El ex ministro de Justicia popular Rafael Catalá niega haber tenido nada que ver con los contactos mantenidos entre 2017 y 2019 entre el abogado del Partido Popular Jesús Santos y Agustín De Diego. Este último, amigo íntimo de Luis Bárcenas, habría actuado como intermediario del ex tesorero de la formación para tratar de mejorar su situación procesal y la de su esposa, Rosalía Iglesias, puesto que su implicación en distintas piezas del caso Gürtel les conducían a prisión, como finalmente ha sucedido tras sentencia firme del Tribunal Supremo.

Según publicaron este lunes El Mundo y El Confidencial, el representante legal del PP, Santos, habría mantenido hasta 12 reuniones con el amigo de Bárcenas después de que, en 2017, el actual consejero de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia en la Junta directiva del PP Enrique López -por aquellas fechas magistrado de la Audiencia Nacional- facilitara el contacto.

Tras la publicación de dichas informaciones, fuentes de la dirección nacional del PP han afirmado a El Mundo que «nunca trataron este asunto con Santos ni le autorizaron a mantener estos contactos». A pesar de que el reputado letrado (que fue teniente fiscal de la Audiencia Nacional) ejerce la defensa del PP en el juicio que acaba de empezar para determinar si la sede central de dicho partido se pagó con cargo a su caja B, fuentes del partido tratan de desvincularse de él afirmando que fue contratado por el Gobierno de Rajoy y pertenece a un bufete externo. Las mencionadas fuentes señalan a Catalá como conocedor de los contactos.

«El PP no podía parar ninguna sentencia»

El Independiente se ha puesto en contacto con el ex ministro Catalá, quien asegura que «nunca autorizó ninguna conversación con nadie». Aún así, quiere dejar claro que «el PP no tenía capacidad para parar ninguna sentencia condenatoria contra nadie, cualquiera que conozca el sistema de Justicia español lo sabe» y, como prueba de ello, señala la sentencia de Gürtel que condenó al partido como partícipe a título lucrativo de un sistema de corrupción establecido entre Francisco Correa y políticos del PP en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid) para la que Bárcenas fue clave, según dictó la Audiencia Nacional y confirmó el Tribunal Supremo condenándole a 29 años de prisión.

Una sentencia que, recuerda Catalá, provocó la moción de censura y «la salida de Rajoy del Gobierno». Incide en que las últimas reuniones, según se ha publicado, se produjeron en 2019, cuando el PP ni siquiera estaba en el Gobierno y la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ya estaba fuera de la política. Repara, además, en que las reuniones entre abogados son una práctica absolutamente normal.

«Mano de hierro» de Cospedal

Por las fechas en que comenzaron los contactos, reconocidos por las partes implicadas -aunque Santos asegura que sólo escuchó a De Diego, informó al PP de sus contactos y nunca le ayudó en las intenciones últimas de Bárcenas- la entonces secretaria general del PP controlaba con «mano de hierro» los asuntos relacionados con el ex tesorero, según trasladan las fuentes consultadas por este diario.

De ahí que señalen que Santos debió transmitir al responsable jurídico del partido, Alberto Durán, la petición del amigo de Bárcenas para que se reuniera directamente con el ex tesorero. El partido denegó tal propuesta en la línea de distanciamiento establecida por la ex secretaria general.

La defensa de Bárcenas niega querer un «circo»

Este martes, cuando ha tenido lugar la segunda sesión del juicio por la reforma de la sede del PP dedicada a las cuestiones previas, Santos ha sido preguntado por los medios a las puertas de la Audiencia Nacional sobre quién puede haber filtrado la existencia de dichas reuniones, apuntando el abogado a la defensa de Bárcenas.

El nuevo abogado del ex tesorero del PP, Gustavo Galán, ha negado este martes en Sala querer hacer un «circo mediático», como le reprochó el representante legal del PP, Santos, por pedir al Tribunal un careo entre el ex presidente Mariano Rajoy y Bárcenas en caso de que se den contradicciones en sus afirmaciones sobre el cobro de sobresueldos con cargo a la caja B cuando el primero declare como testigo.

En este sentido, el fiscal Antonio Romeral ha considerado al finalizar las cuestiones previas que todavía es «prematuro» posicionarse a favor o en contra de dicho careo en el juicio y el Tribunal decidirá sobre su procedencia por escrito.