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Decreto de excedencias por nacimiento.

'Paternidad de funcionario': dos semanas más y sin los requisitos del 'padre privado'

Los funcionarios gozarán de una excedencia por paternidad de 18 semanas, frente a las 16 de los padres de la empresa privada y no se les exigirán las limitaciones que la norma fija para poder acogerse a ella.

Imagen de un bebé en una incubadora siendo atendido por un sanitario

EP

En Euskadi, a partir de noviembre, el pan bajo el brazo no lo traerán los niños, sino sus padres. Los de unos será un pan asegurado, sin limitación y de dimensión mayor. Los de otros, condicionado y más reducido. En el País Vasco el alborozo de un nacimiento, una adopción o un acogimiento se vivirá de modo distinto en función del hogar en el que se produzca. Si en el él padre es funcionario, a la estabilidad de su empleo y a las habitualmente mejores condiciones laborales sumará otro privilegio: más tiempo de permiso de paternidad remunerado, su concesión asegurada y sin condiciones para acogerse a él. El padre que en la habitación de al lado de la planta de neonatos tenga la ‘desgracia’ de no ser empleado público, de trabajar en la empresa privada, tendrá el mismo alborozo pero menos ‘pan’: una excedencia de paternidad más reducida, un listado de requisitos por cumplir y una demanda para acogerse a ella pendiente del ‘ok’ de sus jefes.

La polémica en Euskadi empieza a recorrer ya los hogares de familias que están a punto de ser padres. En apenas una semana, el filtro de los permisos de paternidad ampliados de modo pionero lo fijará criterios como el tipo de empleo que acredite el solicitante y el escenario laboral de la unidad familiar. El Gobierno vasco ha aprobado esta semana el decreto que regulará la ampliación de las ayudas de paternidad y con él las condiciones y requisitos -notablemente distintos para unos y otros, los funcionarios y los de la empresa privada- y en el que prevé invertir 25 millones de euros el próximo año.

Los empleados públicos tendrán más derechos y menos requisitos. En realidad, ellos ya han comenzado a beneficiarse de ellos, lo hacen desde el 1 de septiembre. El resto, tendrá que esperar dos meses, hasta el primer día del próximo mes. Así, a las ocho semanas por paternidad que por ley concede y paga la Seguridad Social, los funcionarios suman ya el derecho a acogerse a otras diez semanas más de “excedencia”, estas pagadas al 100% por el Gobierno vasco: en total, 18 semanas.

70.000 funcionarios

Quienes quizá el mismo día, quizá en el mismo hospital, vean nacer a su hijo o hija pero sean trabajadores de una empresa privada, o peor aún, autónomos, tendrán que conformarse con 16 semanas, dos menos. La Administración vasca sólo les pagará ocho semanas –frente a las diez de sus funcionarios- y siempre que cumplan unos requisitos.

Y eso no es todo. A los cerca de 70.000 trabajadores de la Administración autonómica que integran la red de funcionarios no se les exige los requisitos que sí se contempla para el resto de ciudadanos vascos que demanden la excedencia por parentalidad. Así, un padre funcionario podrá beneficiarse de la ayuda independientemente de la situación laboral de su pareja, un padre de la empresa privada, no. Para acogerse a la misma, la pareja de un ‘padre privado’ deberá estar trabajando a tiempo completo.

Los trabajadores públicos gozarán de 18 semanas frente a las 16 delos padres de la privada o los autónomos

Y si entre los planes de los padres que no son funcionarios estaba matricular a su bebé en alguna guardería o centro de enseñanza infantil en sus primeros meses de vida, que se olviden de cobrar la excedencia remunerada de ocho semanas más. Sólo los funcionarios podrán hacerlo. Para los padres de la empresa privada, la inmensa mayoría, esa será una línea roja que les excluiría de la ayuda, ya que ésta se concede para que se hagan cargo de su hijo en todo momento.

El decreto también fija requisitos para los padres ‘autónomos’. A ellos se les exige en el decreto el compromiso de contratar una persona a tiempo completo para que les sustituya durante las ocho semanas que se prolonga su excedencia remunerada.

Y a punto ha estado de pervivir otro de los requisitos que sólo su publicación ha forzado al Gobierno de Urkullu a retirarlo en el último momento. La norma en la que trabajaba establecía que los padres ‘de la privada’ no podrían tener empleada de hogar durante el tiempo que se prolongara la baja por paternidad, al considerar que ésta se otorgaba precisamente para hacerse cargo de las tareas que conlleva la crianza y la atención doméstica compartida entre ambos miembros de la pareja.

Distintas normativas

Las ayudas de 16 semanas para los padres de la privada y de 18 semanas de los funcionarios se deben solicitar para periodos que no coincidan con las semanas de baja por maternidad. Además, se establece que se trata de un derecho “intransferible” del que se debe disfrutar durante el primer año tras el nacimiento o adopción del niño.

Los padres 'privados' no recibirán la excedencia si matriculan en guardería a su hijo o si su pareja no trabaja a tiempo completo

La explicación dada por el Ejecutivo vasco para aplicar dos varas de medir a una misma paternidad, la de los funcionarios y la de los trabajadores de la empresa privada, ha sido por ahora algo imprecisa. Durante la presentación del decreto el consejero de Gobernanza y Autogobierno, Josu Erkoreka, se limitó a asegurar que las realidades normativas de los trabajadores públicos y los de la empresa privada no eran iguales, “son normativas totalmente distintas” apuntó, -el Estatuto del Trabajador Público, para los funcionarios y el Estatuto de los Trabajadores, para el resto- “no se pueden equiparar cosas que desde su origen están separadas”.

Organizaciones como Save the Children no han tardado en denunciar el criterio que quiere aplicar la Administración con estas ayudas. Alerta de que es “excluyente” especialmente con las familias más vulnerables. Subraya que las condiciones de una familia con empleados públicos o una con contrato precario o con uno de los dos cónyuges en paro derivan en una evidente discriminación. Añaden que tampoco les beneficia que el pago de la remuneración de las ocho semanas de baja se tenga que solicitar una vez disfrutado el periodo de excedencia. Apuntan que muchas familias en situación de vulnerabilidad no cuentan con ahorros suficientes para soportar dos meses sin ingresos.    

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