Irán se encuentra ante un punto de inflexión histórico. El levantamiento nacional de enero no fue una protesta coyuntural, sino una impugnación frontal del sistema de poder basado en el velayat-e faqih, la tutela absoluta del clero sobre la soberanía popular. La respuesta del régimen fue la violencia masiva: ejecuciones en las calles, despliegue de la Guardia Revolucionaria y de la milicia Basij, francotiradores en azoteas y represión indiscriminada.
El aparato represivo logró contener momentáneamente la movilización, pero no restauró legitimidad. El miedo no equivale a estabilidad.
El 23 de febrero de 2026, un ataque sorpresa de 250 integrantes de las unidades de resistencia de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI o MEK) contra el complejo de Jamenei en Teherán dejó al régimen en shock. Más de un centenar de integrantes de la resistencia habrían muerto o sido detenidos en enfrentamientos con la Guardia Revolucionaria. Aunque resulta difícil verificar de manera independiente todos los detalles, el hecho político es innegable: el corazón del poder dejó de ser intocable.
Cinco días después, un bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel, en el contexto de la escalada vinculada a los programas nuclear y de misiles del régimen, atacó la misma sede y acabó con la vida de Alí Jamenei. Dentro del país, la reacción fue reveladora: alivio, incredulidad y, en muchos barrios, celebraciones espontáneas. Para millones de iraníes, no era simplemente la muerte de un dirigente, sino el derrumbe del símbolo máximo de la dictadura religiosa.
La guerra implica riesgos graves y la protección de la población civil debe ser prioritaria. Pero el interrogante central es político ¿Qué sustituye al régimen del guía supremo?
Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI) durante el período de transferencia de la soberanía al pueblo, declaró que la muerte de Jamenei significa el fin de la dictadura religiosa y del propio régimen del líder supremo. Según afirmó, ha llegado el momento de instaurar la libertad y la soberanía popular en Irán.
El CNRI anunció la proclamación de un gobierno provisional basado en su Plan de Diez Puntos, cuyo precedente histórico se remonta a 1981. No se trata de una improvisación ni de una reacción oportunista ante la coyuntura, sino de un marco político elaborado durante décadas de resistencia.
Ese plan establece una transición jurídicamente delimitada. En un plazo máximo de seis meses desde su establecimiento en territorio iraní, el gobierno provisional organizaría elecciones libres y justas para elegir una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. Esta Asamblea tendría el mandato de redactar una nueva Constitución, definir el sistema republicano del país y legislar hasta la formación del primer Parlamento conforme al nuevo marco constitucional.
El objetivo declarado no es sustituir una élite por otra, sino transferir la soberanía al pueblo. El CNRI y el gobierno provisional —ha reiterado la Sra. Rajavi—no buscan el poder para sí mismos, sino garantizar que el poder emane del sufragio universal en una república democrática.
El levantamiento de enero dejó claro que la sociedad iraní rechaza tanto la dictadura de los mulás como cualquier intento de restaurar la dictadura monárquica. Cambiar el turbante por la corona no es una solución, es una repetición del ciclo autoritario. Como se coreó en las calles iraníes en enero, “abajo el dictador, ya sea el shah o el mulá”, la revolución democrática en curso no pretende regresar al pasado, sino cerrar definitivamente el capítulo de toda forma de despotismo, ya sea religioso o monárquico.
El desenlace no se decidirá en capitales extranjeras, sino en la capacidad de la sociedad iraní para transformar la revuelta en instituciones democráticas
En algunos círculos occidentales se ha insinuado un “modelo Venezuela”: preservar la estructura del régimen sustituyendo al líder supremo por otra figura interna, clérigo o no, que garantice continuidad. Esa hipótesis ignora la profundidad de la ruptura social. Tras décadas de represión y las matanzas de enero, la legitimidad del sistema está agotada. No se trata de sucesión, sino de transformación estructural.
Sra. Rajavi también subrayó ante la comunidad internacional que solo el pueblo iraní tiene legitimidad para determinar su futuro político. La resistencia democrática no solicita dinero ni la presencia de fuerzas extranjeras en suelo iraní. El destino de Irán, ha insistido, debe escribirse por los propios iraníes.
Al mismo tiempo, hizo un llamamiento directo a la unidad nacional frente a los restos de la dictadura religiosa y lo que describió como fascismo monárquico que intenta apropiarse de la revolución. Invitó al personal patriota del ejército a situarse del lado del pueblo e instó a los Guardianes de la Revolución y a las fuerzas que sostienen al régimen a deponer las armas. Estudiantes, trabajadores, sanitarios, docentes y militares patriotas, según su planteamiento, deben garantizar la protección de la población y la estabilidad durante la transición.
Irán afronta ahora dos trayectorias posibles. Una es la sustitución de un autoritarismo por otro, ya sea reciclado desde el actual aparato de poder o reempaquetado desde nostalgias del pasado. La otra es una transición estructurada hacia una república democrática, laica y basada en la separación entre religión y Estado.
La barrera psicológica ya ha sido quebrada. El levantamiento mostró la magnitud del rechazo popular. Los enfrentamientos de febrero desmitificaron la invulnerabilidad del núcleo del poder. La muerte de Jamenei eliminó el pilar central del sistema.
El desenlace no se decidirá en capitales extranjeras, sino en la capacidad de la sociedad iraní para transformar la revuelta en instituciones democráticas. La cuestión ya no es quién sucede al guía supremo, sino si el propio sistema autocrático puede sobrevivir a la voluntad de un pueblo que exige soberanía, libertad y una república democrática.
Firouz Mahvi es dirigente del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), movimiento opositor iraní.
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