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El juicio de la 'caja B', escenario del ajuste de cuentas de Bárcenas con el PP

En el banquillo se sientan el ex tesorero 'popular', su número dos y los socios de la empresa Unifica que reformó la sede del partido supuestamente con dinero negro | Mariano Rajoy, José María Aznar y María Dolores de Cospedal declararán como testigos

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El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. EUROPA PRESS

Rosalía Iglesias entró en prisión para cumplir con la condena a 12 años y 11 meses de prisión de la sentencia firme de Gürtel el pasado 8 de noviembre. Entonces, sonaron tambores de guerra. Quienes han mantenido contacto con su esposo, Luis Bárcenas, en los últimos años siempre vieron en la pérdida de libertad de ella la línea roja para que él largara contra el Partido Popular.

Pasaban los meses y aquel runrún no parecía llegar. Pero el ex gerente del PP durante las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy ha elegido el momento preciso para vengarse de quienes considera le dejaron en la estacada, cargando con la responsabilidad de la existencia de una financiación irregular, una caja B, de la que Rajoy «era perfecto conocedor», afirmó en un escrito dirigido la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción.

Bárcenas saca la artillería -de momento mediática, habrá que ver si también documental- cuando comienza el juicio de la caja B del PP en el que se juzga la presunta irregularidad fiscal acordada en 2008 entre él mismo, el ex gerente del PP Cristóbal Páez y los socios de la empresa de arquitectura Unifica para que éstos cobraran con dinero negro la reforma de la sede central del PP de la céntrica calle Génova de Madrid, ahorrándose el partido casi un 10% de los 880.000 euros que costó la obra y que no se declaró supuestamente a Hacienda.

También se juzgará el conocimiento que tuvo Bárcenas de que su antecesor en el cargo, el ex tesorero Álvaro Lapuerta (que estaba acusado pero falleció) se habría embolsado más de 200.000 euros supuestamente dispuestos por el partido de su contabilidad ilegal para comprar acciones del medio Libertad Digital. Por último, las acusaciones populares (que no la Fiscalía) piden que se juzga el delito contra Hacienda por el dinero que el PP (por la actuación de Bárcenas) habría dejado de ingresar al erario público tras percibir, supuestamente, más de un millón de euros de donaciones de empresarios que no se declararon. El Tribunal debe decidir si acota los hechos que se sometan a juicio al escrito de acusación de la Fiscalía.

Los acusados

Así, los hechos que se llevan al plenario de la Audiencia Nacional con Bárcenas, Páez y los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García como acusados son acotados, pero necesarios para demostrar que el dinero mencionado y no declarado por el partido procedía de una caja B nutrida con donaciones de empresarios -en ocasiones millonarias- no declaradas que el ex tesorero recogió en su contabilidad paralela, los famosos apuntes en sus papeles que dieron origen a la causa.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Bárcenas por los delitos de falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y apropiación indebida como inductor y cooperador necesario. Para Páez, un año y siete meses como cómplice del delito de falsedad y contra la Hacienda Pública; para Urquijo y García, 3 años y 10 meses de cárcel por los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

El Partido Popular, por su parte, se juega en este juicio ser condenado por segunda vez (la sentencia de Gürtel Época I fue la primera) como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Bárcenas y Páez presuntamente en su beneficio.

Los testigos

La importancia que este juicio tiene para las cinco acusaciones populares -entre ellas las ejercidas por el partido político Izquierda Unida, Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)- es la de apuntalar la existencia y funcionamiento de una caja B en el Partido Popular que se nutrió de donaciones de empresarios a lo largo del tiempo y que habría servido para pagar distintas cosas, entre ellas la reforma de la sede central o sobresueldos a altos cargos como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, según describen en sus escritos de acusaciones.

Aunque estos dos últimos puntos no vayan a ser juzgados, están recogidos en el auto de apertura de juicio oral que el instructor José de la Mata dictó en el año 2015 como una operativa institucionalizada en el PP y que llevó a la comisión de los hechos delictivos concretos que se debaten en el juicio. Un relato en el que se menciona a los empresarios que hicieron donaciones al partido que éste no declaró (algunos de ellos también citados como testigos) o todos los altos cargos que supuestamente recibieron sobresueldos con cargo a dicha caja B. Entre ellos, las acusaciones sitúan a los ex presidentes del partido José María Aznar y Mariano Rajoy; a los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos o al ex vicepresidente Rodrigo Rato, que también están citados a declarar como testigos en el juicio que comienza este lunes y se prolongará hasta mayo.

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Bárcenas describe una dinámica de tres décadas

Precisamente en el escrito que Bárcenas remitió a la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, avanzó su confesión como acusado en el juicio y, con el reconocimiento de los hechos, vino a apuntalar la tesis de las acusaciones y del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El auto de apertura de juicio oral de la causa expone que «de lo instruido aparece indiciariamente acreditada la llevanza por parte del imputado Luis Bárcenas, prevaliéndose al efecto de sus cargos de gerente y tesorero de la formación política Partido Popular (PP) -puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009- junto con el imputado Álvaro de Lapuerta Quintero (quien fuera tesorero del Partido Popular desde el año 1993 hasta el año 2008) de una contabilidad paralela o caja B del referido partido político entre los años 1990 a 2008 que se habría nutrido de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, habría sido destinada, al menos, a los siguientes fines: al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; pago de gastos generados en campañas electorales; pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad; así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido, en los términos que posteriormente se concretarán».

Bárcenas confesó en su escrito estos puntos y fue más allá. Dijo que dicha contabilidad se inició en 1982, con la presidencia de Manuel Fraga en Alianza Popular, germen del PP, así como afirmó que las donaciones de los empresarios en ocasiones eran «finalistas». Es decir, que los donantes de dinero al partido buscaban recibir a cambio adjudicaciones públicas de administraciones al frente de las que se encontraba el PP.

Precisamente el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional investiga en otra causa relativa a la caja B los contratos adjudicados en el Gobierno de Aznar para ver si fueron a cambio de donaciones, y ya ha recibido un escrito del fiscal solicitando que Bárcenas declare tras presentar su confesión.

El juicio que arranca este lunes ante los magistrados que componen el tribunal María Fernanda García, José Antonio Mora y Fernando Andreu, se presenta así como un escenario en que el ex tesorero popular puede abrir la ventana no sólo a una segunda condena contra el PP como responsable civil subsidiario, sino también a dar alas a la investigación sobre las adjudicaciones públicas que acaba de arrancar en el Juzgado Central de Instrucción 5. Este domingo, en una entrevista concedida a El Mundo, Bárcenas aseguraba que ha estado en contacto con personas muy próximas a la cúpula del PP actual para negociar que «enterrara el hacha de guerra». Pero, según dice, rechazó el trato, así que todas las miradas están puestas en sus comparecencias, tanto en el juicio de la caja B como ante el juez Pedraz.

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