España

La defensa de Bárcenas plantea un careo con Rajoy al tribunal de la 'caja B'

La defensa del Partido Popular, en el banquillo como responsable civil subsidiario, pide que no declaren como testigos los políticos solicitados por las acusaciones populares y que éstas limiten sus escritos a los delitos por los que acusan Fiscalía y Abogacía del Estado

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional durante el juicio de la 'caja B'

El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha planteado al tribunal de la caja B ante el que se sienta desde este lunes el ex tesorero del Partido Popular y los arquitectos que reformaron la sede central del partido presuntamente con dinero negro procedente de donaciones de empresarios que, si lo considera oportuno, ordene un careo entre el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Bárcenas.

Considera la defensa del ex tesorero que dicha prueba durante el juicio permitiría despejar la contradicción entre la confesión de Bárcenas sobre que Rajoy cobró sobresueldos con cargo a la caja B o contabilidad irregular del partido engordada con donaciones de empresarios y la negación del ex presidente del Gobierno y del PP de que lo hiciera. El letrado ha dejado abierta la posibilidad de este cara a cara entre ambos además de la declaración testifical de Rajoy en el juicio, que ya han solicitado otras acusaciones.

El tribunal tendrá que decidir sobre todas las pruebas propuestas por las partes tras la sesión de cuestiones previas del juicio que tiene lugar este lunes en la Audiencia Nacional.

La grabación de Lapuerta

Galán también ha propuesto a los tribunales la testifical del detective y escritor Francisco Marco. Él es la «persona» que recogió la grabación del ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, describiendo cómo altos cargos de dicho partido, entre ellos Rajoy, supuestamente cobraron sobresueldos con cargo a la caja B a la que Bárcenas se refirió en el escrito presentado la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción.

Para constatar la veracidad de dicha grabación, la defensa de Bárcenas propone citar como testigos a Marco, al ahora director del periódico digital Okdiario Eduardo Inda, puesto que según el abogado también escuchó la grabación de ocho minutos, y a los periodistas Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal que escribieron sendos libros en los que se recogió la versión de Bárcenas sobre la existencia de dicha grabación.

Dice que no quiere «un circo»

La defensa de Bárcenas -para el que la Fiscalía pide cinco años de prisión en esta causa por los presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y de apropiación indebida- ha dicho en la sesión de cuestiones previas que su intención no es montar «un circo» de este juicio, pero considera que tales testificales son necesarias porque se cuestiona la «credibilidad» de Bárcenas.

«Si quieren que colabore con la Justicia resultaría paradójico que se le prive de esta serie de pruebas porque surgen en el ambiente de la esfera de la privacidad», ha alegado el letrado, quien también ha negado que Bárcenas haya expuesto «distinas versiones de los hechos». Las versiones válidas, ha afirmado, son «las que se recogen en sede judicial. Su declaración fue la que prestó en julio de 2013 [ante el primer instructor de Gürtel] y en esta Sala [durante el juicio de la primera época de Gürtel]». «Entonces se le fueron preguntando cuestiones que afectaban a este asunto [el de los sobresueldos con cargo a pagos en B] y dijo ‘no respondo, entiendo que corresponden a otra pieza’ porque consideraba que debía ser objeto de conocimiento en otra pieza diferente, la que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5».

El fiscal recuerda que hay otra investigación

El abogado se refiere a la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para ver si las donaciones que empresarios hicieron al PP y que éste no declaró fueron «finalistas». Es decir, si eran a cambio de adjudicaciones públicas de administraciones en las que gobernara el PP. Bárcenas se mostró dispuesto en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción a dar más información sobre estas donaciones «finalistas» y los contratos con los que podrían haberse premiado.

El fiscal Antonio Romeral que interviene en el juicio de la caja B que arranca este lunes ha recordado que este hecho no es objeto de esta causa, sino de la que investiga el juez Pedraz, aunque sirve para comprender la dinámica que llevó a los hechos juzgados en esta causa, el pago de la reforma de la sede del PP con cargo a la caja B. «Una cosa es que la Fiscalía lo incluya en sus escritos y otra cosa es que sea objeto de enjuiciamiento», aclaró el representante del Ministerio Público.

El PP pide que no se convierta en «circo»

El Partido Popular, que se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario para responder económicamente por los delitos contra Hacienda cometidos por los acusados Bárcenas, Páez y los socios de Unifica en caso de que sean condenados y no paguen, ha pedido que se eliminen las testificales de los políticos que proponen las acusaciones populares.

El representante legal del partido, Jesús Santos, ha dicho que el juicio no debería convertirse en un «circo mediático» o un «campo de batalla», y para ello pide que se anulen las declaraciones de testigos políticos propuestos por las acusaciones populares y que «se expulsen la totalidad de los escritos de acusación presentados por las acusaciones para que presenten un nuevo escrito o que se adhieran al escrito de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que ha delimitado los hechos de este juicio». La Fiscalía pide que se juzgue a Bárcenas, Páez y los socios de Unifica por la utilización de 880.000 euros de la caja B para reformar la sede del partido y el fraude que habría supuesto no haber declarado hasta el 10% de dicha reforma. Pide que se les juzgue por falsedad y delito contra la Hacienda Pública. En caso de Bárcenas, también por apropiación indebida como cooperador necesario de una actuación de su antecesor, Álvaro Lapuerta: la compra de acciones del medio Libertad Digital por valor de más de 200.000 euros.

Santos ha cargado contra las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, Observatori de Drets Humans (DESC), ADADE, Pablo Nieto y Ángel Luna, afirmando que hacen una «instrumentalización política del procedimiento penal» y acusan por hechos que el auto de procedimiento abreviado declara sobreseídos por falta de indicios».

Ha repasado la vinculación de todas con partidos políticos rivales del PP y les ha afeado que acusen por delitos como asociación ilícita, organización criminal o tráfico de influencias «sin mencionar ni a un solo político que las permitiera».

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