Nuevo pulso entre Madrid y Moncloa. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un auténtico obús contra la ‘ley Celaá’ y ha anunciado que elevará a 10 años la duración de los conciertos educativos en la región para eludir la controvertida reforma y dar así «mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada».

Díaz Ayuso se acoge a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación por la que las comunidades autónomas pueden elevar la duración de los conciertos de los colegios. En la Comunidad de Madrid en concreto cuentan, hasta ahora, con una duración de seis años y vencerían dentro de dos, pero Díaz Ayuso ha optado por dar «más tiempo» a las familias que quieran «seguir optando libremente a este modelo educativo», por lo que ha decidido ampliar los plazos hasta los 10 años, justo la duración de la educación obligatoria.

El ejecutivo madrileño no ha querido perder el tiempo, y el Consejo de Gobierno tramitará mañana mismo el decreto para aumentar los plazos de la duración de los conciertos educativos en la región que, de facto, blindará el actual modelo al menos hasta 2027.

La líder regional mantiene un duro enfrentamiento con el Gobierno por una ley que, defienden, implica privar de libertad de elección a las familias en la educación de sus hijos. Finalmente, el equipo jurídico de Díaz Ayuso ha encontrado el resquicio legal suficiente como para blindar su modelo educativo y tramitará el decreto de forma exprés, antes de que el Senado tramite definitivamente la ‘ley Celaá’, cuya aprobación se prevé para el próximo 23 de diciembre. En la Comunidad de Madrid, el 29% de las familias ha optado este curso escolar por la concertada, es decir, unos 370.000 alumnos.

La iniciativa de Díaz Ayuso se une a la estrategia global del PP de presentar batalla contra la nueva ley educativa. De hecho, el líder de la oposición, Pablo Casado, anunció el pasado sábado que las comunidades autónomas gobernadas por los populares (Madrid, Andalucía, Castilla y León y Galicia) adelantarían el proceso de inscripción del curso escolar 2021/2022 para evadir la aplicación de la controvertida reforma educativa. El partido ha anunciado además su presencia en las movilizaciones de la concertada previstas para este domingo 20 de diciembre.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, criticó este lunes que el PP haya decidido buscar estrategias legales para paralizar la aplicación de la nueva ley educativa y acusó al principal partido de la oposición de dar «pataletas de crío» en esta cuestión.