Al Gobierno no le inquietan las opiniones vertidas por algunos militares retirados respecto al Ejecutivo "socialcomunista" que supuestamente pone en peligro la unidad del país. Es más, no sólo hay "preocupación cero" en Moncloa, sino que los califican de "cadavéricos" por la provecta edad de muchos de ellos. Descartan las fuentes gubernamentales, en este sentido, que los disidentes representen el sentir generalizado de las Fuerzas Armadas, constituidas por 120.000 hombres y mujeres que se someten al poder civil y constitucional.

En todo caso, critican el eco que están encontrando en los medios de comunicación, habida cuenta de que "muchos de ellos llevan cuarenta años fuera del Ejército" y otros "son octogenarios", insisten con sarcasmo.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles al frente, sí llevó a la Fiscalía de Madrid los mensajes de un grupo de Whatsaap de militares retirados en los que se hablaba de "fusilar" a 26 millones de españoles y se hacían llamamientos golpistas.

Dichos mensajes, publicados por eldiario.es, se conocían poco después de trascender el contenido de una carta dirigida al Rey por 73 ex mandos militares del Ejército de Tierra, que, posteriormente reiteraban los mismos argumentos en una nueva misiva contra un gobierno de "comunistas y proetarras", en alusión a Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu. Cerca de la mitad de los componentes que firmaban la primera carta pertenecen a la XXIII promoción de la Academia General Militar (AGM).

Debate jurídico "interesante"

Defensa pidió a la Fiscalía que investigara la "eventual relevancia penal, en defensa de la legalidad", del chat de los militares retirados. En este sentido señalan en el Gobierno que, desde el punto de vista jurídico, "es un debate interesante", pues se debe dilucidar si se trata de unas manifestaciones hechas en un ámbito privado o si, habida cuenta de lo numeroso que era el grupo, se puede considerar su naturaleza pública y, por tanto, con consecuencias legales.

En este contexto se produjo un comunicado del jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villarroya, quien, con motivo del 42 aniversario de la Constitución apelaba a la neutralidad políticas de las Fuerzas Armadas.

«Las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad, sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares, por otra parte, con todo derecho a expresar lo que consideren», afirmaba el Jemad para quien estos militares "no pueden arrogarse un derecho de representatividad que no poseen y dañan la imagen de las FAS».