El sistema fue sencillo. Siete empresas de cátering concertaron precios y lotes para repartirse la adjudicación de comedores escolares en el País Vasco durante un periodo de más de diez años, provocando con ello un sobrecoste del servicio de al menos siete millones de euros cada año. Y todo bajo la «inacción y falta de control» de la Administración, que adjudicaba los distintos lotes de comedor. Sucedió entre 2003 y 2015, lo que generó un «quebranto económico» para las familias de los escolares, que costeaban el 35% del servicio, y para las arcas públicas, que pagaban el 65% restante. En total, el perjuicio económico podría haber rondado casi 80 millones de euros.

Las conclusiones de la comisión de investigación sobre los comedores escolares aprobadas hoy, con el apoyo de EH Bildu, Podemos y el PP, añade que pese a que no se ha podido acreditar que existiera connivencia entre la consejería de Educación y las empresas que conformarían el cártel, sí se acreditan las responsabilidades «políticas» de los dirigentes educativos de los distintos Gobiernos. Tampoco se determina que existiera delito por parte de los Ejecutivos, por lo que no se remitirá a la fiscalía las conclusiones.

Esta práctica se produjo durante los gobiernos de Juan José Ibarretxe, Patxi López e Iñigo Urkullu. En el caso de Ibarretxe las consejerías de Educación las gestionó EA. El caso de los comedores escolares salpica a Isabel Celáa, que dirigió la Educación en Euskadi entre 2009 y 2012. En realidad, heredó de sus predecesores el sistema de adjudicación del servicio de comedores. Celaá apenas lo modificó. Tampoco lo hicieron sus antecesores, todos ellos de EA -Tontxu Campos y Angeles Iztueta- ni su sucesora, Cristina Uriarte. Sobre esta última se intensifica el reproche y responsabilidad al considerar que no actuó pese a tener desde octubre de 2013 una denuncia sobre la mesa sobre la posible concertación de precios y del servicio entre las empresas de cátering.

Multa millonaria

El informe de conclusiones señala que tras la treintena de comparecencias y el análisis del abundante material documentales se puede dar por acreditado que existió una concertación ilegal entre las empresas para repartirse el mercado de comedores de colegios públicos vascos durante 12 años. Un comportamiento que recuerda que está sancionada como «infracción muy grave» por la Autoridad Vasca de la Competencia, que impuso una sanción de 18 millones a las siete empresas implicadas en la operación. Una multa posteriormente rebajada en un 40% por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que consideró que la responsabilidad de las empresas era limitada ya que su comportamiento fue avalado con las adjudicaciones por parte de la Administración vasca año tras año.

La comisión da por acreditada la responsabilidad «política» de quienes ocuparon la máxima responsabilidad de las consejerías correspondientes por su «inacción» ante los indicios de concertación y por su «falta de respuesta» ante el quebranto patrimonial que sufría la Administración.

Un perjuicio económico que se cuantifica en entre 70,8 millones y hasta los 80,2 millones de euros. De ellos se estima que entre 28,7 y 33,7 millones supondrían un perjuicio para la consejería de Educación y entre 42 y 48,5 millones de euros para las familias beneficiarias del servicio y que abonaban parte de su coste. El dictamen señala que el precio que se habría pagado sería mayor a consecuencia de la concertación detectada.

El PNV ha retirado las enmiendas al informe por considerar que se trata de «una farsa». Los nacionalistas consideran que la oposición ha hecho un uso partidista de las instituciones y ha convertido las conclusiones de la comisión de investigación en «un traje a medida confeccionado con el unico fin de atacar al Gobierno vasco y el PNV». De igual modo, el PSE, que también se ha desmarcado del dictamen, ha acusado a PP, Bildu y Podemos de hacer un uso partidista de este caso para desgastar a los socios del Ejecutivo.