La Fiscalía de Madrid insiste en que debe continuar la investigación contra el partido político Podemos sobre el contrato que firmó con la consultora mexicana Neurona para que realizara supuestamente trabajos para la campaña electoral de 2019 pero que, a día de hoy, no han quedado acreditados.

El partido destinó más de 360.000 euros de fondos electorales al contrato con dicha compañía y el Ministerio Público considera que fue ficticio, por lo que sigue dando validez a la denuncia inicial del abogado expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, en el que apuntó a una presunta financiación irregular de la formación de Pablo Iglesias a través de la contratación de dicha compañía mexicana cuyo dueño tenía relación con el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, al que Calvente apuntó como supuesto comisionista del contrato.

A raíz de dicha denuncia, el juez Juan José Escalonilla inició una investigación contra el partido como persona jurídica y contra varios miembros de su cúpula, entre ellos el ex director de campañas, la ex gerente y el ex tesorero.

Podemos no facilita «información de fácil acceso»

En diciembre, el instructor dictó una providencia en la que pedía a la Junta Electoral de Madrid que «informe sobre la identidad del administrador electoral designado por la coalición electoral Unidas Podemos-Izquierda Unida, así como la cuenta o cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos” en las elecciones del 26 de mayo de 2019.

El partido ha recurrido dicha decisión y la Fiscalía ha impugnado dicho recurso. Afirma que «el principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral como se ha venido reiteradamente exponiendo a lo largo de este procedimiento».

En este sentido, insisten en que «el hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación» y que «los hechos puestos de manifiesto en la denuncia en relación a Neurona así como en la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas no han sido desvirtuados a día de hoy y tras la práctica de diligencias». «Y todo ello, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo así como dónde se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada».