La crisis de la vivienda ha alcanzado en España uno de sus momentos de mayor presión social y política. La acampada de la Puerta del Sol y las movilizaciones en otros puntos nacionales, surgidas tras el desahucio de Maricarmen, se mantienen desde hace días. Sin embargo, detrás de la emergencia habitacional hay un problema que se arrastra desde hace años: España necesita construir más viviendas y no está consiguiendo hacerlo al ritmo al que crece la demanda.
PUBLICIDAD

Y a esta falta de oferta se suma otro obstáculo. Faltan trabajadores para construir las viviendas que necesita el país. De acuerdo con el informe Libertad económica y libertad de empresa en España presentado este miércoles por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), "en 2024, las mayores dificultades para cubrir vacantes se concentraron en la construcción, donde el 64% de las empresas declaró problemas para encontrar mano de obra". Supone un 20% más respecto a la media del conjunto de actividades económicas, que se sitúa en el 44% y coloca al sector de la construcción como la actividad que afronta el mayor problema para cubrir sus vacantes.

Una de las causas es el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de un relevo generacional suficiente. Según el Observatorio Inmobiliario de BBVA Research, desde 2019 ha aumentado la proporción de trabajadores mayores de 45 años y, actualmente, el 55% de los ocupados en la construcción supera esta edad, un porcentaje 5,2 puntos superior al del conjunto de sectores.

De hecho, los trabajadores del sector representan actualmente el 6,8% sobre el número de ocupados totales en España, frente al 9% de media de los últimos treinta años y lejos del máximo alcanzado durante el boom inmobiliario de 2007 y 2008, cuando llegaron a suponer el 14%. En un momento en el que el país necesita aumentar el ritmo de construcción, la falta de profesionales limita la capacidad de las empresas para ejecutar nuevos proyectos y puede alargar y encarecer los plazos necesarios para que estas viviendas lleguen al mercado. Es decir, se añade un nuevo cuello de botella a un mercado residencial en el que la escasez de oferta presiona los precios año tras año.

Problema de oferta

El problema de fondo es que la vivienda no puede generarse de un día para otro. La presión sobre el mercado residencial se ha ido acumulando durante años. Desde la pandemia, España recibe alrededor de medio millón de extranjeros al año, a lo que se suma la población joven que alcanza la edad de emancipación y necesita acceder por primera vez a una vivienda. De hecho, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, puso cifras a esta brecha entre oferta y demanda. Según sus cálculos, para cerrar esta brecha, España necesitaría incorporar alrededor de un millón de viviendas para responder a las necesidades de los nuevos hogares.

Por tanto, el problema de la vivienda no puede resolverse en cuestión de días con medidas dirigidas a un mercado cuya oferta lleva años sin crecer al ritmo que exige la demanda. Pese a ello, las demandas sociales de los últimos días llevaron al Gobierno a aprobar, el pasado martes, dos reales decretos-ley de vivienda, que finalmente han decaído este viernes tras el rechazo del Congreso de los Diputados.

Las medidas podrían haber reducido la oferta

Y es que la rapidez con la que se ha intentado responder a una crisis que se ha gestado durante años también ha generado críticas sobre el contenido de las medidas. Expertos académicos y representantes del sector inmobiliario han advertido de que algunas de las medidas podían terminar reduciendo la oferta disponible al introducir mayores restricciones o incertidumbre para los propietarios.

Por ejemplo, entre las medidas del Gobierno se planteaba prohibir los desahucios hasta 2028 o que los caseros tuvieran que indemnizar con 12 mensualidades al inquilino si no renovaba el contrato de alquiler. Este tipo de medidas, aunque pretenden reforzar la protección de los inquilinos, pueden acabar elevando el riesgo que asumen los propietarios y endureciendo las condiciones de acceso al alquiler para determinados perfiles.

Si el coste de recuperar una vivienda aumenta, también puede aumentar la exigencia a la hora de seleccionar al inquilino, lo que puede dejar fuera precisamente a quienes tienen una situación económica más vulnerable: jóvenes con salarios bajos, trabajadores con contratos a tiempo parcial o personas con pensiones reducidas. Y en un país en el que el 92% de las viviendas habituales en alquiler a precio de mercado son propiedad de particulares (según el Informe Anual de 2023 del Banco de España), las decisiones de estos propietarios tienen un peso determinante sobre la oferta disponible.