Los fabricantes y distribuidores han reclamado este miércoles nuevas bajadas de impuestos para relanzar el consumo tras detectar "señales preocupantes" en los últimos meses. El presidente de Aecoc, Ignacio González, ha pedido una rebaja del IVA y de los impuestos energéticos para recuperar el poder adquisitivo de los hogares.

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Durante la inauguración del 41.º Congreso de Gran Consumo que la asociación que reúne a fabricantes y grupos de distribución celebra en Sevilla, ha acusado al Gobierno de aprovechar la inflación para incrementar la recaudación del Estado, al tiempo que las clases medias han ido perdiendo capacidad de compra.

"A corto plazo, los datos macro son buenos, pero la situación de los hogares no lo es", ha advertido el representante de la asociación. Y ha denunciado que "no deflactar el IRPF por la inflación equivale a subir los impuestos de manera silenciosa".

En este sentido, ha recordado que los ingresos tributarios han crecido a un ritmo medio del 7% anual durante los últimos siete años, hasta situarse un 50% por encima de los niveles de entonces, sin que ese incremento se haya traducido en una mejora equivalente de las economías familiares.

González ha advertido de que las clases medias están soportando una elevada presión fiscal y ha señalado que el ahorro se concentra en las rentas más altas, mientras que los hogares con menores ingresos están consumiendo sus reservas o apenas tienen capacidad para ahorrar.

En este sentido, también ha criticado el clima político y ha advertido de que la confrontación está erosionando la capacidad de diálogo y acuerdo, además de generar incertidumbre sobre el empleo y la inversión. También ha señalado la corrupción como un factor de descrédito institucional capaz de frenar inversiones y perjudicar incluso al turismo.

Un Gobierno con "sentido de Estado"

Por otro lado, ha recordado que el déficit ronda el 2,4% del PIB, unos 40.000 millones de euros, mientras que la deuda ha alcanzado los 1,7 billones. Aunque su peso sobre el PIB disminuye, ha advertido de que continúa aumentando en términos absolutos. "Estamos financiando el déficit con deuda y eso es un negocio un poco ruinoso", ha afirmado.

Por ello, ha pedido que el próximo Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre apruebe Presupuestos, desbloquee el Parlamento, tenga sentido de Estado y "no fomente la polarización".

Aecoc representa a un sector equivalente al 25% del PIB, con 36.000 empresas y cuatro millones de empleos. Y frente a los discursos triunfalistas, ha advertido que el dinamismo actual de la economía responde a dos factores externos: el crecimiento de la población, especialmente por la llegada de personas nacidas fuera de España, y la fortaleza del turismo.

Pese a ello, ha recordado que hay señales preocupantes. Los datos de septiembre han mostrado un deterioro del consumo y el índice de comercio minorista acumula ya tres meses en negativo. Y a ello se suma el escenario inflacionista provocado por la inestabilidad geopolítica internacional.

Preocupa la vivienda y el absentismo

González también ha identificado la vivienda como el principal problema de los ciudadanos y ha advertido que supone un obstáculo creciente para las empresas. En este sentido, ha dicho que la subida de precios del alquiler o la compra reduce la renta disponible para consumir y dificulta la movilidad laboral y la contratación en las zonas más tensionadas, como por ejemplo las islas.

En el mercado laboral, ha señalado problemas como el elevado desempleo juvenil y la situación de los trabajadores fijos discontinuos. Según sus cálculos, incluir a unos 800.000 trabajadores de este colectivo en las cifras de paro supondría elevar la tasa alrededor de tres puntos porcentuales.

Inmigración "sensata y ordenada"

Aunque González ha situado el relevo generacional como uno de los grandes desafíos del mercado laboral. Según las cifras que ha expuesto, de aquí a 2030 se jubilarán cuatro millones de trabajadores y solo habrá capacidad para cubrir 1,5 millones de esos puestos. Ante este escenario, ha reclamado una política de inmigración "sensata y ordenada", que facilite la formación y contratación de trabajadores en sus países de origen.

A esta dificultad ha sumado la baja productividad, que ha identificado como uno de los principales obstáculos para aumentar los salarios y reducir la brecha con Europa y Estados Unidos. En este sentido, ha defendido aprovechar la inteligencia artificial como una oportunidad para mejorarla.

Por otro lado, González ha cifrado el coste del absentismo en 36.000 millones de euros y ha reclamado un debate "sereno y sin demagogia". "No atacamos el derecho de un trabajador a coger una baja cuando está malo. Estamos atacando el fraude y la ineficiencia", ha defendido.

Según ha recordado, el absentismo ha crecido especialmente entre los trabajadores de 20 a 29 años, con una incidencia elevada entre los de 20 a 24. Para afrontar el problema, ha propuesto mejorar la atención sanitaria y los sistemas de información de la Seguridad Social, ampliar gradualmente el papel de las mutuas, modernizar la regulación de la incapacidad temporal y reforzar el diálogo social.