La subida del precio de la vivienda nueva registró una ligera ralentización en el tercer trimestre y acumula tres meses de caídas en el ritmo de crecimiento. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), subió un 9,7%, mientras que en trimestres anteriores su alza estaba por encima del 12%. Eso sí, se sitúan en niveles de precios máximos.

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Por contra, el nivel de subida del precio de la vivienda de segunda mano siguió creciendo, hasta marcar un alza récord de un 13,4%. Se trata de una aceleración muy notable, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del año pasado los precios crecían al 7,9%.

De media, entre vivienda nueva y usada, el crecimiento de los precios es del 12,8%. Se trata del ritmo más elevado en 18 años, con 42 alzas trimestrales consecutivas en el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el INE.

Por Comunidades, los precios presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el tercer trimestre. Las mayores subidas de precios se produjeron en Región de Murcia (15,0%) y Aragón (14,6%). Las menores, en Comunidad Foral de Navarra (10,9%) y Cataluña (11,3%).

Mientras el sector niega que haya una burbuja inmobiliaria como la de 2007, todas las miradas se centran en el desequilibrio entre oferta y demanda. Especialmente, en los grandes núcleos urbanos y las grandes capitales, donde se concentra el grueso del empleo.

El último Observatorio de BBVA Research en la materia subraya que la nueva producción de vivienda "avanza pero lo hace a un ritmo inferior al deseado". La firma de visados de vivienda de obra nueva muestra un crecimiento de casi el 7,6 % interanual en los ocho primeros meses del año.

"Un avance que aún es insuficiente para dar respuesta a la demanda insatisfecha acumulada entre 2021 y 2025 (625.000 hogares). Hasta que no se acelere el proceso de transformación del suelo, aumente la seguridad jurídica y se solvente la falta de mano de obra, los avances seguirán siendo lentos", abunda.

También estima que la construcción de vivienda nueva crecerá (10% 2025 y 12% en 2026), pero "de manera insuficiente" y no evitará que el precio de la vivienda suba tanto en 2025 (10%, en promedio anual) como en 2026 (7%). No en vano, las viviendas terminadas entre 2021 y 2025 tan sólo habrán servido para el 45 % de los hogares creados.

El estudio refleja también que el precio "en términos reales, aún se sitúa un 30% por debajo de los máximos de 2007". Asimismo, avisa de que la falta de oferta a precio asequible puede limitar el avance de las ventas. Se espera que, en promedio anual, crezcan en el 1,8% en 2025 y que se estanquen en 2026 (-0,3 %).

Y lo que puede limitar también es la llegada de inmigrantes. Así lo expuso esta semana el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, durante la presentación de las previsiones económicas de las comunidades autónomas para 2025 y 2026. "El precio de la vivienda es una variable que tenemos en cuenta y que explica nuestra previsión de una moderación de la entrada de inmigrantes en España", dijo.

Según sus cálculos, el crecimiento será inferior al registrado desde 2021. Desde la institución prevén la llegada a España de alrededor de 850.000 extranjeros en el periodo 2025-2027, lo que representaría un 15% menos que en el trienio previo, cuando llegaron más de un millón de inmigrantes. 

El informe de BBVA Research recuerda que la escasez de producto también aqueja al alquiler, donde las rentas muestran subidas más intensas que las del producto de venta
(34% vs 22% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2019). Frente a este problema, y visto que las medidas de la ley estatal de Vivienda no son aplicadas por las Comunidades Autónomas, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva empresa pública de vivienda.

Según la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo prevé poner en alquiler miles de viviendas y promover la construcción de otras tantas para aliviar el mercado. Fijará precios que no podrán superar el 30% de la renta media de la zona donde se ubiquen. Y dirigirá sus ofertas a personas que cobren entre 2 y 7,5 veces el IPREM, un indicador fijado por el Gobierno y empleado para la concesión de ayudas públicas.

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