Un informe del SAI ( Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil) concluye que un comandante y un capitán del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil cometieron un presunto delito de falso testimonio durante la celebración del juicio por el asesinato de Lucía Garrido celebrado en el mes de septiembre de 2019 en la Audiencia Provincial de Málaga.

En el banquillo de los acusados se sentaron dos guardias civiles, el ex compañero de Lucía Garrido, Manuel Alonso, y el presunto autor material de su asesinato Ángel Vaello, conocido como El Rana.

Sobre este último pesaba una prueba difícilmente refutable: el hallazgo de su ADN en una llave aparecida en el lugar del crimen y que, sin embargo, su defensa logró poner en duda.

Puzzle complicado

Lucía Garrido fue brutalmente asesinada el 30 de abril de 2008 en la finca de Los Naranjos ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, por autor o autores hasta ahora desconocidos. En la primera inspección ocular realizada en el lugar de los hechos se encontró, junto a otros objetos, una llave suelta que abría una de las puertas de acceso a la finca. Esa llave fue analizada aquel año por los expertos del laboratorio de Criminalística, el capitán y el comandante ahora investigados, y en aquel primer informe no se pudo determinar la existencia de ADN sobre la muestra analizada.

El caso fue archivado por falta de autor conocido un año después. No obstante, gracias al empuje de la familia de Lucía y de la AUGC de Málaga, fue reabierto en el año 2012. Dos años después, en 2014, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil entró de lleno en el caso para esclarecer las circunstancias del asesinato de Lucía, ante las sospechas de que pudiera haber agentes de la Benemérita involucrados en su muerte.

Su entrada en el caso empezó a abrir nuevas vías hasta ese momento cegadas: la finca en la que fue asesinada Lucía Garrido era una guardería de droga y también un centro de recogida de animales protegido y visitado con frecuencia por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil.

Nuevas técnicas de ADN

A finales de 2015, gracias a la evolución de las técnicas para analizar ADN, la Guardia Civil pudo resolver uno de los casos más sangrantes de la reciente historia criminal española que seguía sin autor conocido: el asesinato de Eva Blanco en la localidad madrileña de Algete. Esa misma técnica para extraer ADN se utilizó un año después para intentar sacar alguna coincidencia genética en los restos de la llave encontrada en el escenario del asesinato de Lucía. Con las nuevas técnicas empleadas, dos guardias civiles distintos de los que realizaron el primer informe introdujeron los nuevos datos en el ordenador y este determinó que los restos genéticos encontrados en la llave pertenecían a Ángel Vaello, El Rana. El perfil genético de Vaello figuraba en la base de datos de ADN, porque la policía lo había introducido años atrás al haber recogido muestras a raíz de un robo.

Con la presunta prueba del ADN y gracias al avance de la investigación por otros caminos, el SAI detuvo a Ángel Vaello y le acusó de ser el presunto autor material del asesinato de Lucía. También detuvo a dos guardias civiles vinculados con él y con un grupo delincuencial de la zona conocidos como Los Niños de Fuengirola. Los tres -junto con la expareja de Lucía- acabaron sentados en el banquillo de los acusados.

Declaración sorpresiva

Pero la gran sorpresa saltó en una de las últimas sesiones del juicio. Los peritos del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil habían sido citados para ratificar las pruebas de ADN que habían puesto el nombre de Vaello a los restos genéticos encontrados en la llave. Por dificultades con la conexión telemática, los primeros en declarar fueron los peritos que realizaron el segundo informe. Y se ratificaron en el mismo, es decir, con las nuevas técnicas de obtención de ADN el reanálisis había encontrado coincidencias con el perfil genético de Vaello.

Luego declararon los peritos del primer informe. Y su declaración levantó de su silla al fiscal anticorrupción Valentín Bueno. El capitán y el comandante declararon que ellos habían consumido todas las muestras recogidas en la llave, que no se encontró ADN, que ignoraban o no sabían si se guardaron restos genéticos no analizados, que sólo se responsabilizan de su primer informe. Es decir, con su declaración sembraron demasiadas dudas en el tribunal sobre la legalidad del segundo informe.

La defensa vio en ello una buena baza para sostener que el segundo informe no tenía base científica o simplemente que había sido inventado. El fiscal pidió entonces la suspensión del juicio hasta que se aclarara todo el asunto del ADN, que era muy grave. Unos peritos de la Guardia Civil ponían en duda a otros peritos de la Guardia Civil, todos del mismo laboratorio. La presidenta del tribunal decidió seguir adelante y no detener el juicio.

Al día siguiente, el teniente coronel jefe del Laboratorio de Criminalística emitió un comunicado en el que se aseguraba que las muestras sobrantes del primer informe -las que no se analizaron- se conservaron en un frigorífico a menos 80 grados y que fueron las que años después se volvieron a reanalizar dando como resultado el perfil genético de Vaello. Pero la suerte ya estaba echada. El jurado no consideró probadas por mayoría suficiente las pruebas de ADN que incriminaban a Ángel Vaello. Finalmente todos los acusados resultaron absueltos.

Nada más acabar el juicio, el fiscal Anticorrupción ordenó a Asuntos Internos de la Guardia Civil abrir una investigación para saber las causas por las que los dos altos mandos del Instituto armado habían puesto en entredicho a sus compañeros del Laboratorio y a los del propio Servicio de Asuntos Internos.

Esa investigación ya ha llegado a su fin. La Fiscalía Anticorrupción la recibió hace días. No hay indicios de que los mandos se lucraran u obtuvieran algún beneficio económico o de otro tipo. Pero el informe concluye que hubo falso testimonio. El porqué de su declaración sigue siendo un misterio. En los próximos días la Fiscalía tomará una resolución. Y no se descarta la imputación de los dos altos mandos.

Un juicio que tendrá que repetirse

El pasado mes de febrero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetir el juicio por el asesinato de Lucía Garrido, al encontrar «un defecto insubsanable» que determina su nulidad. Se dio por bueno un veredicto de no culpabilidad sin alcanzar las mayorías necesarias.

El Tribunal afirma que el veredicto debió de devolverse al jurado hasta alcanzar las mayorías legales, 7 votos a favor, dos en contra, en caso de culpabilidad, o cinco, cuatro, en el caso de no culpabilidad. En caso de ser imposible que el jurado se pusiera de acuerdo, entonces la presidenta debería haberlo disuelto y convocar un nuevo jurado.

La presidenta del Tribunal dio por bueno un veredicto, que no se ajustaba a la legalidad. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetir el juicio sólo para dos de los acusados, el presunto autor material del asesinato, Ángel Vaello, y el ex compañero de Lucía, Manuel Alonso, dejando absueltos a los dos guardias civiles.

Se da la circunstancia extraña de que el portavoz del jurado denunció en Sala que en la deliberación los miembros del jurado se habían sentido presionados por un componente del mismo.

La decisión del TSJA de repetir el juicio fue recurrida por uno de los acusados ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

Un caso plagado de irregularidades

Los miembros del SAI que testificaron en el juicio de Lucía Garrido definieron este caso como «el paradigma de la corrupción policial». La primera investigación realizada por la policía judicial de la Comandancia de Málaga adoleció de graves defectos y cometió errores de libro, como no pedir el registro de los móviles conectados a la antena más cercana del lugar del crimen. Muchas de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez ni tan siquiera se analizaron y otras se etiquetaron como «sin interés policial» a pesar de que en ellas se hablaba de delitos.

Un año después del asesinato de Lucía se produjo en la misma finca la muerte de dos colombianos por disparos realizados por el ex compañero de Lucía. El caso se archivó alegando legítima defensa por tratarse aparentemente de un robo, aunque a día de hoy la Audiencia ha ordenado la apertura de juicio oral y ha cuestionado la actuación de Manuel Alonso.

Un año después, en 2010, el teniente de la Guardia Civil encargado de las dos investigaciones fue detenido por pertenencia a un grupo organizado criminal y acusado de narcotráfico junto con el excompañero de Lucía, Manuel Alonso.

A tanta adversidad hay que hay que añadir la pérdida de pruebas fundamentales que nunca llegaron al juzgado, como el listado de llamadas de Manuel Alonso, en el mes de abril de 2008.

También hay que contabilizar el asesinato de dos testigos protegidos, ambos colombianos, uno producido en la localidad malagueña de Mijas en el año 2015 y otro en Colombia en el año 2019. Y otro hecho insólito: la apertura de un expediente a 12 guardias civiles por haber intentado averiguar la identidad de los miembros del Servicio de Asuntos Internos encargados de la investigación del asesinato de Lucía.