La Secretaría de Servicios Penitenciarios de la Generalitat ha confirmado hoy el tercer grado para los condenados a prisiones de cárcel por el referéndum independentista del 1-O. Todos menos Carme Forcadell -pendiente de PCR por contacto con un positivo- podrán abandonar la prisión a partir de mañana para ir a trabajar, realizar voluntariado y, también, participar en actos de campaña. Deberán volver a dormir a prisión de lunes a jueves, y a partir del viernes pasar el fin de semana en sus casas.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, como el resto de los condenados, podrá incorporarse a sí a los actos de campaña de su partido, que y confiaba en poder incluir a sus dirigentes condenados en la campaña gracias a los permisos penitenciarios. Junqueras cumple la cuarta parte de la condena la próxima semana.
El Departamento de Justicia que comanda la republicana Ester Capella avala así la medida propuesta por las juntas de tratamiento de las prisiones. La Fiscalía puede recurrir ahora esta decisión, como ya sucedió el pasado verano. El Tribunal Supremo tendrá entonces la última palabra sobre la situación penitenciaria de los condenados.
Incorporación a la campaña
La decisión se anuncia el día de inicio de la campaña electoral, que arranca esta media noche. Y sus beneficiarios podrán abandonar las prisiones de Lledoners y Puig de les Basses a partir de este viernes a las once de mañana. Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassas se incorporarán a partir de ese momento a la campaña de Esquerra.
También abandonarán la prisión el número dos de JxCat, Jordi Sánchez, que podrá participar en la campaña de su partido junto a los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull.
Cataluña inicia hoy la campaña electoral que el Govern intentó posponer por los efectos de la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sin embargo, suspendió el decreto de prórroga tras atender los recursos de un particular y dos partidos, lo que ha obligado a retomar el calendario electoral.
Respuesta al Tribunal Supremo
La decisión de la Generalitat llega apenas un mes después de que el Tribunal Supremo decidiera revocar el tercer grado a los condenados por el 1-O, atendiendo a un recurso de la Fiscalía. Los condenados seguían en prisión sin acceder a la semilibertad a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera al respecto tras los recursos presentados por la Fiscalía contra la decisión del departamento de Justicia de la Generalitat.
La Sala Segunda señaló entonces que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.
Servicios Penitenciarios de la Generalitat defiende ahora que, cumplida la cuarta parte de la condena, la medida está justificada. Justicia concedió el tercer grado en la primera revisión de la situación penitenciaria de los presos, cuando llevaban seis meses de cumplimiento efectivo de pena, a los que se sumaba los dos de prisión preventiva durante el juicio. Y ha repetido propuesta en la segunda revisión de las juntas de tratamiento.
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