España | Vida Sana ANTE EL CONFINAMIENTO DE MADRID

Los policías, sin instrucciones para hacer cumplir las restricciones a menos de 12 horas

"Es un despropósito total. No tenemos una orden de servicio clara ni ningún tipo de instrucción sobre cómo se van a hacer las cosas", critica Jupol / Interior dice que se diseñará un "dispositivo" concreto bajo la coordinación de la Delegación del Gobierno

Un patrullero de la Policía Nacional, en la Puerta del Sol de Madrid.

Un patrullero de la Policía Nacional, en la Puerta del Sol de Madrid. EP

Los policías nacionales carecen de instrucciones para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad en Madrid a menos de 12 horas de que empiece a producir efecto la resolución dictada por el Ministerio de Sanidad para tratar de controlar la pandemia en la capital y en otras nueve ciudades de esta comunidad autónoma.

Al día siguiente de que se decretara el estado de alarma, el ministro del Interior dictó una orden comunicada en la que se impartían directrices a la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales y el personal de las empresas de seguridad privada para garantizar el cumplimiento de las medidas con las que se buscaba contener la progresión del coronavirus y proteger la salud de los ciudadanos. Grande-Marlaska ejerció entonces el mando único para coordinar todos los recursos de la manera más eficiente en la lucha contra el virus.

Desactivado dicho instrumento jurídico, el marco es diferente ante el nuevo escenario en que entrarán a partir de la noche de este viernes -salvo que lo frene la Justicia- Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Parla, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Alcorcón. Son las ciudades en las que los indicadores arrojan una incidencia por encima de 500 casos por 100.000 habitantes durante 14 días.

Fuentes del Ministerio del Interior han indicado a este diario que se diseñará un «dispositivo» concreto para asegurar el cumplimiento de la normativa bajo coordinación de la Delegación del Gobierno. La experiencia durante el estado de alarma será determinante a la hora de planificar la actuación y velar por la eficacia de las medidas con las que se pretende frenar la cadena de contagios a través de la disminución de movimientos en áreas geográficas determinadas.

Pendiente de la Justicia

A menos de 24 horas de que sea efectiva la resolución publicada por el Ministerio de Sanidad este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo que la Audiencia Nacional estime las medidas cautelares que el Gobierno de Díaz Ayuso pedirá en el recurso que interpondrá este viernes para evitar el confinamiento, los policías nacionales se quejan de falta de indicaciones concretas. ¿Se reforzarán los controles en aeropuertos y estaciones de tren? ¿Qué Cuerpo se encargará de cumplir esa función? ¿Cómo se actuará ante los turistas que puedan llegar a Madrid a partir de este sábado? Son algunas de las preguntas que se hacen y para las que no tienen respuesta.

«Es un despropósito total. No tenemos una orden de servicio clara ni ningún tipo de instrucción sobre cómo se van a hacer las cosas», declara el portavoz del sindicato Justicia Policial (Jupol), Pablo Pérez. «No hay todavía un documento con las medidas a tomar. No sabemos aún si va a haber un órgano de coordinación y si se va a optar por una división de tareas», insiste José María Benito, secretario de Acción Sindical de la Unión Federal de Policía (UFP).

Es un despropósito total. No tenemos una orden de servicio clara ni ningún tipo de instrucción», critica Jupol

El lamento es compartido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reivindica un «marco jurídico claro» que dé seguridad a las actuaciones. «No pueden pasarnos la pelota a la Policía Nacional cuando no tenemos un procedimiento claro y jueces y fiscales no se ponen de acuerdo. Está la casa por hacer. No nos informan de nada», critica el secretario general del SUP en Madrid, Juan Luis Torrijos.

«Nos parece un gravísimo error que la Jefatura Superior de Policía de Madrid aún no haya emitido una orden de servicio para los policías destinados a este dispositivo. Primero por la seguridad jurídica de los compañeros, que deben saber cómo y cuándo intervenir, con qué base legal y en qué zonas concretas. Segundo, porque estas ciudades que van a quedar afectadas por las limitaciones de circulación se supone tienen una elevada transmisión de la enfermedad y eso supone mayores riesgos frente a los que pedimos información concreta para que los policías puedan intervenir con garantías para su salud. Y finalmente porque habrá que tener previsto un refuerzo de servicios para no descubrir los habituales y eso no puede hacerse a costa de los mismos compañeros, sobrecargándoles de trabajo y sin compensación», señala el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Víctor M. Vigil.

La orden de Sanidad establece que en todos los municipios españoles de más de 100.000 habitantes que superen una incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por covid-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10 % y una ocupación de camas por pacientes de coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superior al 35 % de la dotación existente antes de la pandemia se apliquen restricciones a la movilidad, que incluye la prohibición de las entradas y salidas salvo por causas de fuerza mayor.

Dentro de los núcleos urbanos confinados, tan sólo se considerarán justificados los desplazamientos a centros sanitarios y educativos; lugares de trabajo; asistencia y cuidado de mayores, menores y dependientes; entidades financieras para realizar gestiones inaplazables y a dependencias oficiales para llevar a cabo trámites administrativos.

Asimismo, en los establecimientos y locales comerciales se restringe el aforo máximo al 50 % y se fija la hora de cierre a las once de la noche, no estando permitido el consumo en la barra de los bares y restaurantes. Las agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier encuentro familiar o social se reduce a un número máximo de seis personas salvo que se trate de convivientes.

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