Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados en el caso de los ERE, ha fallecido este domingo de madrugada en su domicilio de Sevilla, según ha confirmado su abogado al Diario de Sevilla.

Durante casi una década, Guerrero gestionó la partida presupuestaria 31.L -a la que él se refirió como un fondo de reptiles cuando prestó declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010- con la que se abonaron las pólizas de prejubilaciones y las ayudas directas a empresas que la Audiencia de Sevilla tachó de ilegales al otorgarse «al margen del presupuesto». Ello imposibilitó así su fiscalización previa y propició «un absoluto descontrol».

Javier Guerrero fue el ex alto cargo de la Junta de Andalucía al que el tribunal impuso la pena más severa de cuantos fueron procesados en la conocida como pieza política del caso. En concreto, siete años, 11 meses y un día de prisión, quedando inhabilitado para ejercer cargo público durante 19 años, seis meses y un día. Como el resto de condenados, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, que no se ha pronunciado aún.

Guerrero estaba pendiente de que el Supremo resolviera su recurso tras ser condenado a casi ocho años de cárcel

Ex alcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso y  antiguo funcionario del INEM, Guerrero reconoció cuando declaró en marzo de 2012  ante la juez que inició la instrucción del procedimiento -Mercedes Alaya, hoy magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- que sus superiores le transmitieron la indicación de que la Consejería de Empleo tenía que dotarse de un «sistema operativo» con sus propios medios para poder hacer frente de manera ágil a situaciones de crisis en empresas con elevado número de trabajadores, como había ocurrido con las jienenses Cárnicas Molina o Santana Motor. «Era una preocupación de la Junta de Andalucía el mantenimiento de la paz social», confesó.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social permaneció más de 300 días en prisión preventiva durante la fase de instrucción en dos periodos distintos: de marzo a octubre de 2012 y de marzo a junio de 2013.

Dinero para cocaína

Su antiguo conductor oficial, también imputado en la causa, reconoció ante la juez haber gastado entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero concedido a sus sociedades con cargo al fondo de reptiles para proyectos que nunca vieron la luz.

Guerrero siempre negó esa acusación del conductor, que atribuyó a una «revancha» de éste por haber pedido que lo apartaran como conductor por «incumplimiento reiterado en el trabajo» y por la forma en que «últimamente acudía vestido».