El Decreto de medidas urgentes de contención del alquiler de la Generalitat cada día se parece más al éxito de Pata Negra: es ilegal, es inmoral y engorda, aunque funcionara hace un mes como reclamo electoral en plena campaña a las elecciones locales. Es ilegal a juicio del Consell de Garantías Estatutarias (CGE) de la propia Generalitat, que ha tachado de inconstitucionales todos sus artículos dispositivos; es inmoral en opinión de los sectores implicados, desde la patronal a los sindicatos de arrendatarios, que consideran inútil la norma; y sin duda va a engordar a partir del próximo miércoles el historial de fracasos del Govern en el Pleno del Parlament, porque los Comunes han anunciado ya que no piensan apoyar la medida. Y, pese a ello, el Govern aseguraba el martes por boca de su portavoz, Meritxell Budó, que piensa mantener la reforma del alquiler en el orden del día del Pleno que el Parlament celebra la próxima semana.

Se trata de la ley con la que la Generalitat anunció hace un mes que limitaría el precio del alquiler libre -no de vivienda pública protegida- en las zonas en las que las se considere que el mercado está «tensionado» por un excesiva subida de los precios. Zonas que en el caso de Barcelona marcará el Ayuntamiento bajo su criterio mientras en el resto de Cataluña será el Govern quien apruebe la aplicación de estos límites en las zonas propuestas por los consistorios. En esas zonas, los precios del mercado no podrán superar en más del 10% el índice público fijado por la Generalitat, una media fijada en base a la información sobre contratos y fianzas de alquiler que gestiona la administración catalana.

Aprobado por el Govern cinco días antes de las elecciones municipales del 26M, tras un duro enfrentamiento entre los dos partidos del Govern, ejemplificados en la consellera de Justicia, Ester Capella (ERC) y el de Territorio, Damià Calvet (JxCat), el decreto es fruto de la imposición del criterio de Esquerra, favorable a limitar el precio del alquiler amparándose, sobre el de JxCat. Calvet había impulsado meses antes un decreto de regulación del acceso a la vivienda en el que se ampliaba a cinco años el tiempo mínimo de alquiler y se fijaba el índice público de precios de la Generalitat sólo para las viviendas del parque público. Decreto que tuvo una vigencia de un mes, porque el Govern optó por retirarlo antes de que fuera tumbado por falta de apoyos en el Parlament.

La patronal Foment del Treball ha sido la última voz que se ha alzado contra la regulación de la Generalitat. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, pidió ayer su retirada advirtiendo contra el riesgo de que los inversores inmobiliarios huyan del mercado catalán ante la «profusión de normativas» elaboradas tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona para intentar controlar la subida de los precios del alquiler, que ha llegado a un 40% en los últimos cuatro años en algunos barrios de la capital catalana. En el caso del decreto del Govern, Sánchez Llibre señaló el dictamen en contra del CGE para reclamar al ejecutivo catalán que se atenga a sus recomendaciones y asuma que no tiene competencias para limitar el precio del alquiler.

Inconstitucionalidad

El dictamen del Consell de Garanties, hecho público el martes, es de hecho una enmienda a la totalidad del texto, adoptada por unanimidad del consultivo catalán. En concreto cuestiona la constitucionalidad de todos los artículos del Decreto del Govern excepto los cuatro dedicados a definir qué, cómo y dónde se fijaran las «zonas de mercado de vivienda tenso». El resto -hasta 14 artículos y seis disposiciones adicionales-, dedicado a fijar las rentas aplicables y a modificar la modalidad de contratos de alquiler son tachados de inconstitucionales por el Consell, que considera que la Generalitat no tiene competencias para esa regulación.

De hecho, el Govern podía «intuir» esa causa de inconstitucionalidad en su nueva normativa, porque de hecho esas mismas pretensiones acabaron ante el Tribunal Constitucional con la Ley de protección a la vivienda aprobada por el Parlament en 2016. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió esa norma por entender que invadía competencias estatales, y el de Pedro Sánchez retiró el recurso hace un año después de que el Parlament admitiera en sus alegaciones que su competencia queda limitada a materias propositivas por la Ley estatal de arrendamientos urbanos. Unas enmiendas que el Govern parece haber olvidado ahora, para intentar volver a regular los alquileres amparándose en el Derecho Civil Catalán, que según ha aclarado el CGE, no ampara esta regulación.

Sin apoyos parlamentarios

El demoledor dictamen del Consell no pareció hacer mella en el Govern, que el martes insistía en su voluntad de llevar el decreto al pleno del próximo miércoles. Pero la postura hecha pública ayer por CatEC sí podría llevar al ejecutivo catalán a reconsiderar su postura. La portavoz de los comunes en el Parlament, Susana Segovia, cargó contra el decreto, que consideran tibio, recogiendo el criterio de asociaciones como la PAH o los sindicatos de arrendatarios. «El decreto no es útil para la regulación de los alquileres», porque «teniendo en cuenta las excepciones técnicas» no implica a su juicio «voluntad real de regular los precios del alquiler».

Según Segovia, el decreto solo cuenta con el respaldo de los agentes inmobiliarios, aunque lo cierto es que este sector fue el primero en denunciar la nueva legislación catalana. Y, lo más importante, no cuenta con ningún apoyo en el Parlament más allá de JxCat y ERC, por lo que no llegará a ratificarse.