Tras meses amenazando al sector con intervenir el mercado del alquiler, Unidas Podemos ha logrado arrancar al PSOE el compromiso de establecer un mecanismo para contener o rebajar los precios en aquellos mercados «tensionados» por las subidas, como son Madrid y Barcelona. El sector defiende que la medida, lejos de ser beneficiosa, será contraproducente y que, en todo caso, llega en un momento en el que el mercado se está autorregulando por sí mismo, pues los precios llevan meses cayendo en estas dos ciudades.

En el sector del alquiler no ha sentado nada bien este anuncio y una de las críticas más repetidas es que los precios se ajustan con la oferta y la demanda, como lleva ocurriendo durante los últimos meses por el deterioro económico de la pandemia, que ha tenido un impacto negativo sobre el sector inmobiliario.

Concretamente, en los mercados más «tensionados» por los precios del alquiler, Madrid y Barcelona, el precio medio del alquiler ha caído sin descanso durante los últimos cinco meses. En la ciudad de Madrid, si en mayo se pedían 16,8 euros por metro cuadrado, en septiembre el precio se situaba en los 15,9 euros, lo que implica un descenso del 5,3%, de acuerdo con las estadísticas de Idealista.

Ya se observan caídas de precios, por lo que carece de sentido regular ahora»

Beatriz Toribio

Por su parte, la ciudad de Barcelona, otro de los mercados con más tensión por el precio del alquiler, experimentó una caída del 9% en los últimos cinco meses, al pasar de los 17,6 euros por metro cuadrado en mayo a los 16 euros por metro cuadrado al cierre de septiembre.

«Ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora», explica Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).

En su opinión, esta medida no solamente no será positiva para el sector, sino que tendrá «un efecto opuesto al deseado: reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica».

Por su parte, desde Idealista explican que «ante un aumento del producto disponible (las viviendas en alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona se han duplicado desde el mes de marzo) la tendencia alcista se revierte y los precios bajan, sin ninguna intervención pública».

Fotocasa advierte, además, de que esta medida puede llevar a muchos propietarios a «poner sus viviendas en régimen de venta y no de alquiler si la regulación de precios es muy restrictiva».

Impedir subidas «injustificadas»

Las negociaciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre PSOE y Unidas Podemos se zanjaron a última hora del lunes, a escasas horas de su presentación pública, con el compromiso de ambas formaciones de elaborar una ley que contemple la intervención de los precios del alquiler y mejorar la gestión del Ingreso Mínimo Vital para que pueda llegar cuanto antes a sus beneficiarios.

Sin duda, se trata de un guiño hacia la nueva y polémica regulación catalana para limitar el precio de los alquileres, impulsada por ERC, la CUP y los Comunes.

Por el momento, existe poco detalle sobre cómo se materializará el control de los precios del alquiler en la ley que desarrollarán en conjunto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (José Luis Ábalos) y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Pablo Iglesias).

El acuerdo firmado por ambas formaciones solamente explica que la intención es articular «mecanismos básicos» para aplicar en las zonas en las que se detecte un «mercado tensionado», es decir, en el que se haya producido «un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler».

Esos «mecanismos» deberán contener «las subidas injustificadas» de los arrendamientos tomando como referencia el precio del contrato anterior en el caso de nuevos contratos y bajar o contenerlos en los contratos ya existentes cuando se produzca esa «tensión».

Imposición a las socimis

En su estocada al sector inmobiliario, el Gobierno ha decidido incluir en los Presupuestos Generales del Estado otra medida de gran calado relacionada con el sector inmobiliario: una tributación mínima del 15% para las socimis.

Las grandes socimis se librarán de la nueva imposición

Eso sí, esta fiscalidad solo se aplicará sobre el beneficio no distribuido en forma de dividendos, que en el caso de estas empresas es por ley del 20% del total como máximo, pues están obligadas a pagar al accionista el 80% de sus ganancias.

Así, esta medida, con la que el Gobierno pretende recaudar apenas 25 millones de euros y en 2022, no afectará a las socimis más grandes del país. Aunque por el momento no han aprobado sus dividendos con cargo al ejercicio 2020, Merlin, Colonial y Lar España distribuyen habitualmente el 100% de su beneficio a los accionistas, por lo que esta nueva medida no podrá recaudar nada en estas compañías.