El futuro de Irán no pasa por la guerra ni por el pasado

El frágil alto el fuego en torno a la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha puesto de manifiesto no solo los riesgos de una escalada regional, sino también los límites de los relatos políticos que compiten por definir el futuro del país. Ha revelado, con particular claridad, una cuestión de fondo: quién refleja realmente las aspiraciones de la sociedad iraní y quién simplemente afirma hacerlo desde fuera.

En este contexto, resulta cada vez más evidente que Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto, se ha alineado no con las sensibilidades políticas de la sociedad iraní, sino con la lógica de la presión militar externa. Durante el conflicto, fue más allá del apoyo a sanciones o al aislamiento diplomático y alentó abiertamente una acción militar occidental, presentándola como “intervención humanitaria”.

Esta postura puede encontrar eco en ciertos círculos internacionales. Dentro de Irán, sin embargo, adquiere un significado muy distinto. Amplios sectores de la población pueden oponerse al sistema actual, pero eso no implica aceptar que su país sea bombardeado o desestabilizado. Cualquier figura que afirme representar a la nación mientras respalda una presión militar contra ella corre el riesgo de socavar su propia legitimidad.

Esto remite al núcleo mismo de la legitimidad política. En Irán, no puede construirse en el exilio ni otorgarse desde capitales extranjeras. Debe asentarse en un compromiso claro con la soberanía nacional y los principios democráticos. Cuando un proyecto opositor parece apoyarse en la guerra o en la coerción externa, surgen dudas inevitables sobre si responde a la voluntad de la población o a cálculos geopolíticos.

El futuro de Irán no puede imponerse desde fuera; ni mediante bombardeos ni a través de figuras respaldadas externamente

Estas dudas se ven reforzadas por la cultura política que ha ido configurándose en torno a ciertos sectores de su base de apoyo. En distintas comunidades de la diáspora iraní en Europa, críticos han denunciado presiones, campañas de descrédito y episodios de intimidación contra voces discrepantes. Sea cual sea su grado de coordinación, estos patrones plantean interrogantes legítimos. Un movimiento que muestra dificultades para tolerar la crítica fuera del país ofrece pocas garantías sobre su compromiso con el pluralismo dentro de él.

A ello se suma la cuestión, aún no resuelta, de la memoria histórica. En entrevistas concedidas en Suecia en abril de 2026, Pahlavi afirmó sentirse “orgulloso” del legado de su familia y evitó criticar el historial del régimen de su padre. Estas declaraciones reflejan una reticencia a trazar una línea clara entre un futuro democrático y un pasado autoritario. Toda transición creíble exige precisamente lo contrario: una ruptura explícita con la represión, la censura y la ausencia de rendición de cuentas.

Con todo, el debate sobre el futuro de Irán no puede reducirse al rechazo de una figura concreta. La cuestión de fondo es qué alternativa puede generar una confianza real, tanto dentro del país como en la diáspora.

Esta pregunta resulta especialmente relevante en Europa, donde el debate político suele verse condicionado por la búsqueda de interlocutores visibles. En momentos de crisis, la visibilidad exterior se confunde con demasiada facilidad con la legitimidad interna. Sin embargo, la notoriedad en medios internacionales o en determinados círculos políticos no equivale necesariamente a arraigo social dentro de Irán.

Por ello, el foco debería desplazarse de las personalidades a los principios. Cualquier transición democrática deberá apoyarse en elecciones libres, pluralismo institucional, separación entre religión y Estado, y un rechazo claro tanto del autoritarismo actual como de las formas de poder no sometidas a control democrático del pasado.

En este marco, el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, liderado por Maryam Rajavi, ha presentado un programa basado en esos principios: un modelo republicano, elecciones libres y un orden político secular. Se trata de una de las corrientes dentro de un panorama opositor diverso, pero es también una de las pocas que ha articulado una propuesta estructurada de transición basada en garantías institucionales más que en liderazgos personales.

Para países como España, esta distinción tiene implicaciones prácticas. Madrid ha insistido en la desescalada, la contención y el respeto del derecho internacional ante el aumento de las tensiones. Pero tomar distancia de la guerra no debe interpretarse como una equidistancia entre represión y democracia, ni como una forma de acomodación hacia Teherán.

Al contrario, una política basada en la desescalada permite adoptar un enfoque más coherente: rechazar las soluciones militares y, al mismo tiempo, apoyar activamente los derechos humanos, las libertades políticas y las alternativas democráticas en Irán. Evitar la escalada no implica rebajar las exigencias políticas, sino elevarlas.

El actual alto el fuego, por frágil que sea, pone de relieve una idea esencial. El futuro de Irán no puede imponerse desde fuera; ni mediante bombardeos ni a través de figuras respaldadas externamente. Solo puede surgir de un proceso basado en la voluntad de su población y sustentado en principios que garanticen la rendición de cuentas, el pluralismo y una auténtica elección democrática.