La libertad de información ha sido uno de los aspectos por los que también han bregado durante el 2020 los partidos que conforman el Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- y las principales formaciones de la oposición -PP y Vox-. El presidente Pedro Sánchez expresa en su tribuna para el Anuario de El Independiente que "la información no es sólo un derecho fundamental de las sociedades libres; también ella nos cuida y nos protege, también ella salva vidas". El líder socialista, criticado por su gestión de RTVE, del CIS y por haber impulsado una norma contra los bulos, defiende que en tiempos de pandemia los "periodistas y representantes públicos compartimos una tarea fundamental: dar cuenta de la gravedad de la situación, expresar el dolor de la pérdida y proporcionar información segura y fiable de las medidas que debíamos tomar", que, señala, son "las medidas que salvaron vidas".
El presidente del Gobierno llama "a las mujeres y hombres de El Independiente, y en vuestro nombre a todo el periodismo español", a que se sumen a "la tarea" de narrar cómo el Ejecutivo puso en marcha lo que Sánchez llama "un escudo social de 200.000 millones de euros, el mayor de la historia de España". Los dirigentes de la oposición inciden, por su parte, en garantizar la libertad. Señala Pablo Casado en su tribuna que "libertad es pensar lo quieras y expresarlo, porque en una democracia hay verdad y mentira, pero lo que no hay es una 'verdad oficial', impuesta desde arriba".
Se refiere, sin mencionarlo, al Procedimiento de actuación contra la desinformación que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre y que, un mes después, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma contra los bulos, conocida por la oposición como el orweliano Ministerio de la Verdad, implica en su desempeño a cuatro carteras (Defensa, Interior, Exteriores y Transformación Digital) y está coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación. El procedimiento "toma como punto de partida", según asegura el texto oficial, el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018.
Casado afirma que "en España, la primera fuente de desinformación es el Gobierno" y recalca que "irónicamente, de luchar contra la desinformación, el Gobierno de Sánchez sería el primer penado: dijo que no gobernaría con Podemos y lo hace, dijo que no pactaría con Bildu y ERC y lo hace, e incluso no está de mal recordar que también dijo que el virus ya estaba derrotado". "Es de esta desinformación de la que con más ahínco hay que protegerse", sostiene.
El bloque de la derecha ha sido especialmente crítico con este mandato, pero lo que parece no recordar Casado es que esta norma para controlar la propagación de 'fake news' desde Moncloa se asemeja a la proposición no de ley que intentó impulsar el Partido Popular cuando Mariano Rajoy era presidente. Su formación quería entonces «garantizar la veracidad de las informaciones» que se mueven por las redes sociales, para evitar «injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional de España» y calificaba a las noticias falsas de una «amenaza» para la seguridad ciudadana. La propuesta del PP en el Congreso fue rechazada por PSOE y Podemos. Los primeros la calificaron de intento de «censura»; los segundos fueron los que acuñaron el término «ministerio de la verdad» que ahora emplea el partido de Casado para atacar al proyecto que lanzó en los últimos meses de 2020 el Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo.
Quien se opone de manera más frontal en su texto para el Anuario de El Independiente a cualquier tipo de regulación de la información es el líder de Vox, Santiago Abascal, que critica que ABC, CBS, NBC e incluso Fox News interrumpiesen tras las elecciones de Estados Unidos de noviembre la intervención de Trump cuando éste trataba de convertir su derrota en un "fraude electoral". Un fraude que, tal y como certificó el Colegio Electoral de EEUU en diciembre, no existió. Abascal dice en su tribuna que "es prioritario que los medios recuperen su independencia y abandonen su labor como agencias al servicio de las élites políticas" y llama a defender una libertad de información "que haga que el Periodismo recupere su papel esencial de fomento del pluralismo y del espíritu de apertura sin los cuales no puede existir una verdadera sociedad democrática".
Sin embargo, Vox no fue especialmente crítico en un pasado cercano con la regularización de la información. En junio de 2020 el grupo parlamentario registró una "proposición de ley orgánica de regulación parcial de la verificación de noticias falsas en redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales" que fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso. El partido destacaba, según el documento publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que "urge regular la verificación de noticias falsas y no sólo en las redes sociales, blogs y sitios web en general", sino también en "la prensa impresa y digital, así como a los medios audiovisuales (radio y televisión), igualmente amparados por la garantía institucional de la 'opinión pública libre'". Su propuesta fue rechazada públicamente por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Regular o no regular. Ser rigurosos o aprovecharse de las medias verdades. Apoyarse en datos o inventarlos. Censurar o dar total libertad. Esas son las cuestiones que encienden el debate en España sobre el control de la información.
La libertad de información ha sido uno de los aspectos por los que también han bregado durante el 2020 los partidos que conforman el Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- y las principales formaciones de la oposición -PP y Vox-. El presidente Pedro Sánchez expresa en su tribuna para el Anuario de El Independiente que "la información no es sólo un derecho fundamental de las sociedades libres; también ella nos cuida y nos protege, también ella salva vidas". El líder socialista, criticado por su gestión de RTVE, del CIS y por haber impulsado una norma contra los bulos, defiende que en tiempos de pandemia los "periodistas y representantes públicos compartimos una tarea fundamental: dar cuenta de la gravedad de la situación, expresar el dolor de la pérdida y proporcionar información segura y fiable de las medidas que debíamos tomar", que, señala, son "las medidas que salvaron vidas".