Una especie de 'Gran Hermano' en manos de los notarios alberga la información societaria de miles y miles de personas y empresas. Pero la nueva 'ley anticorrupción' del Gobierno pone en riesgo esta herramienta clave en la lucha contra el blanqueo. El Índice Único Informatizado Notarial que maneja el Órgano de Prevención del Blanqueo del Notariado (OCP) está considerado la segunda mayor base de datos de España, con 29 millones de operaciones notariales y datos de 48 millones de personas físicas y 3,3 de personas jurídicas como empresas, fundaciones, ONG, partidos políticos o sindicatos.

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Lleva casi dos décadas alimentándose con millones de datos de cada operación que se firma ante un fedatario público. En apenas tres minutos, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, los órganos judiciales, los fiscales y hasta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pueden tener a su disposición información clave de un sujeto o empresa al que estén investigando. Pueden saber con quién comparte administración de sociedades, en qué empresas figura como accionista o qué operaciones ha realizado ante notario. También acceder a los documentos que así lo acreditan.

Pero si sale adelante el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que ha enviado este verano el Gobierno a las Cortes Generales, unidades como la UDEF, la UCO o Vigilancia Aduanera podrían quedarse 'a ciegas' en la investigación de delitos o tramas como la de Forestalia, el 'caso Cerdán' o el 'caso Zapatero' y el entramado de Julio Martínez, el amigo y socio del expresidente socialista del Gobierno. De hecho, 24.000 políticos de todos los estamentos de la administración pública están 'fichados' en una base de datos específica. Pero también sus allegados y familiares.

Aunque el espíritu de la norma impulsada por el ministerio de Justicia es reforzar la lucha contra la corrupción, los notarios y varios órganos consultivos advierten de que abrirá la puerta a un uso más fácil de testaferros por parte de los delincuentes. No lo creen así los Registradores. La reforma implica, precisamente, cambiar el sistema de transmisión de las participaciones de las sociedades limitadas y permite sustituir la escritura pública ante notario por un documento privado inscrito en el Registro Mercantil para la transmisión de participaciones sociales de las sociedades limitadas. Si los notarios desaparecen de facto de la ecuación, la poderosa herramienta quedará desactualizada al instante.

El OCP, creado en 2005 por una orden del ministerio de Economía de Pedro Solbes, se encarga de trasladar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) cualquier operación en la que aprecie riesgo de blanqueo. El año pasado se remitieron 776 expedientes sospechosos; 11.247 desde que echó a andar en 2006. Según fuentes del Consejo General del Notariado, el 80% de ellas acaban ante un juez. El órgano recibió también 31.480 solicitudes de información por parte de órganos judiciales, ministerio fiscal y policía. En total, 388.704 desde que comenzó a funcionar.

El sistema que podría quedar en agua de borrajas ha sido reconocido públicamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y, según fuentes conocedoras, las intenciones de Justicia no tienen buena acogida en el ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo.

De momento, varios órganos consultivos han emitido informes en los que recomiendan dar una vuelta al proyecto y no seguir adelante con los planes del Ejecutivo. Desde el Consejo Fiscal, el órgano que asesora a la Fiscalía, hasta el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Pese a las múltiples dudas mostradas, el texto ya está en tramitación parlamentaria.

La Comisión General de Codificación, otro órgano asesor adscrito al Ministerio de Justicia, aprobó otro informe contra el anteproyecto en el que avisa de "graves errores de concepciones básicas y de técnica legislativa".