Los tres sindicatos mayoritarios de los empleados públicos —CSIF, UGT y CCOO— amenazaron con un calendario de movilizaciones graduales que concluirían con una jornada de huelga a nivel general en diciembre si el Ministerio de Función Pública mantenía el sueldo de los funcionarios congelado. La amenaza de la primera huelga general de funcionarios a la que se tendría que enfrentar Pedro Sánchez desde que gobierna tuvo efecto. Función Pública renovó su organigrama y una hora antes de que se iniciase el calendario de movilizaciones sindicales, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, citó a los representantes para retomar las conversaciones.

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La reunión se emplazó para este miércoles y las fuentes sindicales consultadas por El Independiente señalan que "Función Pública se ha puesto las pilas". Durante el encuentro, el ministerio liderado por Óscar López ha anunciado un calendario con reuniones semanales en el que, en cada una de ellas, se abordará un tema. El 11 de noviembre se tratarán cuestiones en materia de empleo público y el 19 de noviembre, el ministerio presentará su propuesta de subida salarial, ya que, "por el momento, desconocemos la letra pequeña de la propuesta".

Acuerdo salarial

Con sueldos congelados y sin proyección salarial clara a futuro: así han estado los empleados públicos durante diez meses. El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI fijó las subidas salariales para el trienio 2022 y 2024: un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, además de dos incrementos adicionales del 0,5% vinculados a la evolución de la inflación y del crecimiento económico (a través del PIB). Pero el Acuerdo expiró y, de hecho, la última subida del 0,5% se aprobó en julio del presente ejercicio, un retraso que las organizaciones interpretaron como una muestra más del escaso compromiso del Ejecutivo con el colectivo.

Sin embargo, según trasladan las fuentes sindicales, parece que la actitud del Ministerio ha cambiado. Con el nuevo organigrama —Consuelo Sánchez Naranjo como nueva secretaria de Estado de Función Pública y María Hilda Jiménez como directora general de Función Pública—, el departamento ha mostrado mayor disposición a cerrar un pacto antes de que concluya 2025.

Función Pública ha planteado a los sindicatos su intención de negociar un nuevo acuerdo que sustituya al anterior y que mantendrá el mismo esquema salarial: una parte fija y otra variable, ligada a la evolución de los indicadores macroeconómicos. Además, el acuerdo volverá a ser plurianual y abarcará tres ejercicios: 2026, 2027 y 2028, lo que implica comprometer las subidas más allá de la actual legislatura, dado que en 2027, Pedro Sánchez deberá convocar elecciones generales.

Por su lado, la propuesta para revertir la congelación salarial de 2025 también se incluirá en el nuevo Acuerdo Marco, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. No obstante, los sindicatos han exigido que esta subida se incluya "claramente diferenciada" del acuerdo trienal y que, como mínimo, corrija la inflación de este año —en el 3,1%, según el dato del IPC de octubre—. “Esa propuesta económica debe al menos corregir el IPC de este año”, subrayó Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, quien recordó que los empleados públicos “acumulan más de un 20% de pérdida de poder adquisitivo desde 2010, cuando comenzaron los recortes en las nóminas”.

Acuerdo en materia de empleo

El siguiente eje de trabajo será el empleo público, un ámbito que los sindicatos consideran "crítico" por la elevada temporalidad y el envejecimiento de las plantillas. Según trasladan los agentes sociales presentes en la mesa de diálogo, el objetivo del próximo martes será abordar un plan que permita reducir la temporalidad —que duplica la tasa del sector privado— , rejuvenecer la función pública y garantizar que las vacantes se cubran sin demoras.

Las organizaciones han señalado la necesidad de ejecutar las ofertas de empleo público (OEP) dentro de los plazos, evitando convocatorias que se alargan años o plazas que se pierden por falta de tramitación. Por ello, han reclamado que se adopten mecanismos ágiles de selección —con modelos ya aplicados en ámbitos como el educativo, donde los procesos se resuelven en meses— y que ningún proceso supere un año desde su convocatoria.

Y otro de los debates prioritarios tendrá que ver con la cuestión de la temporalidad en el sector público. Los sindicatos han querido recordar que el exceso de empleo temporal en la Administración no solo tensiona los servicios públicos y precariza miles de puestos, sino que además ya ha tenido consecuencias económicas para España. La Comisión Europea descontó un ajuste de 620 millones de euros en el quinto desembolso de fondos europeos tras constatar el incumplimiento del objetivo de reducción de interinos.

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