El Gobierno paralizará los desahucios a las familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros, muy probablemente el próximo martes.

El real decreto no amparará la prohibición de todos los desahucios, como pedían inicialmente en Unidas Podemos, sino solo a los que afectan a las familias más vulnerables. Tampoco se incluye la prohibición del corte de suministros en el caso de impagos puesto que de esa negociación se encargan, por parte del PSOE, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

Según han informado a EFE este miércoles fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, competente en vivienda, ambos departamentos han alcanzado este acuerdo un día después de retirarse la enmienda a los presupuestos generales que Unidas Podemos había presentado junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios hasta el 2022.

En virtud de esta medida, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna, incluidas aquellas que viven como okupas en casas de propietarios con más de una decena de viviendas o de los bancos.

En este caso, precisan fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

De hecho, las autonomías se encargarán de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna, es decir, que no podrá ser un albergue, según precisa la Vicepresidencia.

Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.

Será de aplicación también a las familias vulnerables antes del Covid

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes remarcan que la normativa no solamente afecta a aquellas personas que vayan a ser desahuciadas como consecuencia de la crisis por la pandemia, sino también a las que arrastraban esas situaciones vulnerables desde un momento anterior.

Por otro lado, la "condición de vulnerabilidad" la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio. En consecuencia, el real decreto no amparará la prohibición de todos los desahucios, como pedían inicialmente en Unidas Podemos, sino solo a los que afectan a las familias más vulnerables.