Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han anunciado este martes su propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "de hasta el 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 16.824 euros brutos anuales y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades)", han señalado en un comunicado conjunto difundido a los medios de comunicación. Un incremento que desde las patronales condicionan a que se respeten las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores.

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En su comunicado, las patronales argumentan que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), una estadística que —según CEOE y Cepyme— ofrece "un dato más real y actualizado" que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por el Ministerio de Trabajo. Las organizaciones sostienen que la EES excluye sectores como agricultura, ganadería, pesca o empleo doméstico, altamente intensivos en mano de obra y con un gran peso de trabajadores que perciben el SMI, lo que "sobredimensiona al alza" el salario medio y, con ello, la cuantía del Salario Mínimo.

Añaden además que, si se aplicara estrictamente la referencia del 60% del salario medio según los datos de la EPA, "no cabría realizar ninguna revalorización para 2026", pues el salario mínimo ya estaría por encima de esa ratio. Pese a ello, CEOE y Cepyme defienden un incremento del 1,5% por considerarlo coherente con la subida prevista para los empleados públicos y alineado con los objetivos de la Directiva Europea sobre salarios mínimos, que llama a garantizar niveles de vida dignos, reducir la pobreza laboral, fomentar la negociación colectiva y cerrar brechas salariales, especialmente la de género.

Contraste con la propuesta sindical

Esta propuesta empresarial contrasta con la presentada por UGT y CCOO, que reclaman una subida bastante mayor. Los sindicatos plantean dos escenarios: uno en el que el SMI quede exento de IRPF —en cuyo caso proponen elevarlo un 2,7%, hasta 1.216 euros mensuales en 14 pagas— y otro en el que sí tribute, lo que exigiría un aumento del 7,5%, hasta 1.273 euros brutos al mes.

Más allá de la discusión técnica, ambas centrales insistieron en que el Gobierno debía garantizar que el SMI siguiese cumpliendo el mandato de la Carta Social Europea, que fija como referencia el 60% del salario medio neto. En este sentido, los sindicatos recordaron que el salario mínimo español —pese a haber crecido un 61% desde 2018— seguía lejos de los niveles de países como Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda o Francia, y reclamaron "normalizar" su tributación en el IRPF para evitar que quienes cobrasen el SMI quedase fuera del sistema fiscal mientras otros trabajadores con convenios ligeramente superiores sí tenían que contribuir.

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