La democracia, en peligro

España se ha adentrado en ese periodo en el que el Gobierno sólo busca el mejor momento para convocar elecciones y la oposición clama para que se convoquen para derribarlo lo antes posible. Este impasse durará meses. Meses en los que la tensión política y social irán en aumento. Las elecciones sirven, entre otras cosas, para recomponer el panorama, iniciar una nueva etapa, dar una perspectiva de mejora a los ciudadanos. Es una de las virtudes de la democracia.

Tensión hemos vivido en otros tiempos. Agotamiento del Gobierno, nervios en la oposición, ganas de cambio. Pero lo que estamos viviendo ahora añade un elemento novedoso muy peligroso. Se está poniendo en cuestión la base misma del sistema: la limpieza de las elecciones.

Por un lado, la derecha, especialmente Vox, está acusando al Gobierno de "pucherazo" al intentar colar, a través de la llamada ley de nietos, votantes que no viven en España y que han conseguido la nacionalidad de forma sospechosa. Por otro, el Gobierno, empezando por el presidente, achaca a la derecha querer cercenar el derecho al voto de decenas de miles de ciudadanos; "por ahí se empieza", advirtió Pedro Sánchez en su entrevista en El Intermedio para argumentar a continuación que la alternativa representa la involución.

Si el debate no se resuelve o los partidos no bajan el tono, lo que tenemos en perspectiva es el cuestionamiento de la limpieza de las próximas elecciones generales. Y ese es el primer paso para reclamar un sistema autoritario. ¿Es eso lo que queremos?

Analicemos lo que está ocurriendo con la llamada ley de nietos.

El pasado 8 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimó un recurso de Vox y Iustitia Europa y decidió paralizar la inscripción en el censo de aquellos que hubiesen obtenido la nacionalidad española sin acreditar en los consulados que sean hijos o nietos de exiliados.

La ley de Memoria Democrática (5-10-2022), o ley de nietos, establecía que podían optar a la nacionalidad española aquellos que hubiesen sufrido exilio "por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación e identidad sexual". En el debate parlamentario, el PSOE rechazó una propuesta de Ciudadanos para ampliar los beneficios de la ley a los emigrantes por motivos económicos.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2022, tan sólo tres semanas después de aprobarse la ley, Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes), entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, perteneciente al Ministerio de Justicia, modificó el alcance de la ley mediante una instrucción administrativa que abre la concesión de la nacionalidad, "presuponiendo" la condición de exiliados, a todos aquellos españoles "que salieron de España en años clave de la dictadura y la Guerra Civil". La instrucción administrativa "presume" así el exilio para todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de diciembre de 1955. Aunque expresamente no se explica el porqué de esa fecha límite, se supone que coincide con el fin del aislamiento de la dictadura y el ingreso de España en la ONU.

Lo importante es que una instrucción de una dirección general alteró sustancialmente lo contemplado en la ley de Memoria Democrática en lo que respecta a la adquisición de la nacionalidad española, que lleva aparejado el derecho a voto.

La ley de Memoria Democrática se aprobó en el Congreso en julio de 2022 por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. La derecha y el centro votaron en bloque en contra. Es decir, que no fue una ley fruto del consenso.

Pase lo que pase con el censo, lo que ya está en cuestión es la limpieza de las elecciones de 2027

Pues bien, esa alteración esencial de la ley (ya no se concede la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados, cuya condición tienen que demostrar, sino que se presumen exiliados todos aquellos que salieron de España entre el comienzo de la Guerra Civil y el 29 de diciembre de 1955) no fue votada por el Congreso. La señora Sofía Puente cambió un elemento nuclear de una norma al margen de la soberanía popular. ¿Con qué finalidad? El cambio, desde luego, es de dudosa legalidad y se hizo con absoluta falta de transparencia.

El efecto que ha tenido la ley de nietos (con el bodrio añadido de la instrucción de la hermana de Puente) en el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) ha sido notorio.

El "progresivo incremento" del censo de electores es lo que ha llevado al Tribunal Supremo a admitir el recurso que ha supuesto paralizar la inscripción a los que no acrediten que, en efecto, son hijos o nietos de exiliados por motivos políticos o religiosos. Según la Sala Tercera del Alto Tribunal, "ha habido una cantidad indeterminada de inscripciones y de solicitudes en el CERA... que podrían estar incursas en irregularidad, sin que la JEC (Junta Electoral Central) haya realizado un pronunciamiento sobre aquellas reclamaciones, declarando falta de competencia para ello".

Aquí ya no se trata de que partidos de extrema derecha cuestionen la validez del censo, y, por tanto, el resultado electoral, sino que es el propio Tribunal Supremo el que plantea la hipótesis de que la norma puede servir de coladero para adquirir la nacionalidad española y el derecho a voto.

No se conoce qué efecto tuvo la ley de nietos en el resultado electoral de las elecciones autonómicas y generales de 2023 (el voto CERA no opera en las municipales). Tan sólo se sabe que había 2,2 millones de no residentes ausentes y que, de ellos, sólo votó el 8,36% (unas 183.000 personas). Lo que sí sabemos es que el resultado electoral de las generales de julio de ese año fue muy ajustado. Cuatro escaños más a favor del PP y en detrimento del PSOE hubieran dado al traste con la "mayoría de progreso".

¿Qué ha ocurrido desde 2023 con el censo? El 1 de julio de este año, según recoge el recurso de reposición la Abogacía del Estado contra el auto del Supremo, figuraban inscritos 375.027 electores. Pero, añade el recurso, según un certificado de la dirección general de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares, los españoles que han adquirido la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la ley de Memoria Democrática, hasta el 31 de agosto de 2026, son un total de 168.896.

Lo que argumenta la Abogacía del Estado, al margen de considerar que el auto del Supremo, al suspender la inscripción censal suspende el derecho a voto, es que en 16 oficinas consulares, entre las que se encuentran los Consulados de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México y Mendoza, que aglutinan a 142.737 inscripciones realizadas, "no parece factible que puedan finalizar el análisis de sus expedientes" antes del 1 de enero de 2027 (fecha en la que oficialmente se cierra el plazo para el censo). La Abogacía del Estado reduce el problema derivado de la anomalía detectada por el Supremo a un total de 14.120 votos.

La cifra es discutible. Pero, si la damos por buena, no justificaría el argumento del Gobierno de que la derecha quiere cercenar el derecho a voto de decenas de miles de españoles. ¡Como mucho, afectaría a poco más de 14.000 personas!

El hecho de que el Gobierno llevara a cabo la modificación de la ley de Memoria a hurtadillas no es buena señal. Otro elemento sospechoso es que el 28% del incremento del CERA desde 2023 se ha concentrado en Madrid, cuando la comunidad sólo representa el 16% del total de los residentes ausentes.

Es cierto que el aumento del censo no determina lo que van a votar los nuevos electores, pero el Gobierno tiene la capacidad de acelerar el proceso en aquellos lugares donde sabe que puede tener un mejor resultado.

Los expertos consultados por El Independiente coinciden en que el efecto de la ley de nietos en el resultado electoral no pasaría de tres o cuatro escaños (si los votos se concentran justo en los lugares en los que el último escaño se juega por unos centenares de papeletas, cosa que facilita la norma al contemplar que si el que adquiere la nacionalidad no recuerda o no puede demostrar el arraigo en un lugar determinado, el Gobierno puede adjudicar la circunscripción con arbitrariedad). Pero, si el resultado de las elecciones de 2027 es reñido, como ocurrió en 2023, esos cuatro escaños pueden ser vitales para lograr la mayoría, y, por tanto, el Gobierno.

El mantenimiento de la suspensión de inscripción en el censo para los que no puedan acreditar la condición de exiliados de sus padres o abuelos, en virtud del auto del Supremo, permitirá a Sánchez hablar de "pucherazo" de la derecha con ayuda el Alto Tribunal. Argumentarán, desde Moncloa, desde Ferraz y desde sus terminales mediáticas, que esto demuestra que existe un "estado profundo", compuesto por policías, guardias civiles, agentes del CNI y jueces, que quieren tumbar al Gobierno.

En definitiva, pase lo que pase, el resultado electoral está en cuestión. Y si el triunfo de la derecha es lo suficientemente holgado, siempre existirá el recurso a la movilización, para echar a un Gobierno involucionista, y, por ello, falto de legitimidad.

Nos esperan meses de vértigo. Sólo la desesperación o el miedo por parte del presidente explican por qué no pide a los suyos que bajen el diapasón. Lo que está en juego no es el Gobierno, sino la democracia.