La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis años de prisión para el ex consejero delegado de Obrascón Huarte Lain (OHL) y cuatro años de prisión para el ex presidente madrileño Ignacio González por corrupción en la adjudicación del contrato público de construcción de la línea de transporte ferroviario Móstoles Central-Navalcarnero (Madrid). Un contrato investigado en el caso Lezo de la Audiencia Nacional.

El departamento contra la corrupción del Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación y ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra seis personas, entre ellas, además de González y López Madrid, el ex gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y el empresario con residencia en Suiza Adrián de la Joya, conseguidor de negocios para, entre otras personalidades influyentes, el comisario en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

El escrito de conclusiones provisionales que firma la fiscal Ana Cuenca y al que ha tenido acceso El Independiente describe los hechos por los que solicita que López Madrid y González se sienten en el banquillo por delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil en el primer caso y cohecho pasivo en el segundo. Considera acreditado que OHL fue la adjudicataria del contrato que previamente cedió la empresa pública de transportes MINTRA gracias al «plan ideado por los acusados López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas [consejero director general de Construcción Nacional de OHL para quien también solicita seis años de prisión] consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta».

La comisión de González y De Miguel

«Para lograr ese propósito», continúa la fiscal anticorrupción, «ambos acusados destinaron 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros- al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los acusados Ildefonso de Miguel Rodríguez -director gerente de Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2009- y Jaime Ignacio González González – presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012- a fin de que ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada Guijarro, entonces consejero delegado de MINTRA y, como tal, órgano de contratación de la entidad».

«Para ejecutar ese plan y llevar a cabo el pago de la citada comisión todos ellos contaron con la colaboración de los acusados Felicísimo Damián Ramos -director de gestión de control de OHL- y Adrián de la Joya Ruiz de Velasco -empresario con actividad en varios sectores- quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello», continúa el escrito.

«En definitiva, la actuación conjunta de los acusados en la forma que se detallará permitió que OHL destinara importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión de construcción de la línea de transporte ferroviario Móstoles Central-Navalcarnero», resume Anticorrupción.

OHL es la compañía fundada por el empresario Juan Miguel Villar Mir a quien el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción mantenía investigado en otra pieza del caso Púnica en la que se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño. Precisamente este jueves la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez archivar la investigación en dicha pieza respecto a Villar Mir porque «no ostentaba cargo ejecutivo alguno» cuando la compañía hizo, supuestamente, pagos al partido. En 2018 ya fue desimputado también en la investigación del tren de Navalcarnero del caso Lezo que se investiga en el mismo Juzgado Central de Instrucción 6.

Las penas que la Fiscalía pide imponer a cada uno de los acusados son las siguientes:

Javier López Madrid: cuatro años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años y multa de dos millones de euros por el delito de cohecho activo. Por el de falsedad documental, 2 años y seis meses de prisión y una multa diaria de 45 euros durante 9 meses.

Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas: la misma pena para los dos mismos delitos que a López Madrid.

Felicísimo Damián Ramos: cuatro años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante 8 años y multa de 1,8 millones de euros por el delito de cohecho activo y dos años y seis meses de prisión y multa diaria de 45 euros durante nueve meses por el de falsedad en documento mercantil.

Adrián de la Joya Ruiz de Velasco: tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años más multa de 1,8 millones de euros por el delito de cohecho activo.

Ildefonso de Miguel Rodríguez: cuatro años de prisión e inhabilitación durante para empleo o cargo público durante 10 años más multa de dos millones de euros por delito de cohecho pasivo.

Ignacio González González: cuatro años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años más multa de dos millones de euros por el delito de cohecho pasivo.