La Comisión Europea ha publicado este miércoles su informe anual sobre las recomendaciones de política económica para España. El documento alerta de que el Gobierno deberá apretarse el cinturón en los próximos años porque el incremento del gasto derivado del envejecimiento —pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración— triplicará el aumento promedio de la Unión Europea (UE) en 2040. Además, sitúa al país en una posición especialmente delicada a largo plazo: en 2070 tendrá el segundo mayor gasto público en pensiones de toda la UE, solo superado por Italia.

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Aunque España partía con un nivel de gasto tan solo una décima de PIB superior al europeo en 2025 —un 24,4% del PIB frente al 24,3%—, el mayor volumen demográfico, la mayor esperanza de vida y el diseño de la última reforma de las pensiones implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, provocarán que la factura asociada al envejecimiento necesite un incremento de recursos en las próximas décadas superior al de nuestros socios comunitarios. En concreto, Bruselas estima que, en 2040, España deberá aumentar su gasto en 2,8 puntos porcentuales del PIB, hasta destinar el 27,3% del PIB. En euros constantes y sonantes, supondría un desembolso adicional de unos 47.000 millones de euros, aproximadamente.

La factura española se concentra en las pensiones...

Asimismo, el dato desagregado supone que la partida de pensiones será la mayor impulsora de este gasto público, sumando 2,5 puntos, seguida por el gasto asociado a la asistencia sanitaria (+0,8 puntos porcentuales del PIB) y por el de los cuidados de larga duración (+0,2%). No obstante, no todo serán incrementos del gasto; la 'cara B' del cambio demográfico es la caída de la natalida. En este sentido, la disminución del gasto en educación restará siete décimas al PIB, aunque no será suficiente para compensar todos los incrementos asociados al envejecimiento.

... mientras la UE reparte el esfuerzo presupuestario

Por su lado, las previsiones para el promedio de la Unión Europea sitúan un avance del gasto más modesto y con una distribución distinta. El gasto asociado al envejecimiento pasará del 24,3% del PIB en 2025 al 25,2% en 2040, es decir, 1,3 puntos porcentuales más. Y en este caso, los países que componen la Unión han optado por reforzar los gastos asociados al envejecimiento de una forma más homogénea: aumentará el gasto en pensiones en 0,5 puntos porcentuales, el gasto en salud en tres décimas y el de los cuidados de larga duración en otras cuatro décimas del PIB.

De hecho, este último dato duplica el incremento del gasto que destinará España en esta partida. Circunstancia de la que también alerta la Comisión, ya que la protección social en materia de cuidados de larga duración en España es "limitada". Concretamente, el gasto asociado a cuidados asciende al 0,8% del PIB, "muy por debajo de la media de la UE del 1,7%", pese a que "el número de españoles mayores de 65 años en centros residenciales ha aumentado un 50% en la última década".

Y, como resultado, los españoles mayores de 65 años "se enfrentan a elevados gastos de su propio bolsillo en todos los niveles de necesidades de cuidados, y los riesgos de pobreza vinculados a los cuidados de larga duración siguen estando muy por encima de la media de la UE tanto para las personas con necesidades moderadas como para las que tienen necesidades graves", señalan en el informe.

Incrementar deuda o reducir gasto de otras partidas

En este contexto, Bruselas alerta de que la presión del envejecimiento "se enfrenta a importantes retos para cumplir sus compromisos presupuestarios", pero no solo a largo plazo, sino también a medio. De hecho, recoge que "las medidas detalladas en el Plan Estructural Presupuestario a Medio Plazo (PEPMP) para 2025-2028 solo abordan parcialmente estos retos y se requerirán esfuerzos adicionales para cumplir los compromisos fiscales".

Una advertencia que se alinea con la última evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. El organismo presidido por Inés Olóndriz concluía que las nuevas cotizaciones introducidas por Escrivá no serían suficientes para absorber por sí solas el impacto de la jubilación de los baby boomers. Ante ello, la Autoridad Independiente calculaba que el Gobierno deberá incrementar las transferencias a la Seguridad Social para tapar el agujero.

Concretamente, tres cuartas partes del aumento previsto del gasto en pensiones acabarán siendo sufragadas directamente con recursos procedentes de la Administración Central. Circunstancia de la que alerta la institución, ya que para financiarlo solo habrá dos vías: o reducir "los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto" o aumentar el endeudamiento. Un equilibrio difícil, ya que el aumento del gasto en pensiones coincidirá con otras presiones presupuestarias como las de defensa o vivienda, mientras Bruselas pide destinar más recursos a los jóvenes ante la creciente brecha de riqueza con las generaciones de mayor edad.