Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación en el juicio a los condenados por el intento independentista de septiembre y octubre de 2017 le han cortado todas las escapatorias posibles al Gobierno, que no va a tener más alternativa que esconderse detrás de la toga de la Abogacía General del Estado, -si es que a ésta se le ocurre alguna idea para justificar el indulto que el Gobierno planea- o directamente decir a los españoles que están dispuestos a someter al Rey Felipe a la suprema extorsión de firmar el decreto por el que él otorga la gracia a los presos sencillamente porque es lo que le conviene al Ejecutivo por razones políticas.

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