El Gobierno deja en el aire el decreto ley de vivienda: "El gran escollo sigue siendo Junts"

Estaba previsto para julio. Luego, para la vuelta de las vacaciones de verano. Y ahora los tiempos ya no están claros, ni tan siquiera si acabará llegando al Congreso. El Gobierno continúa tropezando con el real decreto ley de vivienda que prometió para antes del parón estival y que había diseñado como una de sus grandes iniciativas políticas en este tramo final de la legislatura, junto a los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Las negociaciones con los grupos están en marcha, hay avances. Pero no son suficientes. "El gran escollo sigue siendo Junts", aseguran en el Ejecutivo. Porque a sus demandas sobre esta materia, alineadas con las de la derecha, se suman las demás carpetas que colocan en el debe de los socialistas y que ponen sobre la mesa.

En el Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, mantienen la confianza en poder aprobar por Consejo de Ministros "lo antes posible" el nuevo texto, que pretende que sea "transversal" y completo, capaz de tocar varios puntos a la vez de un problema muy acuciante y sobre el que apenas ha podido avanzar en toda la legislatura por la falta de apoyos. Pero no aseguran que pueda quedar listo en septiembre, como exige Sumar. El horizonte temporal máximo sería diciembre, aunque en el departamento esperan poder sacarlo adelante "antes".

Advierten las mismas fuentes, sin embargo, que no es seguro que el decreto ley vea la luz: los socialistas son partidarios de que, si no se garantiza su convalidación en el Congreso, no se remita a la Cámara. Argumentan que no tiene sentido que se repita la misma situación que en abril: entonces, el Parlamento tumbó el decreto de prórroga de los alquileres con el voto de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. Así, el texto apenas estuvo en vigor un mes. Vivienda cree que en una cuestión tan sensible como esta no conviene crear "inseguridad jurídica" y confía en que Sumar también entienda que no cabe hacer lo mismo: aprobar una norma en Consejo de Ministros para que luego sea rechazada por el Congreso un mes más tarde.

De momento, la prioridad del Gobierno es continuar con las negociaciones con los grupos. En el equipo de Rodríguez observan buena disposición en ellos. Incluso en Podemos, que ya en julio avisó de que no aceptaría que siguiera en el borrador de decreto ley una reforma de la ley del suelo. Los morados protestaron porque Vivienda había incluido esa modificación que ya intentó tramitar por dos veces en esta legislatura y que recibió el portazo del Congreso. La formación de Ione Belarra se opone al "sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico" y al "régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados".

Los socialistas, en cambio, insisten en que los ayuntamientos, de todos los colores políticos, también del PP, consideran indispensable esa modificación de la ley del suelo para agilizar la aprobación de planeamientos urbanísticos y evitar bloqueos, y creen que ayudaría a la construcción de más viviendas. Los morados lo ven de manera muy diferente: creen que ese cambio abre "la puerta a más especulación y pelotazos urbanísticos". Pese a todo, Vivienda estima que las diferencias con Podemos pueden ser reconducibles y que el partido debe entender el alcance técnico de las revisiones legales propuestas.

De modo que sí, que el gran problema, el "gran escollo" para el Ejecutivo, admiten fuentes próximas a la ministra Rodríguez, es Junts. Nada nuevo. Los posconvergentes consumaron su divorcio con los socialistas hace casi un año y desde entonces solo apoyan aquellas iniciativas con las que están de acuerdo y tumban aquellas que rechazan. La mesa de negociación al más alto nivel, la que se encarga de limar los desencuentros y en la que se sentaban el expresident Carles Puigdemont y, por la parte socialista, Santos Cerdán primero —hasta su caída por presunta corrupción, en junio de 2025— y José Luis Rodríguez Zapatero después —imputado desde mayo por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas en su despacho—, quedó disuelta.

"Un giro de 180 grados"

Junts votó no en abril al decreto de prórroga de los alquileres aprobado un mes antes por el Ejecutivo, y desde entonces ha venido insistiendo en que el Gobierno debe asumir sus propuestas: bajar impuestos, desgravar parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios, "recuperar las cuentas vivienda, sobre todo para que los jóvenes puedan ahorrar de verdad para emanciparse", estimular la obra nueva y la rehabilitación y hacer crecer el parque de viviendas disponibles, movilizar suelo que "hoy está detenido" e invertir "de verdad" en vivienda pública. "Se necesita un giro de 180 grados", avisó ya en julio.

En el Ejecutivo indican que las conversaciones con Junts y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se han ido manteniendo en las últimas semanas, pero que el problema con ellos es siempre el mismo, que acaban abriendo carpetas de otros asuntos para garantizar su voto al decreto ley. Durante meses, por ejemplo, los de Puigdemont reclamaron el IVA franquiciado. Esto es, que los autónomos que paguen menos de 85.000 euros al año se vean eximidos de repercutir el impuesto. Una propuesta a la que la Moncloa y Economía han respondido todo este tipo con un no porque ya existen fórmulas en vigor para amortiguar la tributación de los pequeños autónomos —el régimen simplificado de IVA y de módulos— y por una pérdida muy relevante de recaudación.

Desde Vivienda remarcan que los grupos no deberían perder la oportunidad de dar vida a un decreto ley "transversal", que incluye demandas que todos ellos han hecho a lo largo de la legislatura, y a la vez "muy ponderado". El texto recoge una nueva prórroga de hasta dos años en los contratos de alquiler, de la que podrían beneficiarse "casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares", según los cálculos de Sumar, el socio minoritario de la coalición, que ha empujado una y otra vez a favor de esta medida.

Pero el borrador del decreto ley, ha venido repitiendo Vivienda, incluye medidas "estructurales" para intentar resolver el problema de la vivienda, el más acuciante para los españoles, según el CIS: además de la extensión extraordinaria de los alquileres, "la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler". También se plantea la subida del IVA a los pisos turísticos y la citada reforma de la ley del suelo.

La intención de Vivienda es cerrar y amarrar el decreto "lo antes posible", aunque no se marca plazos cerrados. Y sí tiene claro que no merece la pena aprobar por Consejo de Ministros un texto que no disponga de los apoyos necesarios para su convalidación por el Congreso. Sumar, sin embargo, presiona para que la norma esté lista este mes y para que se traslade a la Cámara sí o sí: "Debe ser en el mes de septiembre y cuanto antes, no caben más dilaciones, hay que hacerlo ya", aseguró este lunes el negociador del partido, el ministro Pablo Bustinduy, en una visita a una escuela infantil en Madrid. Indicó que urge aprobar el decreto, que más de un millón de personas vive en alquiler de temporada o de habitación en España y que medio millón lo hace no por voluntad propia, sino en contra de ella, informa EFE. Hay que "atajar de raíz el problema de la especulación" inmobiliaria residencial", conminó. Fuentes de Vivienda estiman, sin embargo, que Sumar también es consciente de que no se pueden aprobar decretos leyes sin apoyos, que ha sufrido igualmente un baño de realidad.

Inversión histórica en Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludió este lunes por dos veces al problema de la vivienda. Primero, en un acto con Rodríguez en Madrid, en el que el ministerio presentó el nuevo portal de la empresa pública Casa 47, que cuenta ya con más de 800 viviendas y que prevé la incorporación de otras 1.500 a corto plazo. Después, en el Congreso, en la reunión interparlamentaria de arranque de curso, con sus diputados, senadores y eurodiputados. Allí insistió en que su Gobierno "no abdicará" de su compromiso de garantizar el acceso a la vivienda digna. Más vivienda pública asequible, con una oferta "transparente y blindada para siempre". Pero la "prioridad" para otros, léase el PP, es muy distinta, reprochó: "Comprarse un aticazo con 200 metros de terraza, mientras hay gente en esta ciudad que malvive a precio de oro en 30 metros [cuadrados]". Se refería, obviamente, a Isabel Díaz Ayuso, y a la polémica por su piso de lujo adquirido en abril en Chamberí por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones y sacado a la venta en cuanto El País descubrió una operación hasta ahora no explicada ni por la presidenta regional ni por su equipo.

Sánchez reiteró además su promesa de que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027 también contendrán una fuerte inversión en vivienda. Pero, salvo sorpresa, las cuentas públicas también morirán en el Congreso. Por la misma razón: falta de apoyos parlamentarios, por el no de Junts.

En Vivienda reconocían este lunes su frustración por que apenas han salido iniciativas en esta materia en lo que va de legislatura. Es un tema en el que resulta prácticamente imposible casar las demandas a izquierda y derecha, y el Gobierno necesita tanto a Podemos como a los posconvergentes para sacar cualquier texto adelante, dado que el PP se borra de la ecuación. Y el problema no deja de escalar. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, el precio de la vivienda se encareció un 12,2% en el segundo trimestre de 2026. Se encadenan así 45 trimestres de subida, con los seis últimos con crecimientos por encima del 12%. En el último trimestre solo se ha producido una cierta moderación: entre abril y junio, la tasa era del 12,9%. Ahora, siete décimas menos. Pero por encima de ese 12%. Un porcentaje altísimo y que no tiene pinta de bajar mientras que el Congreso se muestra incapaz de aprobar normas para intentar, al menos, frenarlo.