El trasvase de rentas desde los inquilinos hacia los caseros está ensanchando cada vez más la brecha de ingresos entre ambas partes. Los propietarios se concentran en los tramos de renta alta, mientras que con los ciudadanos que viven de alquiler ocurre lo contrario.

Algo más de un cuarto de los inquilinos, el 26%, pertenece a un hogar cuyos ingresos son inferiores a los 14.000 euros, de acuerdo con un informe sobre vivienda elaborado por CCOO. Esta proporción es muy superior a la de los ciudadanos que se encuentran bajo este umbral de ingresos sobre el total de la población, que es de un 16%.

Tomando como referencia el nivel de 26.000 euros, la mayoría de los inquilinos, el 62% del total, obtiene unos ingresos inferiores y solamente el 13% de las personas que vive de alquiler lo hace en hogares que ganan más de 40.000 euros.

En virtud de estas cifras, el informe de CCOO concluye que los habitantes de viviendas en alquiler tienen peores condiciones económicas y realizan un «sobreesfuerzo» para poder pagar la renta. Así, tres millones de inquilinos (el 41%) dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, una situación que se ha agravado tras la pandemia por el adelgazamiento de los ingresos de los hogares.

Jóvenes condenados a alquilar

El informe de CCOO concluye también que el alquiler es la principal vía de acceso de los jóvenes a la vivienda. Tras el boom inmobiliario de la década de los 2000 y el pinchazo de la burbuja de precios, la población joven, ante la imposibilidad de acceder a la vivienda en propiedad por sus bajos ingresos, se ha visto obligada a recurrir al alquiler.

En la actualidad, solamente el 25% de los jóvenes menores de 30 años es dueño de la casa en la que habita, mientras que la mitad del total vive de alquiler (otro 23% lo hace en régimen de cesión). Entre los jóvenes de entre 30 y 44 años, es un tercio el que vive de alquiler.

Es por eso que desde el sindicato reclaman una «urgente» intervención pública para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. «La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en ciernes tiene que actuar en el corto plazo para limitar el precio de los alquileres y a largo plazo debe servir para crear y consolidar un amplio parque público de alquiler asequible y social», apuntan.

Las comunidades donde más población reside de alquiler son Cataluña (1,69 millones) y Madrid (1,35 millones). Baleares (34%), Cataluña (23%) y Madrid (21%) es donde un mayor porcentaje de su población vive de alquiler.