El Gobierno ha puesto en marcha la nueva entidad de vivienda pública estatal, un año después de que Pedro Sánchez la anunciase por todo lo alto. A diferencia de la presentación del Plan Auto 2030 de este martes, el jefe del Ejecutivo dejó sola la titular del ramo en la puesta de largo de una sociedad que surge de poner un nuevo nombre a la antigua Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Ahora se llamará Casa 47, en referencia al artículo de la Constitución que establece el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los españoles.

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Entre las condiciones económicas para poder acceder a los alquileres del parque de vivienda pública, el Gobierno ha fijado unos umbrales máximos y mínimos de renta para que -según sus cálculos- pueda acceder el 60% de la población. Según la cartera que dirige la ministra Isabel Rodríguez, sus ofertas se dirigirán "al conjunto de la clase media y trabajadora", aquellos que cobran rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Este indicador que fija el Gobierno y que se usa habitualmente como baremo para marcar el acceso a las ayudas públicas se sitúa en 8.400 euros en 14 pagas. Por tanto, podrían acceder aquellos que cobran hasta 63.000 euros brutos al año, lo que supone un sueldo neto mensual de 3.000 euros. Los hogares que tengan ingresos por debajo de los 16.800 euros, en cambio, quedarán excluidos de la posibilidad de acceder a este tipo de vivienda.

Según el Ministerio, "a las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social". En el lado superior de la horquilla, el Gobierno dice que "a las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre".

La nueva empresa pública fijará el precio de los alquileres de las viviendas "en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas". Además, el Ejecutivo presume de que por primera vez el precio del alquiler se fijará "en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir" el activo inmobiliario. "De esta forma, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio", subraya el Ministerio en un comunicado.

La creación de la nueva empresa pública se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Y se espera que ahí se ofrezca algún detalle más sobre los requisitos económicos o de otro tipo que se fijarán para poder acceder a una vivienda de su parque. Desde el Ministerio no han facilitado más información sobre posibles condiciones adicionales o limitaciones por nivel patrimonial de los aspirantes a alquilar esas casas.

Eso sí, los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas cada 14 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso".

La nueva empresa tendrá una cartera de viviendas de construcción propia, pero también se nutrirá de la incorporación de casas y suelos del Estado procedentes de ministerios como Hacienda, Defensa o Interior. Asimismo, también se engordará con 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esos terrenos tienen capacidad para albergar otras 55.000 casas en los próximos años.

La entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio en lo que va de año. Próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda.

En el seno del Gobierno, las medidas de Vivienda no terminan de entusiasmar. Aunque en el lado de Sumar celebran la iniciativa de poner en marcha la nueva empresa, reclaman mayo intervención en el mercado del alquiler. Las medidas propuestas por el socio minoritario del Ejecutivo no han sido aceptados por el PSOE.

Este mismo jueves, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, expuso que hay 630.000 contratos de alquiler firmados tras la pandemia que caducarán a lo largo de 2026. Sus inquilinos se enfrentan a renovaciones de dos dígitos por parte de los caseros y a un mercado de precios disparados y sin opciones para pasar al modelo en propiedad por falta de recursos para afrontar una entrada u obtener una hipoteca.

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