La pensión media de los funcionarios supera en casi 1.200 euros la del resto de jubilados

Este jueves, el Ministerio de Hacienda ha publicado la estadística correspondiente al mes de noviembre sobre el número de pensionistas adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado y el importe total que la Administración ha tenido que desembolsar para hacer frente al pago de sus pensiones. Se trata de un régimen cerrado a nuevas incorporaciones desde 2011, pero sigue concentrando prestaciones más elevadas que las del resto del sistema, pese a que quienes se jubilan ahora lo hacen con carreras laborales más largas y bases de cotización más altas.

Así, según los datos del ministerio, el sistema de la Seguridad Social contaba en noviembre con 473.850 pensionistas que fuerona antes empleados públicos a los que el Estado ha abonado unos 1.280 millones de euros, concretamente, 1.280.242.093,46 euros. Esta cifra sitúa la pensión media de jubilación de los funcionarios en los 2.701,79 euros mensuales, lo que representa una diferencia de casi 1.200 euros más que la del resto de jubilados del Régimen General, que en noviembre percibieron 1.511,51 euros, de media.

Estas cifras, además, no reflejan el impacto que tendrá la revalorización de las pensiones prevista para el próximo ejercicio conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), fijada por el Ministerio de Seguridad Social en un 2,7%. Mientras que en el Régimen General, la revalorización supondrá de media unos 40,8 euros extra al mes, en el caso del Régimen de Clases Pasivas la cuantía será superior, al contar con pensiones más elevadas, en concreto, de unos 73 euros al mes de media.

7.000 millones más en 2026 por la revalorización

Este mayor impacto de la revalorización en las pensiones más elevadas es precisamente uno de los elementos que ha llevado a distintos organismos a cuestionar la aplicación uniforme del IPC a todas las prestaciones en un contexto de endeudamiento disparado de la Seguridad Social. En este sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha defendido la conveniencia presupuestaria de introducir una actualización diferenciada. Es decir, que las pensiones más bajas mantengan íntegramente su poder adquisitivo conforme a la evolución de la inflación, mientras que las de mayor cuantía se revaloricen parcialmente, asumiendo una pérdida de poder adquisitivo. De esta forma, se limitaría el crecimiento del gasto en pensiones sin recortar las prestaciones de las personas más vulnerables.

Un planteamiento que cobra dimensión cuando se amplía la perspectiva de las magnitudes que maneja el sistema. Según las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el gasto total en pensiones para 2026 se aproximará a los 229.481 millones de euros, un 5,81% más respecto de 2025. Y de ese incremento, "la revalorizacón explica 7.311 millones (58% del total), mientras que el número de pensiones y el efecto sustitución aportan 5.299 millones (42% del total)". Un volumen de gasto que condiciona de forma creciente el equilibrio financiero del sistema.

El otro agujero: las bajas laborales

Y es que la Seguridad Social no tiene que hacer frente solo al reto demográfico que supone la jubilación masiva de la generación del baby boom, si no que también hay otra partida que en los últimos años no ha dejado de incrementarse: las bajas laborales. En los diez primeros meses del año, la Seguridad Social ha gastado 14.953 millones de euros en el pago de prestaciones por incapacidad temporal, lo que suponen 1.506 millones más que en el mismo periodo de 2024.

Y de hecho, este jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado durante su participación en el III Foro Empresas tractoras que impulsan la economía española que, según sus previsiones, en 2025 se superarán los 32.000 millones de euros en costes por el absentismo, de los que 16.000 millones los desembolsará la Seguridad Social.

Un incremento que se produce en un contexto en el que la Seguridad Social mantiene un elevado endeudamiento. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, la deuda del sistema supera los 126.100 millones de euros, un 140% más que en 2019, cuando la cifra era de 52.000 millones, y representa el mayor incremento de endeudamiento registrado entre todas las administraciones públicas.