Varias empresas privadas se hicieron hace dos meses con el contrato para gestionar el parque público de viviendas que se integra en Casa 47, la empresa pública impulsada por el Gobierno para fomentar el alquiler asequible. La compañía dependiente del ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez adjudicó en junio diferentes lotes por un total de 56,13 millones de euros.
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El contrato contempla servicios como la puesta en funcionamiento de las viviendas, la atención a los inquilinos, la gestión de incidencias y las reparaciones menores. La entidad, que cuenta con una plantilla de 166 personas y gasta 7,63 millones de euros en salarios, ha entregado la gestión a compañías privadas del sector. Así consta en los diferentes anuncios de formalización de contratos publicados hace solo una semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El contrato está repartido entre cuatro lotes, que lograron llevarse dos uniones temporales de empresas (UTE). La gestión de las viviendas de Asturias y Galicia se ha adjudicado por 7,71 millones de euros. Se lo ha llevado la UTE que forman Emerald Impact Sbic, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real Estate. También se ha adjudicado el cuarto lote, que comprende la gestión en Cataluña, Navarra y País Vasco, por 9,98 millones.

El lote 3 de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, se lo llevo la UTE formada por Serveo Servicios (controlado por el fondo Portobello) y Factoría Gestión y Consultoría por 22,12 millones de euros. Esta misma unión de empresas se encargará del de Comunidad Valenciana y Región de Murcia, por 16,31 millones.

Desde Casa 47 sostienen que la contratación de empresas para la gestión de los alquileres no supone una privatización como tal del parque público. La sociedad pública dice mantener en su poder las decisiones esenciales sobre los alquileres: los precios, los requisitos de acceso, la selección de los adjudicatarios, la duración de los contratos y sus condiciones. Por su parte, las compañías adjudicatarias asumirán la gestión operativa y la relación cotidiana con los inquilinos.

Los contratos contemplan mecanismos de control y un sistema de penalizaciones y bonificaciones por la calidad del servicio. También se medirá la satisfacción de los inquilinos con el mismo a través de una encuesta anual. El pliego requería a las compañías que concurrían que acreditaran experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social durante al menos un año de los últimos tres.

Empresas como Alquiler Seguro (multada por el Ministerio de Consumo con 3,6 millones) o Hipoges, controlada por el fondo británico Pollen Street, no lograron superar el proceso de selección en la licitación, por no llegar a la puntuación mínima requerida.

Pero, de momento, el Portal de Casa 47 -una web a imagen y semejanza de los portales inmobiliarios de internet- cuenta solo con menos de 650 viviendas disponibles. Tras su presentación pública el lunes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pequeño número de casas ofertadas y la ubicación de las mismas ha suscitado amplia polémica.

Como recogió El Independiente, ninguna de las viviendas se encuentra en grandes núcleos urbanos -salvo unas pocas en Gijón-. Tampoco en las ciudades más pobladas de España como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga, donde mayor presión soportan los inquilinos que quieren acceder a una casa en alquiler. Por contra, están en su mayoría situadas en municipios pequeños del norte y el levante español.

Ante las críticas, la presidenta de Casa 47 explicó en un vídeo difundido por la ministra el porqué de la ubicación de las viviendas. Según defendió, proceden de las que se han expropiado a la Sareb. El denominado 'banco malo', que absorbió los activos 'tóxicos' de la crisis inmobiliaria, tenía por misión comercializar esas viviendas. Y "las que estaban en mejores zonas" fueron las primeras que se vendieron, justificó la máxima responsable de Casa 47.

En cambio, prometió que a final de año se incorporarán a la oferta hasta 1.500 viviendas más. El objetivo del Gobierno, dijo, es poner a disposición paulatinamente hasta 40.000 casas que pasarán a formar parte de la entidad pública. También poner en marcha la construcción de otras tantas en terrenos de diferentes ministerios como Defensa o Interior. Pero antes, se deben acometer trabajos de adecuación de los inmuebles e, incluso, labores de urbanización.