La Ley de medidas urgentes para la contención de las rentas de contratos de alquiler que el Parlament votará esta tarde puede imponer reducciones en los contratos entorno al 25% en Barcelona, y al 19% de las sesenta ciudades medias restantes -todas las de más de 20.000 habitantes en Cataluña- que la ley fija como «zonas de especial tensión» de precios. El texto, pactado por ERC, la CUP y los Comunes, saldrá previsiblemente adelante con el apoyo de estos grupos y JxCat, que mantiene sus seis enmiendas para suavizar el texto.

PSC y PP han presentado enmiendas a la totalidad y tanto los populares como Cs han anunciado ya su voluntad de llevar el texto al Tribunal Constitucional, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sancionara la inconstitucionalidad del texto, a petición de Ciudadanos y el PP.

En una proyección realizada por El Independiente sobre los efectos del texto, que entrará en vigor en cuanto se publique en el DOGC, a expensas del recurso ante el Constitucional, la ley forzaría importantes rebajas en los nuevos contratos de alquiler, si se comparan los precios de webs de comercialización inmobiliaria con el Índice de Precios elaborado por la Generalitat.

200€ menos en el Raval o Mataró

Así, un piso de 39 metros cuadrados en el Raval barcelonés, recién reformado y amueblado se ofrece ahora por un alquiler de 800 euros al mes. Aplicados los criterios de metros cuadrados, rehabilitación reciente, finca histórica, certificado energético y situación el Índice de la Generalitat fija para este piso un precio de 15,29 euros por metro cuadrado. Es decir, un alquiler mensual de 596 euros, un 25% menos que su actual precio de mercado.

En el caso de una casa en el centro de la capital del Maresme, Mataró, la rebaja es más limitada, entorno al 19%. Para una vivienda publicitada como «chalet de dos plantas» con patio interior y garaje en 133 metros cuadrados se piden ahora 1.100 euros mensuales de alquiler. Pero según el Índice, el precio debe ser de 891 euros mensuales.

Lo mismo sucede en otra ciudad costera con «tensión de precios», Salou (Tarragona). En este caso, un piso en el centro de 75 metros cuadrados con zonas comunitaria con jardín y piscina tiene un precio de mercado en las web inmobiliarias de 650 euros al mes. Bajo el criterio de la nueva ley, sin embargo, no podría alquilarse por más de 527 euros mensuales.

Enmiendas de JxCat

Queda por ver si salen adelante las enmiendas presentadas por JxCat en una tramitación que se hará por vía de lectura única -sin debate en comisión y limitando por tanto la participación de la oposición- alegando la urgencia de la «crisis habitacional» en Cataluña. Los neoconvergentes proponen, básicamente, excluir de las limitaciones de precios a los pequeños propietarios en situación de vulnerabilidad.

E introducen la posibilidad de subir el precio de alquiler en función de mejoras en la vivienda, para garantizar que no se abandonen esas viviendas. Así, se «premiarían» la renovación de instalaciones, la sustitución de los cierres exteriores, renovación de cocinas y baños y otras mejoras, cada una de ellas premiada con un aumento del precio de alquiler del 5% acumulable.

Una propuesta que tanto ERC como los Comunes y el Sindicato de Inquilinos -primer impulsor de la regulación- han descalificado considerando que desvirtúa la nueva legislación, creando resquicios para los propietarios. El sindicato, sin embargo, ha anunciado este martes una reunión con el ex president fugado Carles Puigdemont en Waterloo, al que le han propuesto asumir la enmienda para proteger a los propietarios en situación de vulnerabilidad.

En sentido contrario se ha expresado la patronal Foment del Treball. La patronal advierte de la inconstitucionalidad de la Ley, que a su juicio vulnera la libertad de mercado. Pero advierte además de las consecuencias nocivas para el mercado de alquiler: reducción de la oferta, la desincentivación de los pequeños propietarios y la huida de los grandes inversores a otros mercados.

Dictamen del CGE

Por su parte, el Consejo de Garantías advierte en las conclusiones de su dictamen que once de los quince artículos y siete de las catorce disposiciones de la ley vulneran artículos de la Constitución y tampoco tienen amparo en el Estatut. Entre otros artículos, se ven inconstitucionales los que permiten calcular rentas iniciales, precios de referencia, su actualización, el reparto de gastos, las obras de mejora, obligaciones de información, los regímenes de control y sanciones y el establecimiento de sistemas de resolución judicial o extrajudicial en caso de conflictos.