el que se sitúa entre los 850,01 euros y los 900 euros. Es decir, 1.088.523 jubilados cobran mensualmente una pensión de entre 800,01 y 900 euros.

Asimismo, resulta paradójico que, mientras que más de un millón de jubilados percibe entre 800 y 900 euros al mes, la siguiente cohorte más numerosa se encuentra en el extremo opuesto. En total, 333.344 pensionistas —el 5,05% del total— cobran entre 3.200,01 y 3.267,58 euros. Una fotografía de extremos que ilustra la compleja estructura del mapa de pensiones en España.

Blindar las pensiones al IPC

Esta disparidad se produce pese a la reforma impulsada por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y actual gobernador del Banco de España, por la que se establecía que las pensiones se revalorizarían anualmente en función de la inflación del ejercicio anterior. A través de este mecanismo, las prestaciones han crecido un 14,8% desde 2022: un 2,5% en 2022, un 8,5% en 2023 y un 3,8% en 2024. Sin embargo, estas subidas no han logrado compensar la baja cuantía de más de 3,2 millones de jubilados, que siguen percibiendo pensiones inferiores al salario mínimo.

En paralelo, las cuentas de la Seguridad Social siguen en rojo. En los primeros cinco meses de 2025, ha arrastrado un déficit contributivo —es decir, cuando se excluyen las transferencias del Estado como fuente de ingresos— de 3.450 millones de euros. De hecho, de todos los subsectores de la Administración Pública, la Seguridad Social es la que ha presentado hasta julio el mayor incremento de su deuda respecto del año previo. Se ha disparado un 8,6%, hasta los 126.000 millones de euros.

En este sentido, el blindaje de las pensiones a la evolución del IPC ha supuesto un agujero significativo. Solo en 2025, supondrá el desembolso de 6.703,6 millones de euros, según los cálculos del informe Estimación del coste de la revalorización de las pensiones y del gasto en pensiones para 2025, elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. Un conjunto de expertos economistas de la Universidad de Valencia, la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos que desde hace años estudia la manera de hacer sostenible el pago de las pensiones.

Sin embargo, pese a este esfuerzo presupuestario, la realidad es que más de 3,2 millones de jubilados siguen cobrando por debajo del salario mínimo, mientras otros perciben cuantías muy superiores que también se benefician de la misma revalorización. Este contraste abre un debate profundo: cómo garantizar el poder adquisitivo de quienes menos tienen sin comprometer unas cuentas públicas ya tensionadas.

De ahí que distintos organismos hayan defendido fórmulas intermedias. Fedea, por ejemplo, ha planteado que solo las pensiones más bajas mantengan la actualización íntegra al IPC, mientras que las más elevadas asuman un ajuste parcial que contribuya a contener el gasto total y aliviar la presión sobre la Seguridad Social.